La Comisión de Reestructuración y Modernización del Estado, emitió dictamen favorable para el proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia educativa y social y a la vez propone una serie de acciones, como medidas preventivas de hechos de violencias.
El proyecto en cuestión “Establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La propuesta es que el estado de emergencia sea establecido durante doce meses y en ese lapso de tiempo priorizarán la realización de talleres educativos de forma semanal, las campañas públicas de concientización, la capacitación docente obligatoria que incluya acompañamiento psicosocial para adolescentes.
Esta última, deberá ser con énfasis en la identificación de señales de violencia y el fomento de relaciones sanas, empáticas y libres de dominación, de acuerdo a lo señalado desde la Cámara de Diputados.
Mencionan además, que el documento presentado por la comisión presidida por el diputado Diosnel Aguilera (PLRA), explica que aunque ya existen marcos normativos como la ley “De Protección Integral a las Mujeres”, el “Código de la Niñez y la Adolescencia” o la propia Constitución Nacional, estos no resultan suficientes.
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Poder Judicial promueve acciones para garantizar los derechos de las mujeres
Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron este martes que la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres requiere acciones concretas para garantizar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que puedan acceder a una justicia efectiva y libre de prejuicios. En ese contexto, el Poder Judicial impulsa diferentes políticas institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
Las iniciativas se desarrollan a través del proyecto “Mujeres en la Justicia”, coordinado por la Secretaría de Género de la máxima instancia judicial, que trabaja en el fortalecimiento de mecanismos para cumplir con los compromisos asumidos por Paraguay en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.
Según explicaron, estas acciones también se enmarcan en los lineamientos de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones para los Estados en la prevención y el combate de la violencia de género.
Justicia sin prejuicios
Uno de los principales componentes del programa apunta a la formación de magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia. El objetivo es que los operadores puedan reconocer situaciones de desigualdad y evitar que los estereotipos condicionen las resoluciones judiciales.
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También se realizaron jornadas de capacitación sobre comunicación con perspectiva de género, con énfasis en el uso de un lenguaje institucional inclusivo, respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, especialmente al abordar situaciones que afectan a las víctimas.
Más presencia en el interior del país
Como parte de la estrategia para acercar los servicios judiciales a las mujeres, fueron habilitadas Unidades de Género en las circunscripciones judiciales de:
- Central
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Itapúa.
Estas dependencias buscan acompañar a juzgados y tribunales en la aplicación de criterios de igualdad en sus actuaciones, además de ampliar la cobertura territorial de la Secretaría de Género y contribuir a que las mujeres reciban respuestas oportunas y respetuosas de sus derechos.
Para avanzar hacia la paridad
El fortalecimiento de la igualdad también contempla cambios en la propia estructura institucional. Para ello, se elaboraron instrumentos técnicos que permiten evaluar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y detectar posibles desigualdades en la distribución de responsabilidades y cargos.
Entre los materiales desarrollados figuran un sistema de indicadores de liderazgo y paridad, acompañado de una guía para su aplicación, y un diagnóstico sobre la distribución de cargos dentro del Poder Judicial.
Asimismo, se evaluó y actualizó el Plan Institucional de Transversalidad de Género y se avanzó en la elaboración participativa de un Plan de Igualdad, con intervención de las distintas circunscripciones judiciales.
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Ecuador: dos candidatos municipales mueren en un ataque armado
Dos candidatos a ocupar cargos municipales y una comerciante murieron ayer lunes en una localidad fronteriza de Ecuador, en un ataque armado ejecutado a días del inicio de la campaña para elegir autoridades locales, informó la alcaldía de Huaquillas.
Entre los fallecidos están Ronald Farfán, quien buscaba el cargo de alcalde, y Cristhian Rugel, candidato a concejal, por el municipio de Huaquillas, una localidad de la convulsa provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
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Farfán se había desempeñado como alcalde en el período 2014-2019, y en febrero de este año su hijo también fue asesinado. El cuerpo del joven apareció con signos de violencia.
“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona”, señaló la alcaldía de Huaquillas en un comunicado. Medios locales reportaron que cuatro personas a bordo de dos motos dispararon contra los candidatos cuando se alistaban para reunirse con simpatizantes.
De acuerdo con la policía, “personal especializado” se encuentra en el lugar del ataque para “determinar posibles motivaciones” del crimen. La campaña electoral para los comicios locales del 29 de noviembre empezará oficialmente este jueves.
El Oro es una de las cinco provincias costeras que están bajo un toque de queda nocturno que culmina este martes. Esa provincia, junto con Guayas, es de las más violentas del país. En el primer semestre del año registró la tasa provincial más alta de homicidios, 68 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Fuente: AFP
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Caso Ueno: diputado impulsa creación de comisión bicameral de investigación
El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicameral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión.
El legislador indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de soluciones en el daño causado a particulares y a los fondos del Estado.
“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de juicio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora estamos consensuando el proyecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.
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Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo proceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comisión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad.
“Tenemos en cuenta que la penosa experiencia que ha tenido Paraguay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un proceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, normalmente no se llega a recuperar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.
Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fondos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas necesarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones principales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también controlar”.
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Alliana anunció racionalización de gastos superfluos para atender a sectores vulnerables
El nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, quien asumió hoy viernes en reemplazo del destituido Santiago Peña, anunció la presentación de un proyecto de ley de racionalización de gastos superfluos.
Con el recorte, cuyo proyecto será presentado en la brevedad en el Congreso, el Ejecutivo buscará atender reclamos en sectores vulnerables como la salud, educación.
Luego del acto de juramento Alliana pronunció un discurso apuntando a la búsqueda de soluciones urgentes a los sectores más vulnerables.
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“Exijo a los ministros que al final de cada día rindan cuentas sin excusas y que entreguen resultados concretos. Queda poco tiempo, y en este tiempo tenemos que construir un gobierno digno”, señaló.
Dijo que no hay excusas para los errores en la función de los ministros y responsables de instituciones.
Alliana juró oficialmente como nuevo presidente de la República este viernes 6 de noviembre de 2026, asumiendo las riendas del Poder Ejecutivo tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político impulsado en el Congreso.
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