En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley de Arbitraje y remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Esta normativa regula de manera integral el arbitraje nacional e internacional en Paraguay.

Al momento de su puesta en consideración ante el pleno, la diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad señaló que emitieron un dictamen a favor, considerando que el objetivo central es establecer un marco jurídico claro y seguro para la resolución de conflictos a través del arbitraje, promoviendo mayor agilidad y transparencia en los procesos.

Indicó que la ley vigente 1879/2000 quedó rezagada frente a la devolución de la Ley de Arbitraje con respecto a la ley comparada. Agregó que la práctica demostró que las disposiciones contenidas en este marco normativo generaban excesivo intervencionismo judicial y falta de claridad en aspectos centrales limitando la eficacia de este mecanismo de resolución de conflictos.

Le puede interesar: Fuerte dispositivo policial se instala en Canindeyú por violento cierre de ruta

“Este nuevo texto introduce innovaciones sustanciales, que paso a citar; moderniza y actualiza las materias arbitrales, los principios generales y las reglas sobre designación de árbitros, reforzando la autonomía de la voluntad. Protege la actividad arbitral estableciendo plazos obligatorios para laudar, regulando honorarios y medidas cautelares, garantizando independencia y celeridad”, precisó la legisladora.

Agregó que la normativa optimiza también coordinación con el Poder Judicial, delimitando con precisión las competencias de los tribunales y actualizando los regímenes de anulación y ejecución de laudos nacionales y extranjeros.

La parlamentaria colorada dijo que este proyecto representa un paso trascendental para el Paraguay ya que moderniza nuestra legislación de arbitraje que ya tenía más de 20 años de vigencia y la adapta a estándares internacionales.

“Con esta reforma, fortalecemos la seguridad, reducimos la carga del Poder Judicial, y se promueve un mecanismo ágil y eficiente. Además de que posicionamos a nuestro país confiables para las resoluciones de conflictos”, acotó.

Otros aspectos que fueron resaltados durante el debate, incluso en las comisiones asesoras que han dictaminado, es que se prevén la concesión de residencia temporal automática por tres años, prorrogables mientras dure el arbitraje, con un trámite gratuito y rápido a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Asimismo, contempla la exoneración del pago de visas de entrada y el reconocimiento de la designación como documento suficiente para acreditar la función.

Con esto se pretende facilitar la participación de especialistas internacionales y garantizar que el país sea un destino atractivo y accesible para procesos arbitrales de relevancia regional, señalaron los parlamentarios.

Siga informado con: Internas ANR: más de 120 mil están habilitados para votar