• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“El despilfarro del dinero público que inauguró Miguel Prieto en su gestión, al frente de la municipalidad de Ciudad del Este, sigue tan campante“, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, tras repudiar la serie de millonarias y dudosas licitaciones realizadas por su heredero, Daniel Pereira Mujica, en pleno año electoral.

“Pereira Mujica es el cerebro de toda la administración corrupta de Prieto, él fue que armó todo el esquema y fue por eso que heredó la popularidad y el poder en la municipalidad“, indicó al diario La Nación/Nación Media.

Las afirmaciones de Montiel surgieron tras la licitación lanzada por el intendente esteño, para la adquisición de agua mineral por G. 1.000 millones que, según justifican, es para el consumo de las visitas y funcionarios. Este llamado se realiza en medio de los problemas que agobian a la ciudad como los baches, el tránsito caótico y la inseguridad.

“Todo lo que se hacía en la administración de Prieto pasaba por Pereira Mujica, quien al principio era director de Administración y Finanzas de la municipalidad y posteriormente fue su asesor principal. Era él quien establecía el esquema de corrupción, es por eso que todo esto no nos sorprende“, lamentó.

De acuerdo a la publicación periodística realizada por la Unidad de Investigación de Nación Media, en base a informaciones del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pereira Mujica prevé la compra de botellones de 20 litros y botellitas de 500 ml de agua mineral con un cupo de hasta G. 1.000 millones.

Rara­mente, este monto subió exponencialmente ya que, históricamente el monto para la adquisición de agua rondaba aproximadamente los G. 176 millones hasta G. 200 millones. Según se puede visualizar en la página de la DNCP, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2026 estable­cía un tope de G. 500 millones para la compra de agua mine­ral al incluir la adquisición de las botellitas de 500 ml.

Sin embargo, desde la Uni­dad de Contrataciones de la comuna esteña duplicaron el monto argumentando que es por la buenísima oferta que encontraron y por la necesi­dad de surtir en buenas can­tidades los refrigerios institucionales.

"Solicitamos acceso a información pública y nos niegan, en el caso particular de este llamado todavía no fue adjudicado, pero una vez que suceda, nosotros veremos si ameritará la presentación de una nueva denuncia. Es llamativa la cantidad y el monto total de la compra, no se justificaría, al menos que sea para todas las instituciones que posee la municipalidad. Hay que ver si la provisión de este insumo será efectivizada porque tenemos casos de aquellas compras que se facturaron, pero que efectivamente no vinieron a la municipalidad como se dieron por ejemplo con los casos Tía Chela y Tajy", dijo Montiel.

Agregó que “el esquema de corrupción sigue tan vigente y esto es culpa de la inacción del Ministerio Público. De todas las denuncias penales que realizamos contra Prieto desde el año 2021 hasta la fecha y solo se tiene 3 imputaciones de las 50 acusaciones en su contra y esto seguirá así si sigue la impunidad que se ve y se palpa”.

Lea también: EE. UU. habría revocado la visa a diputados paraguayos

La Unidad de Contratacio­nes de la Municipalidad de Ciudad del Este alega mejor precio de compra, pero el valor unitario que orilla los G. 14.000 por botellón de 20 litros es el mismo del mer­cado. En el caso de la lici­tación planteada debiera ampliamente la diferencia considerándose de que es una adquisición a gran escala.

Calendario en manos y precio unitario estimados en el lla­mado, la compra por G. 1.000 millones de Pereira Mujica equivale a 72.000 botellones de 20 litros o 520.000 bote­llitas de medio litro. Según el Pliego de Bases y Condi­ciones la provisión es desde junio del 2026 hasta diciem­bre del 2027.

Considerando los 5 días hábi­les de trabajo establecidos en la municipalidad, sin descon­tar feriados, asuetos ni jorna­das de huelga, etc., tenemos 494 días de junio de este año a diciembre del 2027. Es decir, la compra de Pereira Mujica equivale por lo bajo al sumi­nistro de 145 botellones de 20 litros por día en su insti­tución, una cantidad bastante alta que exigiría el ingreso de miles de sedientos contribu­yentes a la comuna.

"Las que son favorecidas con las licitaciones siguen siendo empresas de maletín que iniciaron su funcionamiento en la época de Prieto. No se tiene en cuenta las necesidades reales que tiene la ciudadanía como por ejemplo tener calles en buen estado", cuestionó Montiel.

Te puede interesar: Honor Colorado “mueve las aguas dentro del Partido”, dice Rojas sobre puja oficialista

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

Lea también: Negra herencia del gobierno de Abdo Benítez: lujos, corrupción y nexos turbios

En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

Le puede interesar: Corrupción, inoperancia y muertes marcaron la gestión de Marito durante la pandemia

A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

Lea más: La plata de Abdo: millones en duda y nuevas pistas en paraísos fiscales

La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, liderada por Silvio “Beto Ovelar”, reciben este miércoles a los representes del sector docente, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y contrapropuestas al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de Diputados y conformar una mesa técnica.

“Queremos establecer una mesa de trabajo, entendemos nosotros que esta primera reunión servirá para diseñar el itinerario hasta el 25 de marzo, fecha en que será tratado el proyecto”, dijo Ovelar.

Luego de varias suspensiones por chicanas, este miércoles finalmente inició el juicio oral y público contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotraficante brasileño.

El extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, llegó hasta la sede del Poder Judicial acompañado por su nueva abogada y exfiscal, Gilvi Quiñónez. El juicio oral y público está fijado ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Adriana Planás.

Para la Iglesia católica, este miércoles es muy especial, ya que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión y amor, camino a la Semana Santa. El papa León XIV en su mensaje para los feligreses pidió que a partir de ahora sea momento de saber escuchar y ayunar, para llegar a la conversión.

Desde le Arzobispado de Asunción recordaron que con el “Miércoles de Ceniza” se comienza el camino de la Cuaresma, un tiempo de gracia que la iglesia regala para volver a Dios con todo el corazón. Se convierte en un tiempo propicio para reflexionar y permitir que Dios transforme el corazón de quienes lo siguen.

Desde la Capasu expresaron su preocupación por la escasez y el encarecimiento del tomate. Si bien se prevé un evento de compra-venta directa, creen que la importación es una válvula reguladora.

Gustavo Lezcano, presidente de Capasu, comentó que conversaron con el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, a quien le plantearon la preocupación del sector por la falta y la escasez de tomate que disparan los precios.

Una delegación de empresarios e inversionistas brasileños visitó Paraguay en el marco de una misión exploratoria orientada a conocer oportunidades de negocios, innovación y cooperación internacional vinculadas al ecosistema digital del país, según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

El viceministro de Tecnologías, Klaus Pistilli, dio la bienvenida a la comitiva y destacó que Paraguay presenta condiciones favorables para el desarrollo tecnológico, resaltando el potencial del país en innovación, economía digital y atracción de inversiones en el sector.

El fiscal Ever Ariel García confirmó que la investigación por la muerte del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa (62), se centra ahora en el análisis de los teléfonos celulares del principal imputado, el militar Remigio Llano (25), con el objetivo de determinar el móvil del homicidio y establecer si existía una relación previa entre ambos.

En entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el agente del Ministerio Público explicó que la causa ingresó inicialmente como desaparición de persona el sábado, fue derivada a la unidad especializada en secuestros por precaución y, al descartarse esa hipótesis, retornó a su unidad el lunes. Con los elementos reunidos, el martes se formuló imputación por homicidio doloso contra un militar, con pedido de prisión preventiva.

La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia patrimonial sobre los bienes de Édgar Abdón Colmán Miranda, exministro de la Juventud durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tras obsequiar una lujosa camioneta a su esposa.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que el procedimiento tendrá una duración aproximada de tres meses, ya que se analizará la documentación correspondiente a dos años de gestión, período en el que Colmán ocupó el cargo, entre junio de 2021 y agosto de 2023.