Un grupo de legisladores y abogados de la oposición exige que el presidente de la República, Santiago Peña, sea investigado por su labor profesional en el sector privado, entre 2017 a 2023, y por haber realizado inversiones como accionista minoritario durante el periodo en que estuvo alejado de la función pública. La denuncia que formularon deriva de las suposiciones que publica Abc Color sobre el relato de una exempleada de la familia presidencial, sin sustentar con hechos corroborados.
“Lo único que está corroborado que él era accionista en una sociedad, o sea, a partir de ese tipo de análisis para abrir una investigación es muy peligroso, porque imagínense que el Estado comienza ahora a abrir investigaciones por meras conjeturas. Por eso no se puede abrir sobre la base de conjetura y más aún cuando lo que dicen no tiene absolutamente ningún contenido”, señaló el abogado Ricardo Preda, que representa a Peña en este caso; entrevistado este lunes en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“En la denuncia de los legisladores dice que él (Santiago Peña) fue accionista de tal empresa dentro de tal grupo, y otras empresas de este grupo han ganado licitaciones. Bueno, a ver, los hechos corroborados, ¿es accionista? Sí, fue accionista. Otro hecho corroborado, de 1,58 % de esa sociedad donde es accionista, ¿él tiene algún control? No, ni siquiera es un beneficiario final, para ser beneficiario final tenés que tener el 10 %. Esa empresa en particular donde él o fue accionista, pues ya no lo es, ¿ganó alguna licitación? Esa empresa, no; ganaron otras empresas, donde a su vez son accionistas. ¿En esas licitaciones intervino como decisor, Santiago Peña? No, no intervino. ¿Se hace mención alguna de esas licitaciones, cuál fue la irregularidad específica? ¿Y si los otros oferentes presentaron alguna queja? No, eso tampoco existe. Entonces del hecho, él es accionista del 1,58 % en una sociedad, que a su vez es socia de otras sociedades, que a su vez ganan licitaciones. Definitivamente ahí no hay un indicio fáctico suficiente de la comisión de un delito.
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Accionista minoritario
Los legisladores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Rubén Velázquez, Johanna Ortega, Adrián “Billy” Vaesken, Raúl Benítez y Leidy Galeano firman la denuncia patrocinada por la exsenadora Kattya González y Felino Amarilla, en que alegan que el crecimiento patrimonial del economista Santiago Peña durante seis años en el sector privado carece de “una explicación justificada”, pese a que mencionan que fue directivo bancario y que expandió su operación en la bolsa de valores de varias empresas emergentes.
El documento describe que Peña declaró un patrimonio de G. 914.728.047 en abril de 2014, siendo director titular del Banco Central del Paraguay. En 2015, como ministro de Hacienda reportó G. 1.007.330.943; y cerró su actividad en la función pública con G. 1.351.955.763 en junio de 2017. Luego, como presidente electo, en agosto de 2023, declaró G. 23.024.303.342 de patrimonio, lo que representa un incremento del 1.603 % respectó a su anterior declaración, pero durante un lapso de 6 años en que trabajó fuera del Estado.
La denuncia explica que Peña adquirió acciones de Credicentro desde 2018, ya sin ser funcionario público. En 2021, Grupo Vázquez pasó a ser accionista mayoritario de Credicentro, cuyo nombre cambió a ueno holding en 2022, cuando Peña era accionista del 0,56 % y llegó al 1,58 %, en marzo de 2025, cuando las vendió. Independiente a la participación de Peña, Grupo Vázquez decidió que Credicentro absorbiera Pasfin y LCR en 2020; acá los denunciantes intentan vincular por simple mención al mandatario con el expresidente de Pasfin, Carlos Andrés Oleñik Memmel, imputado en 2024 en el caso Pavo Real por su manejo con otra firma, Cepagro. Aparte, Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio en abril de 2021, que transformó en ueno bank en diciembre 2023, pero sin relación accionaria con ueno holding, que es otra empresa.
Además, la denuncia establece que Peña fue directivo del Banco Basa desde 2018 y fue director titular de la misma entidad bancaria en 2021 y 2022. Como argumento cita la filtración que hiciera en un tuit el actual diputado Mauricio Espínola el 20 de mayo de 2022, entonces secretario privado del mandatario Mario Abdo Benítez, exponiendo supuestos salarios de Peña en la empresa privada, es decir, una aparente información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal.
Ningún vínculo con Oleñik
“En un Estado de derecho no se puede abrir una la investigación en sí misma, y acá no estamos hablando del presidente, ni de Santiago Peña, es una cuestión de la garantía de cualquier ciudadano”, puntualizó Preda. “Lo que están denunciando es una conjetura y uno no puede abrir una investigación sobre la base de la conjetura de otra persona. El Código Procesal Penal establece que haya indicios fácticos y, hace una calificación, ‘suficientes’ sobre la comisión de un hecho punible. Entonces, esos indicios deben ser fuertes para que amerite una investigación”.
Usando al conductor de “Así son las cosas” como un ejemplo, dijo: “Yo no puedo decir ‘a mí me parece que Benjamín tiene mucho dinero y yo creo que él está ganando dinero porque lo suelo escuchar entrevistándole a Ricardo Preda, yo creo que Ricardo Preda le está dando unos montos a él para que sea su entrevistado preferido’. O sea, solamente del hecho de que un par de veces me entrevistaste y te ven con un buen pasar, no tienen otra información y con eso te denuncia”.
El viernes pasado, en conferencia de prensa, el abogado manifestó: “Ni el Grupo Vázquez, ni ueno holding, ni Santiago Peña tienen absolutamente nada que ver con la firma Cepagro, ni tampoco con Carlos Oleñik. Así que me parece un tanto temeraria decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser un accionista muy pequeño de una sociedad, que a su vez adquiere otra, en la cual hubo alguna persona procesada con posterioridad por lavado activo. Bajo esa premisa, entonces cualquier negocio que yo haga hoy con alguna persona que en el futuro tenga un proceso penal, eso automáticamente me convierte a mí en participante de un hecho que no sabía”.
“No es el caso concreto siquiera, porque Santiago Peña ni hizo negocio con Pasfin ni hizo negocio con Carlos Oleñik. Y aún resulta más extraño que, por ejemplo, una de las firmantes de la denuncia es una legisladora que pertenece a Frente Guasú, obtuvo un crédito de Pasfin. Ahora, ¿eso significa que ese grupo político lavó activos? Tampoco significa que lavó activos”, ejemplificó.
No decide licitaciones
La denuncia “habla de supuestamente tráfico de influencias sobre la base de las participaciones en ueno holding, que es una empresa donde el señor presidente tenía acciones. De hecho, ya no la tiene. Y esa empresa, ueno holding, a su vez forma parte de un grupo económico que se llama Grupo Vázquez. Y esta, a su vez, tiene participación en varias empresas que han ganado licitaciones con el Estado”, refirió Preda.
“Pero en ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen esas licitaciones. Y, además de eso, un dato no menor, es que en ninguna de esas licitaciones el que define la cuestión es Santiago Peña. Así que yo creo que hacer una denuncia sobre la base de suposiciones, bueno, no es acorde a un Estado de Derecho”, acotó el abogado en relación a las conjeturas que los medios y legisladores de la oposición insisten en instalar sin sustento para perjudicar la figura del presidente de la República.