La abogada Margarita Colmán, representante legal de los propietarios de la Agroganadera Pindó, afirmó que los invasores de la propiedad privada no son campesinos sin tierra, sino ocupantes violentas y que incluso algunos cuentan con órdenes de captura por los ataques en el sitio, que ya llevan por lo menos 13 años.
“Es una situación muy desgastante, llevamos 13 años de una lucha continua, tanto a nivel judicial como a nivel de todas las instituciones del Estado que pudieran estar involucradas en la eventual solución de este conflicto, sin que hayamos llegado nunca a un buen puerto, desde el punto de vista fáctico, porque en lo que respecta a resoluciones, estamos con todas las respuestas que podríamos esperar por parte del Estado”, señaló la abogada, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Colmán explicó que en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) “se ha tramitado el expediente correspondiente a la solicitud presentada por esta agrupación de campesinos, entre comillas lo de campesinos sin tierra; ha sido rechazada con las resoluciones dictadas por el Indert. En el año 2021 se había planteado la tercera petición de expropiación de la propiedad y también fue rechazada en el Congreso”.
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En lo que respecta a trámites judiciales, dijo que están pendiente de la continuidad del expediente judicial abierto en contra de los líderes de la invasión. “Todos los cabecillas están denunciados y con orden de captura, siguen prófugos, entonces, en un proceso donde los procesados se encuentran prófugos. El proceso queda paralizado hasta tanto puedan ser capturados y puestos a disposición de la justicia”, refirió la abogada.
El grupo de campesinos está realizando cortes de ruta en la zona de Yvyrarobana, en Canindeyú, exigiendo la regularización de las tierras, actuando nuevamente con violencia en esa zona, y causando preocupación y zozobra a la población. La semana pasada se dieron dos eventos que causaron mucha indignación, la toma de rehén a un comisario de la Policía Nacional, y la retención de una ambulancia que trasladaba a un paciente.
“A nosotros nos dejó con los pelos de punta todo lo que está sucediendo, no nos extraña que haya sucedido algo así, de hecho, yo he sido tomada de rehén por las personas que están invadiendo la propiedad, y siempre han actuado con absoluta violencia. La estancia ha sido devastada, ha sido saqueada, quemada hasta los cimientos, hemos sido expulsados con absoluta violencia el 4 de diciembre del año 2019 por esta gente, son 300 personas que atacaron el último retiro que quedaba de la estancia, el retiro Guaraní”, sentenció la abogada.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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Abogada afirma que proyecto contra la ideología de género no reduce penas a abusadores
La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.
Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.
Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.
Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.
Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.
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Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.
Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.
Sectores que apoyan la propuesta
Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.
Requieren celebridad al Congreso
Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.
“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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LN PM: edición mediodía del 16 de octubre
IPPSE advierte que la abundancia de energía eléctrica en Paraguay llegará a su fin
Paraguay deberá impulsar nuevas fuentes de generación para responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, puesto que el superávit energético del que gozó durante décadas tiene fecha de expiración. “Ya no existe ninguna posibilidad de que en el futuro tengamos esa abundancia tremenda que estamos teniendo todavía ahora”, advirtió el ingeniero Ángel Recalde, presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), este viernes, en el programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM y GEN-Nación Media.
Durante la entrevista, Recalde expuso los ejes de un informe técnico que evalúa las alternativas para garantizar el abastecimiento futuro del país. El estudio contempla proyectos hidroeléctricos binacionales pendientes con Argentina, como Corpus e Itá Corá, así como la expansión de las infraestructuras existentes. Sobre Yacyretá, recordó: “Hay posibilidad de llegar hasta 30 máquinas con algunas condiciones”, mientras que en Itaipú se analiza instalar dos unidades adicionales y optimizar la potencia de los generadores actuales.
En lo relativo a los cauces internos, la investigación identificó cerca de 1.700 ubicaciones potenciales para pequeñas y medianas centrales, aunque la cifra se reduce a unas 22 localizaciones si se fija una capacidad mínima de 5 megavatios. Estos emprendimientos podrían sumar cerca de 400 megavatios en conjunto, pero su concreción enfrenta complejos desafíos. A modo de ejemplo, el especialista citó el caso del río Monday, donde “la zona a inundar sería realmente de muy alto costo” e implicaría un impacto ambiental discutible.
El nivel del río Paraná se mantiene estable y el sábado se espera un leve descenso
El nivel del río Paraná en la estación del Puente de la Amistad se mantiene estable tras varios días de intensas precipitaciones en el área de influencia de la Binacional. Según los registros oficiales, el cauce se sitúa en torno a los 121 metros sobre el nivel del mar, operando bajo un escenario de inundaciones moderadas que afectan a zonas ribereñas.
A partir del sábado se espera un leve descenso en el caudal, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC). No obstante, los pronósticos meteorológicos advierten sobre nuevas lluvias a mediados de la próxima semana, cuya intensidad podría alterar esta tendencia.
En consecuencia, las autoridades técnicas destacaron la necesidad de evaluar el impacto de las próximas precipitaciones antes de confirmar una bajante sostenida. Por este motivo, se solicita a los pobladores de los sectores vulnerables mantenerse en alerta y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.
Maquila supera los USD 1.140 millones en exportaciones
De acuerdo al último informe del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), solo en el mes de septiembre, los envíos totalizaron USD 139 millones. La estructura exportadora se concentra principalmente en cuatro rubros: autopartes, confecciones, bebidas y líquidos alcohólicos, y manufacturas de aluminio, que en conjunto representaron el 69% de los envíos acumulados. También se destacan los productos químico-farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, y productos alimenticios, entre otros bienes industriales.
Los países del Mercosur recibieron el 74% de las exportaciones registradas hasta septiembre. Dentro del bloque, Brasil y Argentina se destacan como mercados de destino para los productos elaborados en Paraguay bajo este régimen.
La concentración de los envíos en el mercado regional refleja la participación de la industria maquiladora paraguaya en las cadenas de producción y comercialización del bloque, particularmente en sectores manufactureros con presencia en mercados externos.
Avanza la fase final del Puente Bioceánico con tareas de terminación y ajuste estructural
La construcción del Puente de la Bioceánica, que conectará Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil), ingresa en su etapa de culminación con intensas tareas de terminación y ajuste estructural en ambas márgenes del río Paraguay. Financiada con fondos de Itaipú Binacional y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra representa el eslabón fundamental para dinamizar el comercio y la logística del Chaco paraguayo.
En el sector brasileño, las cuadrillas operativas trabajan en la instalación de plataformas para el retensado de los tirantes que sostienen el tablero, la colocación de un tubo telescópico en la pila P14 y la inyección de lechada en las vainas de postensado del vano central. Estas maniobras de alta precisión técnica buscan garantizar la máxima protección y estabilidad de los elementos de acero que soportan la estructura.
Por su parte, en el margen paraguayo se avanza en la construcción de cordones de hormigón a lo largo del tramo lateral, el montaje de estructuras auxiliares de calibración para los cables de sostenimiento y la canalización de electroductos bajo la ciclovía del viaducto de acceso. Asimismo, en los mástiles del tramo 3 se realiza el desmontaje de andamios y la hincada de pilotes para las barandas peatonales de la rampa de acceso.
El IPS pagará G. 430.000 millones en aguinaldo a jubilados desde el 17 de noviembre
El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que desde el próximo 17 de noviembre desembolsará alrededor de G. 430.000 millones para el pago del beneficio adicional anual destinado a sus jubilados y pensionados. La gerente financiera y administrativa de la previsional, Gladys Vera, detalló que el abono se acreditará de manera conjunta con los haberes correspondientes al mes de noviembre.
Respecto al origen de las altas sumas requeridas, la funcionaria aclaró que la cobertura financiera del aguinaldo proviene exclusivamente de las rentas e intereses generados por las inversiones del fondo de jubilaciones, por lo que no se emplean los aportes obrero-patronales habituales para este rubro. El monto global experimentó un leve incremento respecto al ejercicio anterior debido a la incorporación continua de nuevos beneficiarios al sistema.
Con miras a sostener la previsibilidad de este compromiso a largo plazo, el Consejo de Administración evalúa diversas alternativas técnicas para blindar la continuidad del pago. Entre las herramientas en análisis resalta la posibilidad de fijar un aporte adicional específico para los trabajadores activos, cuyo margen se situaría entre el 2 % y el 5 %.
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.