Diputados presentaron un proyecto de ley que apunta a regular el manejo responsable de las baterías de vehículos eléctricos, en línea con los avances hacia un transporte más sostenible. Foto: Ilustrativa/NM
Buscan prevenir contaminación mediante ley sobre gestión de baterías eléctricas
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Los diputados Jorge Barressi (ANR–San Pedro), Christian Brunaga (ANR–Itapúa) y Liz Acosta (ANR–Alto Paraná) presentaron ante la Cámara Baja el proyecto de ley “De gestión integral de baterías de vehículos eléctricos”, una propuesta que busca regular el tratamiento y disposición final de estos componentes, considerados altamente contaminantes si no son gestionados adecuadamente.
La iniciativa pretende abordar uno de los principales desafíos ambientales que acompañan la transición hacia un transporte más sostenible en Paraguay: la gestión responsable de las baterías al término de su vida útil. Estas contienen elementos peligrosos como litio, níquel y cobalto, los cuales pueden causar daños significativos al suelo, al agua y a la salud pública en caso de manejo inadecuado.
De acuerdo con la exposición de motivos, el crecimiento del parque automotor eléctrico en el país genera un nuevo reto ambiental, que requiere una respuesta normativa integral para evitar futuros impactos. “Si no son tratadas adecuadamente, estas baterías pueden generar graves consecuencias ambientales y sanitarias”, señala el documento presentado por los legisladores.
El proyecto busca establecer un marco regulatorio para la recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición final de las baterías de vehículos eléctricos, incorporando mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad. Asimismo, propone la responsabilidad compartida entre productores, importadores, distribuidores y usuarios finales.
Los proyectistas sostienen que la propuesta se complementa con leyes existentes, como la Ley N.º 6925/22 “De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en Paraguay” y la Ley N.º 3956/2009 “De Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, fortaleciendo así el marco jurídico ambiental nacional.
Con esta normativa, Paraguay busca anticiparse a los desafíos ecológicos que acompañan la expansión del transporte eléctrico, consolidando una visión de sostenibilidad y economía circular, donde el desarrollo tecnológico vaya de la mano con la protección del ambiente y la salud de la población.
Verifican obras destinadas a la primera infancia en Benjamín Aceval
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La diputada María Ida Cattebeke acompañó este miércoles la verificación de obras destinadas a la primera infancia en la ciudad de Benjamín Aceval (Presidente Hayes). El proyecto está coordinado por el despacho de la primera dama de la Nación.
Fueron verificadas obras del programa “Semillas del Futuro”, que contempla la construcción de espacios de atención integral para niños en los 17 departamentos del país.
La legisladora colorada y otras autoridades locales y nacionales, durante la visita, compartieron con las familias beneficiarias para reafirmar el compromiso del Gobierno con el desarrollo y cuidado de la primera infancia en la región del Bajo Chaco, según comentó.
En su carácter de representante departamental, la congresista acompañó el recorrido y destacó la importancia de articular esfuerzos para acercar servicios y políticas públicas a las comunidades del interior.
Se anuncia una serie de visitas que tienen por objetivo garantizar que las infraestructuras de cuidado infantil avancen según el cronograma establecido para el presente año.
Cattebeke comentó que desde el inicio de su labor legislativa, viene impulsando iniciativas orientadas al desarrollo social y al fortalecimiento de la presencia estatal en el décimo quinto departamento.
Diputados aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina
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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.
El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.
Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.
“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.
Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.
También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.
El Senado postergó tratar reforma de la Caja Fiscal para el 25 de marzo
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La Cámara Alta pospuso hasta el 25 de marzo el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que tiene sanción de Diputados. El objetivo es seguir afinando los puntos divergentes con los gremios de docentes, policías y militares.
El pedido de postergación fue realizado por el líder del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, y fue acompañado de manera unánime por la plenaria. La decisión fue tomada en medio de movilizaciones a nivel país por parte de los gremios afectados, principalmente el sector de los docentes, que se concentró en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El aplazamiento surgió tras una reunión mantenida entre senadores del oficialismo colorado y el vicepresidente Pedro Alliana, quien fue el portavoz del mensaje del Ejecutivo, que busca lograr el mayor consenso posible sobre la Caja Fiscal, cuyos números rojos significaron el año pasado un déficit de 380 millones de dólares.
Habida cuenta que se conformará una mesa técnica, los senadores coinciden que se introducirán nuevas modificaciones a la iniciativa. Incluso ya se anunció desde la Comisión de Presupuesto del Senado, liderada por Silvio Ovelar, que se plantearán algunos ajustes al documento.
CAJA PARLAMENTARIA
Los senadores también decidieron aplazar para dicha fecha el estudio de la propuesta que plantea la modificación de la Ley n.º 6112/2018 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación. El proyecto también ya cuenta con media sanción de Diputados y entre los puntos clave aprobados se establece textualmente una prohibición de que sea el Estado quien fondee la Caja Parlamentaria. La propuesta también eleva la edad mínima de jubilación, quedando en 55 años de forma extraordinaria, y 60 años de manera ordinaria.
La Caja Parlamentaria estará sostenida por el aporte de los activos, el aporte de los jubilados, los préstamos que pueda otorgar, y los certificados de depósito de ahorro que tienen hoy las cámaras legislativas.
Referente a los plazos, las jubilaciones serán después de haberse cumplido 15 años, como mínimo. Con relación a los herederos de los parlamentarios fallecidos, el proyecto de ley estipula que queda como beneficiario solamente el cónyuge, ya no así los hijos. Acerca del monto hubo una variación, ya que del 40 %, pasarían a recibir el 25 %. La propuesta con media sanción establece que el fondo de jubilaciones y pensiones será de carácter exclusivo para legisladores en ejercicio y para aquellos parlamentarios ya jubilados que continúan realizando aportes al sistema.
“Hay que llegar a un punto intermedio”
NATALICIO CHASE - Senador colorado
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que la postergación del tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal fue un consenso entre todos los sectores involucrados. Refirió que se cuenta con más de un mes para seguir con el diálogo para llegar a un punto intermedio.
Lo que pesó para tomar la decisión de postergar el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, explicó el legislador fue “la conversación que hubo ayer con los gremios principalmente, y la falta de llegar a últimos acuerdos en la conversación que se tuvo esta mañana con los mismos que fue dirigida por Silvio Ovelar, con los docentes principalmente y como no había todos los datos para tomar la última decisión, se decidió (la postergación)”, según dijo en conversación con los medios al salir de la sala de sesiones luego de llevar adelante la postergación.
Alliana anuncia conformación de una mesa técnica
Los maestros se movilizaron en masa en Asunción
El vicepresidente de la República destacó el diálogo y la capacidad de hallar consenso con los sectores afectados.
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, acudió ayer al Congreso para anunciar el pedido del Ejecutivo por la postergación y anunció la conformación de una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar las modificaciones.
“Acabo de comunicar que nosotros vamos a acompañar el pedido de aplazamiento, por una semana o por 15 días. Se va a seguir conversando, así como ya se reunieron en 19 oportunidades, yo creo que esta una semana o quince días va a servir para seguir ajustando detalles. Lo importante es que podamos sacar lo antes posible”, dijo el vicepresidente en conferencia con los medios, en la previa de que los senadores votaran por aplazar el estudio del proyecto hasta el 25 de marzo.
Alliana afirmó que se seguirá conversando con todos los sectores para cumplir con gran parte de los reclamos. “Acá lo importante es el trabajo que viene realizando el Ministerio de Economía y el pedido de los parlamentarios, los senadores que escucharon a todos los sectores, y algunos reclamos que creemos que podemos conceder. Venimos a acompañar esto para seguir ajustando con el Ministerio de Economía”, expresó.
“Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para ver hasta dónde podemos llegar con esos pedidos, que no afecte realmente al proyecto en general, o realmente a la transformación que se puede hacer en la caja”, explicó, puntualizando que tanto la ciudadanía como los propios afectados están de acuerdo con que se deben realizar los cambios en el sistema de jubilaciones del sector estatal.
Buscan instalar una mesa de trabajo sobre uso de tecnología en las aulas
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El diputado José Rodríguez propone la instalación de una mesa de trabajo conjunta con senadores para analizar en comisión el proyecto de ley que prohíbeel uso de celulares en las instituciones educativas.
El legislador colorado es el impulsor de la citada propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y deberá ser analizada en el Senado.
Según el proyectista, la idea es lograr consensuar objetivos y lineamientos con un documento similar al que fue presentado por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias.
Se pretende establecer una instancia de diálogo y acompañar el tratamiento, conforme expuso en su presentación.
“La idea es proporcionar la información técnica y comparada necesaria a fin de garantizar una aprobación responsable, teniendo en cuenta la relevancia de esta normativa para la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, indicó.
El parlamentario recordó que la iniciativa surgió como respuesta a una creciente preocupación por el uso indiscriminado y sin control de dispositivos electrónicos en el ámbito escolar, que impacta negativamente en el proceso de aprendizaje y en la salud emocional de los estudiantes.
“Nuestros niños tienen que volver a tener la educación de antes, en la que se enfocaba más en la lectura, la interacción, los juegos didácticos y el respeto a la tecnología. No me parece apropiado que los niños pierdan la concentración debido al uso excesivo de celulares”, subrayó.
Con base en la experiencia de otros países, como Brasil, el proyecto plantea una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales dentro de las instituciones educativas, aunque se establecen excepciones estrictamente reguladas.
El propósito es asegurar un entorno educativo seguro, saludable y enfocado en el desarrollo académico, social y emocional.