El plenario de la Cámara Baja tiene previsto analizar en su próxima sesión ordinaria del martes 7 de octubre, el estudio del proyecto de ley “De Protección de Datos Personales”, que se encuentra actualmente en su tercer trámite constitucional, tras haber sido modificado por la Cámara de Senadores.
La iniciativa, impulsada por varios diputados, busca llenar el vacío legal existente en materia de protección de datos en el país. Surge como respuesta a la derogación de la Ley 1682/2001 por parte de la Ley N° 6534/2020, que dejó sin protección general a los datos personales de los paraguayos.
La nueva normativa busca establecer la protección de datos como un derecho fundamental, aplicable tanto a entidades públicas como privadas. El proyecto fue desarrollado por una Mesa de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Coalición de Datos Personales.
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Se basa en estándares internacionales, tomando como referencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y legislaciones similares de países como España, Brasil, Uruguay y Argentina.
Una de las principales innovaciones del proyecto es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo independiente que tendrá facultades de supervisión, investigación y sanción en casos de violaciones a la privacidad de los datos.
Los promotores del proyecto destacan que contar con una legislación adecuada posicionaría a Paraguay como un destino atractivo para la inversión europea y facilitaría el intercambio comercial internacional, especialmente, en el contexto de la economía digital.
Una de las modificaciones del Senado gira en torno al artículo 24, en donde se establece que se podrá denegar o limitar el acceso a información de fuentes públicas, con el fin de evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales, de conformidad con las reglas y principios establecidos en la presente ley.
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Paraguay se une a declaración conjunta a favor de la democracia en Bolivia
El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.
El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.
Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.
“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.
Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.
“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.
Evo insinúa una “guerra civil”
En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.
“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.
Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.
“No negociamos”
Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?
Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.
P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?
R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.
P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?
R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.
P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?
R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.
P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?
R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.
P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?
R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.
P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?
R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.
Con información de AFP.
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Paraguay, en el top 5 de sostenibilidad energética
Integra junto con Albania, Costa Rica, Suecia y Suiza, según el análisis realizado.
Paraguay se encuentra en el top 5 a nivel global en sostenibilidad energética, según el último Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). De acuerdo con el documento, el país se enfrenta a ciertos desafíos para mantener su liderazgo en términos energéticos.
Los cinco líderes en sostenibilidad de 2026 son Paraguay, Albania, Costa Rica, Suecia y Suiza, según el análisis realizado. En este sentido se cita que la electricidad limpia es el eje central del potencial. “Los líderes en sostenibilidad se caracterizan por sistemas eléctricos basados en energías renovables y otras fuentes de bajas emisiones de carbono, lo que les otorga una ventaja estructural para reducir las emisiones”, explica.
Por otro lado, también se apunta que la menor intensidad de carbono en el sistema es una de las principales ventajas, como así también la “estabilidad normativa a largo plazo y las señales claras de descarbonización siguen favoreciendo las tecnologías limpias, la reducción de emisiones y el progreso sostenido de la transición”.
DESAFÍO
La descarbonización del sistema es el principal desafío, de acuerdo al WEF. “Si bien estos países lideran en sostenibilidad, el progreso futuro dependerá de extender los logros en materia de energía limpia más allá del sector eléctrico, abarcando el transporte, la industria y la demanda energética de uso final”, destaca.
Con relación al índice de manera general, Paraguay se encuentra en la posición 88 de 120 sistemas analizados, siendo los líderes de la región Brasil y Chile. En este sentido se destaca que Paraguay (+13,4 %) y Colombia (+13,9 %) registraron los mayores avances, impulsados por un sólido desempeño hidroeléctrico y la ampliación de la capacidad renovable, junto con Macedonia del Norte (+14,5 %), Singapur (+13,6 %) y Eslovaquia (+6,2 %).
Paraguay cuenta con importantes recursos hídricos que permiten obtener un caudal importante de energía proveniente de dos hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, ambas compartidas con países vecinos. Además, un nuevo marco normativo permite que iniciativas privadas comiencen a explorar proyectos de generación, principalmente de sustento solar. El informe del Foro Económico evalúa el progreso de 120 países en su transición hacia sistemas energéticos más sostenibles, seguros y asequibles.
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Sancionan acuerdo de cooperación consular del Mercosur
En sesión ordinaria la Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo sobre el Mecanismo de Cooperación Consular entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, el 17 de julio de 2019.
La iniciativa busca fortalecer la asistencia y protección consular de los ciudadanos de los países miembros y asociados del bloque regional cuando se encuentren en terceros Estados donde su país de origen no cuente con representación diplomática o consular, fundamentó el diputado Juan Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Se trata de un documento que actualiza y profundiza la asistencia consular en la región”, explicó el legislador.
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Dijo además, que las acciones de cooperación estarán guiadas por los principios de solidaridad, cooperación y defensa de los derechos humanos. Todo ello guarda estrecha relación con los principios constitucionales paraguayos en materia de relaciones internacionales.
Según manifestó el parlamentario, entre las situaciones contempladas para la aplicación del mecanismo figuran casos de emergencia, necesidad o alta vulnerabilidad; asistencia a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.
Así también, se prevé brindar apoyo a personas privadas de libertad y procesos de repatriación; atención ante catástrofes naturales o provocadas por el hombre; e intercambio de información para la validación de documentos.
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UIP respalda mayor uso de biodiésel y destaca impacto en la industria nacional
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) expresó su respaldo a la resolución 472 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que establece una mezcla obligatoria de entre 8 % y 10 % de biodiésel en el gasoil tipo III, al considerar que la medida contribuirá al fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo y la reducción de la dependencia de combustibles importados.
A través de un comunicado institucional, el gremio sostuvo que la decisión representa un paso relevante dentro de la estrategia de industrialización del país, al promover un mayor aprovechamiento de las materias primas producidas localmente y generar valor agregado dentro de la economía paraguaya.
La resolución fue firmada el pasado 19 de junio y apunta a incrementar gradualmente la participación de biocombustibles en la matriz energética nacional. Para la UIP, esta política permite avanzar hacia una mayor seguridad energética y, al mismo tiempo, dinamizar diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.
Uno de los principales argumentos planteados por el sector industrial es que Paraguay cuenta con una importante producción de soja, pero todavía exporta una parte significativa de esa producción sin procesamiento. Según la UIP, transformar esa materia prima dentro del país permite generar nuevos productos, empleos e inversiones.
El gremio recordó que el procesamiento de la soja produce simultáneamente aceite destinado a la elaboración de biodiésel y harina proteica utilizada en la alimentación avícola, porcina y bovina. En ese sentido, destacó que la producción de biocombustibles no compite con la producción de alimentos, sino que forma parte de una misma cadena de aprovechamiento industrial.
La organización también subrayó que cada litro de biodiésel producido localmente reduce la necesidad de importar gasoil, contribuye a retener divisas dentro de la economía paraguaya y genera actividad económica en sectores vinculados a la agricultura, la industria y la logística.
No obstante, la UIP señaló que la implementación debe realizarse de forma gradual, responsable y bajo estrictos controles de calidad, garantizando previsibilidad para los inversionistas y seguridad para los consumidores.
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