El recurso de apelación general presentado por uno de los procesados en el caso de corrupción pública conocido como Tajy, junto con el destituido exintendente esteño Miguel Prieto, no tuvo trámite en el Tribunal de Apelación y se da vía libre para que el juez Humberto Otazú convoque a la audiencia preliminar.
La apelación general fue presentada por la defensa de Cirle Alcaraz, encargada de órdenes de pago de la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto, contra la resolución judicial que rechazó la recusación contra el juez Otazú. Con el rechazo de esta chicana, el magistrado fue confirmado en la causa.
Además del exintendente y Alcaraz, la causa involucra a Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna esteña; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero municipal; entre otros, quienes están imputados por lesión de confianza y administración en provecho propio, ambos en calidad de cómplices, así como por asociación criminal, en calidad de coautores.
La Fiscalía sostiene que el 11 de junio de 2020 se efectuó un pago irregular por un monto de G. 306.188.500 a favor de la firma proveedora “Tajy”, por mercaderías que no fueron entregadas, constituyendo así un hecho de corrupción y perjuicio al Estado.
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Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.
La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.
En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.
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Fijan para el 6 de noviembre la audiencia preliminar para Dalia López
El próximo 6 de noviembre a las 08:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar de la empresaria Dalia Angélica López. En esta diligencia, el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, definirá si la acusada enfrentará un juicio oral y público por la presunta provisión de cédulas paraguayas y pasaportes de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), a su hermano Roberto y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo solicitaron al Juzgado de Garantías que la empresaria sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre finales de 2019 y principios de 2020, López Troche —quien permaneció prófuga durante casi seis años— habría encomendado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la radicación permanente de Ronaldinho, su hermano y Sousa Lira para obtener los documentos de identidad paraguayos.
La Fiscalía sostiene que la empresaria sabía que los tres eran de nacionalidad brasileña, que no tenían intenciones de radicarse en Paraguay y que no cumplían con los requisitos legales exigidos. Para obtener los papeles, presuntamente abonó USD 19.000. Los secretarios habrían recurrido a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, señalados como responsables de la producción de los documentos falsos con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo.
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Senador Amarilla cuestiona idoneidad de Prieto para gobernar un Estado
El senador liberal Dionisio Amarilla apuntó a la falta de idoneidad del exintendente destituido por corrupción, Miguel Prieto, luego que éste haya participado de un programa periodístico y dejó en evidencia su desconocimiento sobre la gestión pública y el manejo del Estado.
En dicho programa, Prieto fue consultado sobre sus proyecciones y propuestas de llegar a la presidencia de la República en el 2028, dando respuestas vagas y sin fundamentos claros.
Dijo que al escuchar y ver a Miguel Prieto en un programa de televisión, “ratifico una vez más que entender sobre cuestiones de Estado no es una tarea delegable a cualquier pysa tronco (torpe)”, escribió el senador a través de sus redes sociales.
En este sentido, el parlamentario liberal ratificó su postura que, ante la falta de capacidad de Prieto, indefectiblemente, no debe liderar la chapa presidencial de la oposición. Para Amarilla, el candidato presidencial debe ser un representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Prieto, tal vez, podría apuntar recién a las siguientes elecciones nacionales.
“El PLRA por lejos tiene hombres y mujeres ilustradísimos que aquel que pretenda llegar al poder desde la oposición imposible que prescinda de estos, y creo que Prieto debe ser el vicepresidente acompañando a un afiliado liberal y preparándose tal vez para el 2033”, aseguró el senador Amarilla.
La oposición se mantiene en un discurso de unidad, buscando definir la chapa presidencial, sin embargo, detrás de estas pretensiones se da una fuerte disputa interna de aspirantes al Palacio de los López, una unidad sellada por el momento un tenso positivismo. Desde el Partido Liberal van sumando los precandidatos, Mientras Miguel Prieto se ratifica en su idea de ser el líder de la oposición.
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Propuesta de despidos masivos de Prieto evidencia desconocimiento del déficit fiscal
El destituido exintendente esteño Miguel Prieto sugirió aplicar despidos masivos en el sector público como supuesta solución al creciente déficit fiscal del país, durante una entrevista televisiva acerca de sus aspiraciones presidenciales. En su intervención, el político prometió “mano dura” y recordó su paso como administrador municipal, cuando desvinculó a mil empleados en un solo día, cuestionando además el exceso de personal en instituciones estratégicas.
Sin embargo, la viabilidad técnica de una reducción de shock en la planilla estatal enfrenta marcadas contradicciones con el funcionamiento financiero del fisco. En primer lugar, una medida de esta naturaleza agravaría de inmediato el saldo negativo de la Caja Fiscal, cuyo sistema de reparto depende directamente de los aportes de los trabajadores activos para abonar las jubilaciones vigentes.
Al cortar de manera abrupta los ingresos por aportes de miles de funcionarios desvinculados, la Caja Fiscal mantendría intactas sus obligaciones de pago con los jubilados actuales, obligando al Tesoro Nacional a destinar una mayor proporción de los impuestos generales para cubrir el déficit mensual resultante. Asimismo, las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y aguinaldos exigirían un desembolso inmediato que elevaría el gasto corriente a corto plazo.
Caos administrativo
En el plano macroeconómico, la eventual judicialización de las desvinculaciones expone al Estado a millonarias demandas laborales que, en el mediano plazo, podrían derivar en el pago de salarios caídos e intereses. Por otra parte, la supresión repentina de una masa salarial significativa impactaría de forma directa en el comercio y los servicios privados, reduciendo la recaudación de impuestos indirectos como el IVA.
A nivel operativo y de gestión, la falta imprevista de personal en áreas administrativas clave arriesga paralizar procesos licitatorios, retrasar pagos a proveedores y ralentizar la ejecución de proyectos, lo que generaría un efecto de estancamiento en la dinámica económica general y en el Producto Interno Bruto (PIB).
Más allá de las variables financieras y legales, la iniciativa tropieza con la realidad del mercado laboral privado, el cual carece de la capacidad de absorción inmediata para semejante volumen de desempleados, demostrando que los recortes arbitrarios “de un plumazo” pueden suscitar problemas sociales y estructurales de mayor complejidad que los que pretenden resolver.