La Cámara de Apelación rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez de garantías Humberto Otazú. El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial de más de G. 306.188.500.

Los jueces de segunda instancia concluyeron que no existen motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público.

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Además, el tribunal de alzada citó a Prieto para el 10 de junio a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal. El objetivo de la diligencia es analizar posibles sanciones por los supuestos recursos dilatorios planteados durante el proceso. La ley establece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situaciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licitaciones públicas para beneficiar a empresas vinculadas, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al municipio de Ciudad del Este mediante pagos por mercaderías inexistentes.

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Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre, quien fue hallado culpable, en calidad de autor, del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Resultó víctima de la brutal agresión su pareja con quien convivía. El agente fiscal Rodrigo Giandinotto fue quien sustentó la acusación durante el desarrollo del juicio oral y público.

De acuerdo con el relato de los hechos, probados por la Fiscalía, el suceso se inició la noche del 30 de abril de 2024, cuando la víctima y el ahora condenado se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Curuguaty, compartiendo un encuentro.

En horas de la madrugada del 1 de mayo de 2024, se originó una discusión entre ambos. Ofuscado por la situación, Ruiz Díaz Villar agredió brutalmente a su pareja, propinándole golpes en el rostro, impactando su cabeza contra un objeto y arrastrándola por el suelo mientras continuaba atacándola ferozmente en diversas partes del cuerpo.

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Tras percatarse de que la mujer había quedado completamente inconsciente a causa de la golpiza, el agresor la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Curuguaty.

Los informes médicos presentados como evidencia revelaron que la víctima ingresó al centro asistencial en estado inconsciente y con lesiones de gravedad extrema, entre ellas, un traumatismo de cráneo grave, fracturas a la altura de la clavícula y politraumatismos severos en la zona del rostro y del tórax.

A través de los elementos probatorios producidos durante el debate público, la representación fiscal logró demostrar el dolo y el peligro mortal al que fue expuesta la víctima, obteniendo una sanción penal ejemplar por parte del Tribunal de Sentencia.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusa­ción presentada por el exin­tendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, y destrabó el proceso penal del exjefe comunal por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pan­demia.

La máxima instancia judicial concluyó que no existen moti­vos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amari­lla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la rea­lización de la audiencia preli­minar, etapa en la que se defi­nirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.

Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de con­fianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direcciona­das a empresas vinculadas al exintendente. Según la acu­sación, el perjuicio patrimo­nial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.

También se encuentran acu­sados en esta causa Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Flo­rentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Sego­via Acevedo, Maggi Eliza­beth Fariña Almada, Bue­naventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Áva­los. El proceso judicial que enfrenta el dirigente oposi­tor se originó durante la pan­demia del covid-19, y la impu­tación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Cor­beta, Alma Zayas y Verónica Chávez.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas enfrentarán un juicio oral y público por lesión de confianza y asocia­ción criminal en el caso cono­cido como “Tía Chela”, en el que se investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.100 millones.

El juez de Delitos Econó­micos Humberto Otazú fue quien decidió elevar el caso a juicio oral y público.