La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la donación de USD 8 millones de la República de China (Taiwán) al Congreso Nacional, bajo presidencia del senador Basilio Núñez, cumple con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. El dictamen técnico de contrataciones DGCCP n.º 05/2025 fue remitido al Poder Legislativo el 10 de octubre.

El análisis de los documentos técnicos -en particular el informe Mitic- evidencia que el proyecto generará impactos positivos en materia de conectividad, ciberseguridad, interoperabilidad, eficiencia energética y calidad de los servicios legislativos, en línea con los objetivos de modernización institucional y con los estándares de gestión tecnológica del sector público.

A solicitud del titular del Congreso, la CGR revisó la documentación de la ejecución de los fondos, procesos licitatorios ID 4815, ID 4833, ID 4834, ID 4835, ID 4838, relacionados con la donación otorgada por la República de China (Taiwán), destinada al Proyecto de Modernización y Reacondicionamiento de la Infraestructura del Poder Legislativo; ratificando que, junto con el control concurrente del cooperante, garantiza la existencia de mecanismos de auditoría externa independiente.

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“En conclusión, los antecedentes remitidos resultan suficientes para acreditar la coherencia técnica, la validez jurídica y la trazabilidad administrativa del proceso, cumpliéndose con los requerimientos formulados en la Nota CGR n.º 5552/2025. No se observen vacíos legales ni deficiencias documentales, y las actuaciones se encuentran ajustadas a los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en la gestión de los recursos de cooperación internacional”, señala la Contraloría.

“Finalmente, se sugiere dar a conocer al Congreso Nacional el resultado del presente dictamen, dejando constancia que la revisión efectuada se limitó a la documentación remitida en contestación a la Nota CGR n.º 5552/2025, por lo que no deberá interpretarse que las conclusiones son el resultado de una auditoría ni la aprobación de todo lo actuado en el marco de los procesos licitatorios implementados. La Contraloría General de la República se reserva la facultad de realizar posteriores verificaciones de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley n.º 276/94, Orgánica y Funcional de este Organismo Superior de Control”, concluye el documento.

El dictamen también puntualiza: “Los estudios de mercado y precios referenciales adjuntos, complementados con las estructuras de análisis económico incorporadas en los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), demuestran que se efectuó un relevamiento de mercado previo, garantizando la razonabilidad de los valores utilizados. Asimismo, se verificó la existencia de mecanismos internos y externos de control, en los que intervienen la AII del Congreso, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), el Comité de Evaluación, la FIUNA como fiscalización técnica y, el cooperante internacional constituyendo un esquema transparente”.

“Los antecedentes contenidos en el Anexo Punto 5 acreditan la validez jurídica y administrativa de la donación, confirmando que el Congreso Nacional actuó en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, asegurando la exoneración tributaria, la conformación de la UEP y la reglamentación interna de los procedimientos. En cuanto al financiamiento, se estableció que la cooperación total asciende a USD 8.000.000, de los cuales la Etapa 1, por USD 3.000.000, se encuentra en ejecución a través de cinco licitaciones independientes, cuyos cronogramas y métricas están definidos en los PBC”, refiere en otro pasaje.