El agente fiscal Federico Leguizamón dijo que continúa la investigación sobre los actos vandálicos registrados en Asunción, el pasado 28 de setiembre, después de que el Ministerio Público ordenó la liberación de los 28 demorados, en cumplimiento del plazo establecido por la legislación penal. Desde la Policía Nacional argumentaron que las aprehensiones fueron debido a disturbios y denuncias.

“Por disposiciones de la ley, sin que exista un proceso, solamente pueden estar privados de su libertad 24 horas. El hecho de que se haya ordenado la libertad no priva de que nosotros continuemos con las investigaciones y, posteriormente, la incorporación de nuevos elementos, como grabaciones, pruebas de informes que puedan determinar la participación o autoría de estas personas en algún hecho punible”, comentó Leguizamón, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que con las actas de procedimientos y con las informaciones que manejaban durante ese día no contaban con los “suficientes elementos para seguir privando de su libertad a las personas que fueron derivadas hasta la sede de la Agrupación Especializada. La carpeta está abierta y a partir de ahora se pueden incorporar elementos de certeza”.

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Leguizamón sostuvo que “estas actas policiales no determinaban cuál fue el actuar, ni el motivo, ni el por qué la detención de cada una de estas personas. En algunos casos señalaba de que contaban con materiales, por ejemplo, una jeringa, otras personas que contaban con palo de madera, pero no determinaban el actuar ni qué hechos cometió cada persona para determinar su condición. Eran muy genéricas las acciones de conocimiento".

La nula convocatoria y los actos vandálicos marcaron la movilización realizada el domingo. La iniciativa promocionada como una marcha juvenil terminó exponiendo nuevamente un trasfondo político, debido a la fuerte presencia de operadores opositores, quienes bajo su afán de conquistar el poder buscan instalar un escenario apocalíptico en el Paraguay.

Acompañada por una opereta mediática, impulsada por medios de comunicación que fungen como aliados y con discursos incendiarios esgrimidos por semanas, los dirigentes, altos referentes y simpatizantes opositores apuntaban a acarrear a jóvenes de entre 18 y 25 años considerados como la generación Z, bajo el intento de “nepalizar” nuestro país.

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