La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la Unidad de Información Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la República Argentina suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La ministra Liliana Alcaraz y Paulo Starc, presidente del ente argentino, realizaron la firma del acuerdo que establece el compromiso de las ambas instituciones de intercambiar toda información requerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente bajo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cualquier otra información que tengan la facultad de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional, sujeto al principio de reciprocidad.
Además, el convenio incluye la posibilidad de intercambiar experiencias e información estratégica que pueda servir a ambos firmantes para fortalecer sus funciones o el desarrollo de sus competencias de inteligencia financiera, el intercambio de estudios, investigaciones e información sobre tendencias actuales y nuevas, como también tipologías de lavado de dinero.
En alineación con la Recomendación 29 del organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se promueve el establecimiento de un marco de colaboración que garantice el acceso eficiente y seguro a la información, apoyado por tecnologías avanzadas, formación continua y monitoreo constante para optimizar los resultados.
Asimismo, las partes cooperarán entre sí en materia de capacitación, que sean organizados por las partes, en forma conjunta o por separado y también podrán solicitar asistencia técnica directa entre las mismas, o funcionarios delegados para el efecto de las instituciones suscribientes, de las cuales podrán acordar intercambio de mejores prácticas, experiencias y recomendaciones sobre el ejercicio de sus funciones y la aplicación y ejecución de políticas en materia de prevención, detección y erradicación del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y demás situaciones conexas.