Vanemi SA, firma de Vanessa Florentín, exnovia del intendente destituido Miguel Prieto, se constituyó en principal subproveedor de Tía Chela ante la inexistencia de stock en el inventario de la despensita que debía proveer 25.000 kits de víveres por valor de G. 2.949 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. En el intento de construir la cadena de compraventa en el esquema encabezado por Prieto, Vanemi como Tía Chela terminaron hundiéndose, ya que la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios identificó que los contribuyentes son ficticios.

Las facturas falsas que la Dirección Nacional de Impuestos Tribu­tarios (DNIT) identificó en el esquema de compra – venta simulada a la Tía Chela es uno de los elementos de hierro que hunde al exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y sus cómplices.

En esta construcción de com­pras ficticias mediante una cadena contribuyentes fal­sos, la principal involucrada es Vanessa Florentín a través de su firma Vanemi SA.

Recordemos que Vanessa Flo­rentín, exnovia de Prieto, man­tiene una estrecha relación con el exintendente que, incluso, le ubicó como asesora de la muni­cipalidad tras el destape de Tía Chela.

La firma de la exnovia, Vanemi SA, se constituyó en la princi­pal subproveedora de la Tía Chela, la pequeña despensa a la que Prieto adjudicó con­trato de G. 2.949 millones por la provisión de 25.000 kits de víveres, pese a que este auto­service no tenía esa cantidad de stock ni la capacidad eco­nómica para cumplir con el convenio.

En este esquema que ya había iniciado con una simulación en el proceso licitatorio ampa­rado en la urgencia imposter­gable al invitar como oferen­tes a miembros de una misma familia, Vanemi colaboró con 4 proveedores en el intento de justificar la disponibilidad de stock de Tía Chela.

Vanemi declaró ventas por G. 700 millones a Tía Chela, pero la búsqueda de la trazabilidad que realizó la DNIT dejó al des­cubierto que la firma de la ex tenía saldo cero en su inven­tario, y los subproveedores que consignó son ficticios.

“La acusada Emili Vanessa Florentín colaboró con la cons­trucción de las cadenas de com­praventas ficticias a través de facturas que no reflejan ope­raciones reales, para tapar la ausencia de stock e inventario de la firma adjudicada con el contrato (Tía Chela SRL), en complicidad con el esquema encabezado por el intendente municipal Miguel Prieto Valle­jos y sus funcionarios, debido a que surgió objetivamente al menos la existencia de 4 pro­veedores falsos que fueron declarados por Vanemi SA en la trazabilidad realizada por la SET, uno de los subproveedo­res más grandes de la empresa Tía Chela SRL”, subraya la acu­sación del Ministerio Público.

Así también, conforme al aná­lisis del perfil del contribuyente de estos subproveedores infor­mados por Tía Chela, la DNIT detectó que algunos son con­tribuyentes ficticios cuyas facturas no auténticas fueron utilizadas para un esquema de megaevasión instalado en Ciudad del Este, de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la SET, a cargo del agente fiscal Diego Arzamendia de la Uni­dad de Delitos Económicos, y otros contribuyentes carecían de stock e inventario suficiente.

De acuerdo a lo detectado por DNIT no se logró justificar las compras de mercaderías rea­lizadas por la empresa provee­dora entre el mes de marzo y abril de 2020, por un valor total de G. 1.985 millones y el perjui­cio por la no provisión real de los víveres asciende a G. 2.130 millones.

Otro dato relevante es la exis­tencia de varias facturas de compra de proveedores ficti­cios cuyas fechas son poste­riores a las que figuran en las dos actas de recepción (27-03-2020 y 13-04-2020) firmadas por la administración Prieto. Sin embargo, además de estas pruebas documentales, el esquema de compra y entrega simulada de víveres con la Tía Chela quedó totalmente evi­denciado con las declaraciones de los cómplices involucrados que han confirmado total­mente la acusación del Minis­terio Público.

El diputado colorado Arturo Urbieta presentó un proyecto de ley “Que crea un Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral en la Circunscripción Judicial de Concepción”. La iniciativa fue derivada a diversas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y dictamen.

La propuesta legislativa tiene por objeto crear dicho órgano jurisdiccional, con asiento en la ciudad de Concepción, a fin de fortalecer la segunda instancia y adecuar su estructura a las necesidades actuales de la jurisdicción.

De acuerdo con la exposición de motivos, la estructura de los órganos jurisdiccionales debe guardar “razonable correspondencia” con la naturaleza de las materias sometidas a revisión, con la entidad de los derechos involucrados y con las condiciones necesarias para garantizar una respuesta judicial adecuada, fundada y oportuna.

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El documento señala que el acceso a la Justicia no se limita a la posibilidad formal de acudir ante los tribunales, sino que comprende el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional efectiva, dentro de un plazo razonable y mediante órganos que cuenten con una organización e idoneidad acordes con sus funciones.

La iniciativa menciona que la Circunscripción Judicial de Concepción registra una evolución demográfica y jurisdiccional, reflejada en el crecimiento anual de los asuntos sometidos a revisión y de la población atendida.

También hace referencia al dinamismo comercial, empresarial, productivo e industrial, así como a la aparición de nuevas actividades económicas e inversiones “que naturalmente generan relaciones jurídicas de mayor diversidad y complejidad”.

Actualmente, la Circunscripción Judicial de Concepción cuenta con un Tribunal de Apelación de competencia multifueros, que atiende causas de las materias Civil, Comercial, Laboral y Penal, además de un órgano especializado en Niñez y Adolescencia.

Según la fundamentación, la diferenciación de la competencia material permitirá que el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral concentre su función revisora en esas áreas. La propuesta sostiene que cada una presenta instituciones, principios, reglas sustantivas y procesales, y dinámicas jurídicas propias.

El legislador explica en su escrito que la segunda instancia debe analizar los agravios planteados, examinar los fundamentos de las resoluciones recurridas y determinar, conforme al marco jurídico aplicable, si corresponde confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

Para ello, plantea que los magistrados encargados de dicha tarea cuenten con conocimiento, experiencia y particular versación en las materias sometidas a su competencia.

El proyecto contempla que la conformación definitiva del Tribunal, así como la asignación de los funcionarios y auxiliares de justicia necesarios para su funcionamiento, se realicen de acuerdo con la disponibilidad de recursos determinada por la Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente. Asimismo, faculta a la Corte Suprema de Justicia a reglamentar la ley.

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Un Tribunal de Apelación de Asunción confirmó las sentencias condenatorias de tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón, quien estuvo preso por motivos políticos entre 1976 y 1978. Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Manuel Alcaraz recibió una pena de 20 años.

La Cámara de Apelación consideró que las penas son proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de reprochabilidad de los autores. Asimismo, sostuvo que los condenados eran funcionarios públicos encargados de la seguridad y que las sanciones responden a criterios de prevención. Además, señaló que no existen elementos de desproporcionalidad o arbitrariedad en la sentencia de primera instancia.

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Respecto a la tortura y su imprescriptibilidad, la resolución señala que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes atroces y evitar que queden impunes. La Cámara sostuvo que aplicar este criterio no constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de los acusados

Durante el juicio se tuvo por probado que los tres participaron en las torturas sufridas por Rolón en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. La víctima, fallecida en 2024, fue sometida a golpes con garrote, látigo y otros objetos. Entre las pruebas valoradas se destacó el testimonio de Carlos Casco, quien también fue torturado y señaló a los tres condenados como responsables

Según el tribunal, los métodos de tortura fueron utilizados para obtener información sobre las Ligas Agrarias y otras organizaciones políticas críticas al régimen de Alfredo Stroessner. Domingo Rolón fue detenido tras ser traído desde Formosa por portar documentos no auténticos. Llegó a Asunción en el baúl de un vehículo y permaneció como preso político hasta 1977; posteriormente, fue trasladado a Emboscada, donde permaneció hasta 1978.

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Este lunes se reinició el juicio oral y público en contra del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco del caso conocido como Tía Chela.

Las 11 personas están acusadas por el hecho de lesión de confianza por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos en pandemia que habría generado un perjuicio patrimonial a la comuna esteja de unos G. 2.130 millones.

En esta jornada, se reanudó la audiencia con la la lectura de parte de la resolución judicial del juez Humberto Otazú, quien decidió elevar a juicio oral y público el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.

Luego de esta etapa los fiscales del caso encabezado por Silvio Corbeta deberán presentar los alegatos iniciales de este juicio oral y público, donde la Fiscalía se ratificará en su acusación inicial.

El juicio de esta jornada se extenderá hasta las 15:00, ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

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Este juicio oral y público se desarrolla en el marco de la acusación por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, quienes sostienen la acusación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero.

Asimismo, la estructura delictiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.

El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emergencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.

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