El abogado Ricardo Preda informó durante una conferencia de prensa que la familia presidencial no tomará acciones legales tras la presentación de una denuncia penal sin sustento por parte de legisladores opositores tomando como base publicaciones del grupo empresarial Abc.

Preda fue categórico al afirmar que una investigación penal no puede abrirse sobre la base de lo que uno supone, y peor aún, si las suposiciones se basan en hechos que ni siquiera tienen relevancia penal.

El representante legal explicó, punto por punto, varias inconsistencias de la formulación hecha por un bloque de la oposición y que a su criterio no sostienen la supuesta comisión de hechos penales.

El acrecentamiento patrimonial se refiere a una época en la que el presidente Santiago Peña no ejercía ninguna función pública. Acá hay dos hechos corroborados, el acrecentamiento patrimonial y que no era funcionario público. De la conjunción de ambos no se infiere la comisión de ningún delito.

El acrecentamiento patrimonial del que habla la denuncia se dio en gran parte mientras él ejercía actividades privadas, antes de ser presidente de la República.

Yo no tengo que explicar cómo acrecenté mi patrimonio siendo una persona que ejerce una actividad privada. Aunque fuera pública, tampoco estoy obligado a probar que ese origen es lícito.

La compra del vehículo se hizo en diciembre del 2022, cuando aún no hubo una interna, ni elecciones, y por tanto Peña no era presidente, ni la firma del empresario era proveedora del Estado. Esta fue una compra, no fue un regalo.

Es importante decir que si uno encuentra un sobre y que sin abrirlo afirma que contiene dinero adentro, que lo guardó durante meses y que después lo entregó, no es muy consistente.

Acá lo que hay es una afirmación de una funcionaria de confianza que fue destituida justamente por haberse perdido la confianza. La pérdida de confianza no necesariamente tiene que ver con sustracción de dinero. La pérdida de confianza puede tener muchas explicaciones.

De los únicos sobres que se pueden hablar concretamente, con contenido de dinero, son aquellos donde se le daba instrucciones a esta persona de confianza para hacer pagos que son propios de su servicio.

No tiene ninguna ilegalidad en sí misma, o sea, el manejo efectivo no tiene ninguna ilegalidad.

Cualquier persona que le rodea al presidente, no solamente en Paraguay, en cualquier lugar del mundo, es probable que sea sometida a algunos test para determinar su confianza, por lo delicado que es estar en el entorno del presidente.

Se aplica el polígrafo justamente por la pérdida de confianza y para someterse a esa prueba, las personas han sido consultadas y consentían esa situación.

El comprador puede elegir perfectamente a nombre de quién hacer la factura. Si la hace a nombre de un familiar, como entiendo fue en este caso, yo creo que es algo que cualquier persona sabe que se puede pedir facturas a nombre de un familiar.

La primera dama no es funcionaria pública, por lo tanto no está obligada a hacer una declaración de bienes.

Como presidente de la República se puede reunir con diez mil personas, entre ellas empresarios, empresarios que han obtenido licitaciones con el Estado, eso va a pasar acá y en cualquier lugar.

Si se va a inferir directamente que se obtuvo un beneficio por eso, y más aún si no es el que decide las licitaciones, no se tiene ninguna base para iniciar una investigación porque eso es justamente hacer una suposición.

La licitación a la que se hace referencia se produjo dentro de la Itaipú Binacional, donde el presidente Peña no es el jefe.

El presidente fue accionista de ueno holding, perteneciente al Grupo Vazquez, donde participan varias empresas que han ganado licitaciones con el Estado. Peña ya no tiene acciones en este grupo.

En ninguna parte de la denuncia se hace mención a qué irregularidades tienen las licitaciones y un dato no menor es que en ninguna de esas licitaciones el que define es Peña.

La participación del presidente es minoritaria, de menos del 2 %, en una sociedad que luego adquiere otra. La adquisición de la firma Pasfin se dio en el 2020. El señor Carlos Oleñic, que fue directivo de Pasfin, fue imputado en el 2024, es decir, cuatro años después de la adquisición. Y los hechos concretos por los cuales fue imputado hacen referencia a Cepagro, donde el presidente no tiene absolutamente nada que ver.

No hizo ningún negocio directo, ni con Pasfin ni con Carlos Oleñic. Decir o afirmar que uno puede lavar dinero por el hecho de ser un accionista muy pequeño de una sociedad, que a su vez adquiere otra, en la cual una persona fue procesada con posterioridad es temerario.

Hacer una denuncia sobre la base de suposiciones no es acorde a un estado de derecho. Una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo y peor aún, si mis suposiciones se basan en hechos que ni siquiera tienen relevancia penal.

En el marco de una investigación penal, el que tiene el deber de recolectar la información es el Ministerio Público. En este caso, yo creo que ni siquiera hay mérito para abrir una investigación porque el Código Procesal Penal es claro, para abrir una investigación penal tienen que haber indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible.

Si el Ministerio Público considera abrir una investigación participaremos en ella, el presidente, respetuoso de las instituciones, se somete a cualquier investigación que se abra.