El abogado Federico Legal sostuvo que el proyecto de ley para la protección de periodistas que se encuentra en la Cámara de Senadores cumple con algunos estándares básicos, sin embargo, asegura que podría mejorarse. Legal realizó un análisis sobre la iniciativa legislativa y a partir de ello emitió recomendaciones sobre las modificaciones que pueden ser introducidas.
“Hay que analizarlo de acuerdo a estándares internacionales de protección y prevención de riesgos que puedan sufrir los periodistas en ejercicio de su labor”, aseguró a “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
A su criterio, son tres los requisitos que deben cumplirse por parte de un Estado para la protección de los trabajadores de prensa: primero, “la obligación de prevenir cualquier tipo de violencia hacia periodistas que puedan estar en una situación especial de riesgo por la labor que desempeñan"; segundo, “la obligación de proteger a periodistas que ya están en una situación de riesgo, como por ejemplo una amenaza”; tercero, “la procuración de la Justicia, cuando lastimosamente ya ocurrió vulneración, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables”.
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Legal explicó que el estudio realizado se basa en estas tres grandes obligaciones, a las que se suman algunas mejoras y adecuaciones. Citó que el proyecto, por ejemplo, no desarrolla las responsabilidades particulares para el Poder Judicial, para la Policía Nacional, para el Ministerio Público.
Otra recomendación del abogado es la modificación del sistema penal para agravar la pena de homicidio doloso cuando la víctima sea un periodista en el ejercicio de su labor.
“En una sociedad democrática, el asesinato de un periodista es uno de los hechos punibles más graves que podemos tener. Sabemos que Paraguay tiene un contexto bastante crítico, por ejemplo Pedro Juan Caballero, donde han ocurrido varios asesinatos a periodistas. Esta es considerada una zona silenciada; entonces, una obligación principal es prevenir, para eso se tienen que tomar una serie de medidas”, enfatizó.
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Protección de bosques, una alternativa para desarrollar economía y paisaje
- Jorge Zárate
- jorge.zarate@nacionmedia.com
- Fotos: Gentileza
Desde hace 15 años, Guyra Paraguay contribuye a la conservación en fincas de pequeños productores en la colonia La Amistad, en el departamento de Itapúa. Allí 26 beneficiarios recibieron incentivos económicos por conservar remanentes de bosques altos dentro de sus fincas. Esto ayuda a proteger al menos a 336 especies de aves, una biodiversidad de alto valor y ayuda un poco a mitigar los efectos del cambio climático.
Una naviera de Singapur compensa sus emisiones de carbono financiando un proyecto de protección de bosques en Paraguay. Lo administra Guyra Paraguay en alianza con su asociado inglés World Land Trust y es el primero que ingresa en el marco internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+).
“Este mecanismo contribuye al fortalecimiento de los medios de vida locales, impulsa la protección de ecosistemas clave y promueve el desarrollo de capacidades en prácticas agrícolas y seguridad alimentaria. Además, favorece el arraigo de las familias mediante la titulación de tierras”, resume la organización.
Francesca Lozio, directora ejecutiva de Guyra Paraguay, entiende que “el modelo podría escalar a un número mayor de productores en el mediano plazo, especialmente en el paisaje de San Rafael y otros remanentes del Bosque Atlántico” que requieren protección.
Según entiende, esta iniciativa “posiciona a Paraguay en una agenda global donde la conservación se vincula directamente con la mitigación del cambio climático, la biodiversidad y la apertura al financiamiento internacional”.
INTEGRIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
También que “el desafío hacia adelante es escalar este modelo a nivel de paisaje, manteniendo la integridad ambiental y social que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios”.
–¿Cuáles son los principales resultados de estos 15 años del proyecto de Conservación de Bosques del Paraguay?
–A nivel territorial, el proyecto ha logrado integrar enfoques complementarios: la conservación de bosques altoparanaenses, el apoyo a la titulación de fincas a través de acuerdos interinstitucionales entre Guyra Paraguay y el Instituto de la Tierra (Indert), la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios mediante pagos por servicios ecosistémicos (PSE) anuales, el fortalecimiento de capacidades para optimizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria, así como la protección de especies de alto valor de conservación.
–Estos 26 beneficiarios ¿son nuevos o ya venían recibiendo incentivos?
–Los 26 beneficiarios y sus familias corresponden a un grupo que viene siendo acompañado por el proyecto desde hace varios años. El esquema se desarrolla en Itapúa desde 2010. El proyecto tiene impacto en cuanto a la continuidad en el tiempo y desde Guyra Paraguay estamos comprometidos en un proceso sostenido de largo plazo, que es justamente uno de los mayores logros del proyecto.
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
–¿A cuántos beneficiarios se podría ampliar en el mediano plazo?
–El potencial de crecimiento es significativo. Podría extenderse a todas las colonias campesinas del Indert en el área del Bosque Atlántico porque se utilizó una metodología agrupada del Verified Carbon Standard (VCS). La experiencia demuestra que el modelo funciona y su expansión depende principalmente de la demanda de créditos de carbono en el mercado (voluntario o mercado regulado), la disponibilidad de financiamiento climático y la articulación con políticas nacionales.
–¿En cuánto ayuda a la reserva San Rafael la protección de estos terrenos?
–El aporte es estructural y estratégico. El Complejo de Conservación Guyra Retã, propiedad de Guyra Paraguay, con 6.327 ha, se encuentra dentro del área propuesta para el Parque Nacional San Rafael y funciona como un núcleo de conservación dentro de un sistema mayor. A ello se suma la conservación en fincas privadas mediante esquemas de pagos por servicios ecosistémicos (PSE), lo que permite generar zonas de amortiguamiento efectivas, reducir la presión sobre el bosque remanente y mantener funciones ecológicas clave.
–¿Cómo impacta esta situación en la posibilidad de generar un corredor para aves y fauna en general?
–Impacta de manera directa y significativa. Trabajamos con un enfoque de paisaje que integra reservas propias, como el Complejo de Conservación Guyra Retã, con fincas privadas bajo esquemas y prácticas de manejo orientadas a la conservación, en articulación con productores y comunidades locales. Este enfoque permite estructurar corredores biológicos funcionales. En el marco de proyectos implementados con productores, se han diseñado corredores que conectan áreas protegidas a través de reservas forestales en propiedades privadas, lo cual resulta clave para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de procesos ecológicos.
UN REFUGIO PARA LAS AVES
Entre 2017 y 2022, mediante la implementación del Plan de Monitoreo de Biodiversidad, se registraron un total de 336 especies de aves, equivalente al 76 % de las especies conocidas en la zona. De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se identificaron especies en distintas categorías de amenaza, incluyendo dos en peligro (EN), cuatro vulnerables (VU) y cuatro casi amenazadas (NT).
A nivel nacional, según la Resolución Mades N.º 254/2019, se registraron 59 especies amenazadas de extinción y 11 en peligro crítico dentro del área de influencia del proyecto.
La organización entiende que el Proyecto de Conservación de Bosques “evidencia resultados netos positivos a través de esquemas de pagos por servicios ecosistémicos vinculados a la protección de bosques nativos y especies de alto valor de conservación, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y generando beneficios netos para la biodiversidad”.
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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Diputados hará una audiencia sobre modificación de ley que protege médanos del Chaco
La Cámara de Diputados convocará a una audiencia pública para debatir sobre la modificación de algunos artículos de la ley que protege los médanos del Chaco.
El anuncio fue realizado por el diputado José Rodríguez, tras reunirse este jueves con representantes de la World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza) WWF -por sus siglas en inglés-.
Estuvieron presentes Oscar Rodas, destacado especialista en gestión ambiental, actualmente director de Cambio Climático y Políticas Públicas de WWF Paraguay, con más de 30 años de experiencia, y Patricia Roche, especialista en proyectos, directora y representante país de la referida fundación.
Sobre el punto, el legislador colorado adelantó que se convocará a los sectores involucraos que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus pareceres y aspectos técnicos que deben ser considerados en el proyecto.
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Vale mencionar que la Ley Nº 5723/2016 fue diseñada para garantizar la conservación de uno de los ecosistemas más singulares del Chaco paraguayo, asegurando la protección de su biodiversidad y características naturales.
Sin embargo, de acuerdo con el legislador, la evolución del contexto económico, energético y tecnológico del país ha generado la necesidad de revisar ciertos aspectos legales que permitan compatibilizar la conservación ambiental con un aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Es así que el proyecto propone introducir cambios que autoricen, de manera excepcional y bajo estrictos estándares ambientales, la realización de actividades de prospección y exploración de recursos hidrocarburíferos y minerales dentro del Parque Nacional.
“La intención no es desnaturalizar la protección del área, sino dotar al Estado de herramientas normativas modernas que permitan una gestión flexible basada en criterios técnicos y supervisión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES”), fundamenta el proyecto de ley.
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Estado paraguayo impulsa acciones para cumplir compromisos con pueblos originarios
El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).
Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.
El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:
- Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios. Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
- Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
- Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.
Compromisos a corto plazo
Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.