Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, explicó que a la institución contralora no le corresponde, y de hecho tiene prohibido por ley, indagar sobre los ingresos que pudo haber tenido el presidente Santiago Peña, durante los años 2017 al 15 de agosto del 2023, cuando asumió la presidencia, periodo en que estuvo alejado de la función pública realizando actividades del ámbito privado.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en todo caso les correspondería a otras instituciones hacer las indagaciones respecto a que si se justifica o no el incremento patrimonial en esos años, presentado en su declaración jurada al asumir al frente del Ejecutivo.
El director realizó esta aclaratoria ante la denuncia penal planteada por sectores de la oposición, patrocinados por la exsenadora y abogada Kattya González y el abogado Felino Amarilla, quienes cuestionan el incremento patrimonial registrado por Peña, antes de asumir la presidencia de la República.
“Del periodo 2017 al 15 de agosto del 2023, la Contraloría General no tiene competencia para investigar. Pero sí tiene competencia en el periodo 2014 al 2027, que fue funcionario público y a partir de la asunción como presidente a la fecha, que aún no contamos con una nueva declaración jurada”, comentó.
Señaló que el día que presente una nueva declaración, ya sea a mitad de su gestión (que no es obligatorio) o cuando termine su mandato recién tendrían una nueva declaración con el que podrán indagar.
“Pero del Periodo 2027 a agosto del 2023, la Contraloría no puede, ni debe indagar atendiendo a que en ese tiempo el presidente se estaba desempeñando en el sector privado, porque la Contraloría no tiene competencia, la Contraloría solo indaga sobre funcionarios públicos”, acotó.
Todo se puede verificar
Mencionó que, en todo caso, le correspondería a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), verificar cómo obtuvo los ingresos declarados en su declaración jurada.
“Todo eso se puede corroborar a través de la DNIT, la Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), si se pagó impuestos sobre ese incremento patrimonial, pero la Contraloría no puede dictaminar una correspondencia de bienes, cuando él estuvo en el sector privado", acotó.
No obstante, mencionó que hasta ahora desconoce que exista algún reporte de actuación sospechosa dentro de los bienes del mandatario. “Hasta ahora no tenemos conocimiento sobre esto, o al menos que se haya emitido algún dictamen de las instituciones correspondientes”, precisó.
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