El juez de garantías Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa que enfrenta el senador Hernán Rivas por el presunto hecho punible de uso de documento público de contenido falso, relacionado con la presentación de un título universitario presuntamente apócrifo para ejercer como abogado.
De acuerdo con la resolución judicial, los datos presentados por Rivas fueron “claramente falsos”, según lo concluyó el juzgado tras analizar las evidencias y contrastar los documentos presentados por la defensa y la Fiscalía.
El caso se centra en el título de abogado que Rivas habría utilizado para jurar como profesional del Derecho y posteriormente representar al Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La investigación determinó que el documento no cuenta con validez académica ni respaldo institucional.
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Con esta decisión, el parlamentario deberá enfrentar un juicio oral y público, instancia en la que el tribunal valorará las pruebas presentadas y definirá la responsabilidad penal del senador en la causa.
La resolución del juez Palacios marca un nuevo avance en la investigación, que ha generado amplio debate público y político por tratarse de un legislador en ejercicio. El proceso continuará con la fijación de fecha para el desarrollo del juicio oral, donde se expondrán todos los elementos del caso.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.
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Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Declarará el narco Marcus Vinicius en juicio oral a Arnaldo Giuzzio
Los jueces Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel son los encargados de juzgar al exhombre fuerte de Mario Abdo.
A las 8:00 se reanudará el juicio oral y público del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado de cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. En la audiencia declarará el detenido en Brasil vía telemática.
La declaración de Vinicius se realizará ante el Tribunal de Sentencia presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Mathías Garcete. Giuzzio sufrió el lunes un nuevo revés judicial tras el intento fallido de su defensa para evitar a toda costa que Espíndola Marques, considerado un “pez gordo” del narcotráfico, declare este miércoles en el juicio oral. Asimismo, sigue pendiente exponer el contenido del teléfono celular del condenado Lindomar Reges Furtado quien fue sentenciado a 37 años de cárcel por narcotráfico en Brasil.
VACACIONES
Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a finales de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios indebidos que recibió el entonces ministro. Por su parte, la defensa rechaza categóricamente las acusaciones.
ANTECEDENTES DEL CASO
La Fiscalía sostiene que Giuzzio incurrió en cohecho pasivo agravado al recibir beneficios y favores de Marcus Vinicius mientras este buscaba convertirse en proveedor del Estado paraguayo, especialmente del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional mediante la venta de chalecos antibalas, blindajes y vehículos de seguridad.
Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por mensajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elementos documentales presentados durante el juicio oral. La controversia estalló públicamente en febrero de 2022, cuando se difundieron fotografías y detalles de la relación entre Giuzzio y el empresario brasileño.
Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua fue detenido en Brasil en febrero de 2022 durante investigaciones por presuntos hechos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
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Elevan a juicio oral la causa por violación contra Thiago Gorostiaga
El juez Penal de Garantías, Raúl Florentín, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Actualmente, Gorostiaga cumple arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica, tras haber violado inicialmente dicha medida cautelar. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar al acusado.
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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en el juicio oral y demostrar la responsabilidad del procesado en el grave suceso registrado. La misma posición sostiene la querella adhesiva, representada por el abogado Santiago Lovera.
Otro caso va a juicio oral
En otro tema, días atrás, la Cámara de Apelación Penal de la Adolescencia confirmó la resolución que elevó a juicio oral la causa contra un exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesto abuso sexual en personas indefensas.
En este caso particular, el joven está acusado de haber manoseado a una menor de 15 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El hecho habría ocurrido en el año 2023, en la habitación del hijo de un expresidente de la República. Asimismo, el acusado afronta un tercer proceso penal por abuso sexual.
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