• Por Juan Carlos Santos G.
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

La llegada del canciller israelí, Gideon Sa’ar, a Asunción no fue una visita más. No fue de cortesía, ni meramente protocolar, ni siquiera uno de esos encuentros diplomáticos que se repiten por inercia en las capitales del mundo. Lo que ocurrió ayer, tanto en Mburuvicha Róga como en la sede de la Cancillería y horas más tarde en el Congreso de la Nación, tuvo un carácter distinto: fue un gesto político cargado de simbolismo y, sobre todo, una señal inequívoca de que Israel decidió colocar a Paraguay en un rango especial dentro de su mapa de relaciones exteriores.La firma de convenios entre Sa’ar y el gobierno del presidente Santiago Peña –tanto con Cancillería como con el Ministerio de Defensa– podría interpretarse como parte de la agenda habitual entre dos países amigos. Cooperación cultural, asistencia técnica, fortalecimiento en materia de seguridad. Todo eso está en los documentos. Sin embargo, lo verdaderamente relevante está detrás del papel: la lectura estratégica que hace Israel de un aliado que tomó una decisión diplomática poco común y altamente significativa.

Paraguay es hoy uno de los seis países del mundo que mantiene su embajada en Jerusalén. Eso, en la diplomacia internacional, no es un dato menor. Es una declaración política que Israel no olvida y que valora de forma superlativa. Tiene un peso histórico para el pueblo judío y para el Estado de Israel, que considera a Jerusalén su capital indivisible y eterna.Ese gesto paraguayo iniciado por el gobierno de Horacio Cartes en julio de 2018 y recuperado durante el gobierno de Santiago Peña alteró la relación bilateral. Ya no se trata solamente de cooperación tradicional, sino de una convergencia simbólica y estratégica. Paraguay, un país de tamaño moderado, pero con una diplomacia coherente y clara, tomó una posición que la mayoría de los Estados evita: asumir públicamente que Jerusalén es la capital israelí y actuar en consecuencia.Por eso la visita de Sa’ar no es una visita cualquiera. Es, en realidad, un mensaje.

Israel envió a su canciller no para “saludar”, sino para reconocer y fortalecer un vínculo que considera prioritario. El contenido de las reuniones y la rapidez con la que se concretaron los acuerdos muestran que el Gobierno israelí entiende a Paraguay como un socio confiable en una región donde los alineamientos suelen fluctuar.Sa’ar llegó hasta Asunción para dejar claro que Israel observa a Paraguay con atención, respeto y gratitud. Y, sobre todo, que está dispuesto a elevar la relación a un plano que incluye aspectos que no siempre se discuten públicamente: cooperación en seguridad, intercambio tecnológico, proyectos culturales que buscan anclar la presencia israelí en el Cono Sur y un diálogo político fluido al más alto nivel.Para Israel esta es una relación que recién empieza a desplegar su potencial.

Este acercamiento ocurre también en un momento de reconfiguración global donde pequeños y medianos Estados –como Paraguay– pueden ocupar roles estratégicos si sostienen posiciones claras. La política exterior paraguaya, en este caso, se movió con convicción: tomó una decisión que pocos toman, la defendió y empieza a recibir las señales de retorno.En otras partes del mundo, una visita de canciller puede quedar en el plano del protocolo. En Paraguay, esta no lo fue. El simbolismo superó a la formalidad. Y la reacción israelí lo confirma.

El desafío ahora es capitalizar este momento. Los acuerdos firmados representan una hoja de ruta inicial, pero lo central es la confianza política que se consolidó. Israel está mirando a Paraguay de otra manera. Y eso abre la puerta a cooperación de alto impacto en tecnología, defensa, agricultura, innovación y proyección internacional.La visita de Gideon Sa’ar no fue una foto más para el archivo. Fue un mensaje diplomático, un gesto político y un reconocimiento a un país que se animó a actuar con coherencia en un tema que divide al mundo.Paraguay apostó por Jerusalén. Israel respondió con algo más profundo que la cortesía: con respeto, con atención y con una alianza que empieza a tomar forma.

El vicepresidente de la Repú­blica destacó el gran trabajo en equipo que llevan adelante en coordinación con los legis­ladores. Al respecto, el minis­tro de Tecnología de la Infor­mación y Comunicaciones, Gustavo Villate, resaltó que el encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre los poderes del Estado, en un marco de diálogo cons­tructivo y cooperación insti­tucional.

Villate detalló que también acompañaron al presidente en ejercicio; Marianna Saldívar, ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia; Juan José Galeano, asesor en Asun­tos Sociales y Económicos; y Laura Rolón, ministra asesora de la Presidencia.

Precisó que entre los temas abordaron de forma priorita­ria la agenda legislativa, entre ellos proyectos de iniciativa del Poder Ejecutivo que este martes figuraban en el orden del día, y recibieron la corres­pondiente sanción, como ser el proyecto de Ley “Mercado de Valores y Productos”; así como también el mensaje del Poder Ejecutivo N.° 302/2025, por el cual el Ministerio de Rela­ciones Exteriores absorbe por fusión la Secretaría de Desa­rrollo para Repatriados y Refu­giados Connacionales.

Asimismo, se analizaron ampliaciones presupuesta­rias remitidas por el Ejecu­tivo y otras iniciativas que forman parte del plan de for­talecimiento institucional y de modernización del Estado.

El abogado Óscar Tuma destrozó el montaje mediático de “los sobres del poder”, ratificando que el propio clan Candado habría admitido un incidente de extravío que se ocultó por meses en la zona más privada y de trabajo del presidente de la República, Santiago Peña; confirmando que esto se sumó a una serie de situaciones graves que estaban comprometiendo la seguridad y la privacidad en Mburuvicha Róga. Antes de que el relato de la exempleada se contaminara por la intervención “televisiva”, su marido había acudido al abogado para una mediación laboral, pero éste solo revalidó que se dieron varios hechos que condujeron a una “traición a la confianza”.

Poco después de la destitución de Luz Candado como coordinadora del servicio doméstico de la familia presidencial, el 25 de julio pasado, su marido Hugo Romero contactó con Tuma con la “intención de ver la posibilidad de una indemnización en el ámbito laboral”, según relató el abogado en una entrevista para Abc Color, el pasado 16 de setiembre. Con el ánimo de mediación, el profesional de leyes dijo que se acercó a César Ibarrola, director de Finanzas de la Presidencia.

“Yo me constituí ahí en Mburuvicha Róga, me reuní con Ibarrola, le comenté tal cual me comentó Hugo, esposo de la señora Candado, sin agregar nada, sin sacar absolutamente nada”, dijo Tuma a Abc Color, el 9 de octubre, para sostener sus dichos de hace tres semanas, entrevistado por Enrique Vargas Peña. “De la misma manera que él (Romero) relata, yo lo relaté al señor Ibarrola, buscando una indemnización. Inmediatamente, cuando le hablo de toda la información que yo recibí de parte de Hugo, él (Ibarrola) después me dice ‘en primer lugar, nosotros no podemos hablar de una indemnización porque el cargo que tenía la señora y todos sus familiares eran cargos de confianza, fueron nombrados por un decreto y así como fueron nombrados en ese cargo de confianza, la remoción no necesita ninguna explicación, se perdió la confianza y el decreto se dejó sin efecto’. O sea, no estamos hablando de un régimen establecido en el ámbito del Código Laboral, sino una cuestión que tiene que ver con el ámbito de la función pública”, indicó.

Tuma siguió describiendo su reunión con Ibarrola: “Me mostró el decreto, posteriormente me manifestó que, además de eso, había una desilusión por parte de la familia del presidente porque ellos le tenían mucho aprecio. Me muestra, recuerdo que te dije, un montón de fotos que tienen que ver con la intimidad (del clan Candado) que no vale la pena que yo te diga qué cosas, algunas se dieron a conocer; donde me dice ‘mirá, todo esto generó la pérdida de confianza del presidente de la República’”.

“Y después, él también me dice que ocurrió un hecho en el cual se violentó la oficina, la pieza del presidente de la República, cuando yo le hablo del polígrafo, que es lo que me habló Hugo, y me dice ‘fue un procedimiento, no jurisdiccional, sino fue un procedimiento que estableció el órgano de seguridad del presidente porque se violentó un recinto privado como es su habitación’. Entonces, los órganos de seguridad decidieron aplicar la prueba del polígrafo a todas las personas que tenían acceso a la habitación del presidente porque se robó algo de ahí”, añadió. En las entrevistas de Abc Color, tanto Luz Candado como su marido admiten que dieron su consentimiento y accedieron voluntariamente a la prueba, aceptando la gravedad del incidente de seguridad en la zona más privada de Mburuvicha Róga.

“Posteriormente me dice que, de esa prueba, el resultado dio negativo en cuanto a la señora Candado y sus manifestaciones. Y que entonces, en base a eso, por una recomendación de los órganos encargados de la seguridad del presidente y por la pérdida de confianza del propio presidente y por lo que estaba aconteciendo, se decidió dejar sin efecto ese decreto por el cual se la nombraba a ella. Y me aclaró de que ellos no iban a hacer ningún tipo de denuncia porque la investigación que se hizo era directamente por una cuestión que tiene que ver con la seguridad del presidente. O sea, se violentó su habitación. Entonces, los órganos de seguridad tenían que investigar qué es lo que ocurrió, y que ellos (la familia presidencial) iban a dar vuelta la página, no iban a hacer ningún tipo de denuncia y que era seguir con la vida adelante. Yo creo que lo mismo que te estoy relatando hoy, te relaté ese día”, puntualizó Tuma a Abc Color.

La versión difundida de la exempleada señala que había pasado un mes desde que devolvió lo presuntamente sustraído de la oficina del presidente, cuando se sumó otro grave incidente que comprometía directamente la seguridad del mandatario. Este hecho ocurrió cuando Candado fue la última en salir de Mburuvicha Róga y debía verificar los accesos porque la familia presidencial se ausentaría entre un viernes y el domingo del mes de julio pasado, según su propio relato.

El lunes siguiente llegó “un ingeniero que trabaja con la familia”, cuenta ella, y que lo acompañó a la zona privada de la casa. “Estábamos hablando y me pregunta ‘Luz, vos creés que por acá pudo entrar alguien o se pudo meter micrófono”. Luego, la propia entrevistada descarta la posibilidad de intromisión de alguien externo a la casa: “Quién se va a atrever a entrar en Mburuvicha Róga y quién va a conocer su vestidor”. Seguidamente, menciona que recibió el reclamo de la primera dama, al ir constatándose el incidente de seguridad: “No es la primera vez que se encuentra la puerta sin llave”, a lo que Candado asumió su responsabilidad por ser un dominio de su servicio de confianza.

El contacto inicial de Hugo Romero con Óscar Tuma -sin citarlos- para una mediación laboral fue referida en la introducción que hizo Mabel Rehnfeldt, el 16 de setiembre, en el estreno de la serie televisiva: “Los sobres del poder tienen que ver con hecho que nos enteramos fortuitamente en la segunda quincena de julio. Habían despedido prácticamente a toda una familia de Mburuvicha Róga. Esta familia quería demandar, habían contactado inicialmente con alguien (Tuma) y nos enteramos de eso”.

“Chequeamos con fuentes propias si había ocurrido algo en Mburuvicha Róga por el cual habían despedido a toda una familia, y las fuentes confirmaron que el escándalo fue tan grande que habían llevado poligrafistas de las Fuerzas Armadas a Mburuvicha Róga”, agregó en relación al incidente de seguridad en la zona privada de la casa presidencial, y aludiendo al fracaso de la mediación laboral, dijo: “Pensamos que íbamos a poder lograr hablar con ellos, pero el caso desapareció, se apagó, hasta que empeoraron los hechos y ahí fuimos contactados”.

“Quiero comentar que participé de la primera reunión, de muchísimas horas, había que ver si estaban diciendo la verdad, por separado, juntos, si tenían pruebas de lo que decían, si había fotos, si había documentos, y después se realizaron otras reuniones y ya finalmente se tomó la decisión de tomar la denuncia a nivel televisivo para poder respaldar la gravedad de los dichos de esta familia”, afirmó la conductora, añadiendo que: “Este caso es complicado de tratar porque aborda muchas partes privadas de Santiago Peña y su entorno“.

Al abrir la serie televisiva se deja en claro que Luz Candado era “la persona de mayor confianza” de la familia presidencial y “una de las pocas personas que podía acceder al área (de Mburuvicha Róga) prohibida para cualquiera que no sea la familia y personas de exclusiva confianza de ellos”, según las propias palabras de la conductora. Desde allí se presenta, con llamativas inconsistencias, una narrativa basada en conjeturas sobre “varios sobres”, un supuesto que después se intenta vincular con pagos que son propios del servicio para el cual se contrató a la exempleada, como la compra de ropa en una tienda de shopping o de insumos domésticos.

Según la propia versión de la exempleada, el 14 de octubre de 2024, una limpiadora que estaba a su cargo en la zona privada le habría avisado que encontró algo en el quincho “donde el señor hace oficina ahí y hay otras personas también que hacen oficina ahí”, dijo Candado sobre el área de trabajo del mandatario. La excoordinadora habla en Abc TV del supuesto hallazgo de dinero, aunque solo aportó una imagen en que se visualiza un sobre común, sin ningún indicio de su contenido, y afirmó que lo devolvió recién el 17 de junio de 2025, ocho meses después. “No entregué porque nadie reclamó”, se justificó.

“A mí me hablaron de un solo sobre. Cuando yo hablé con él (Hugo Romero), me habló de un sobre, que encontró y que después se devolvió, y que hubo un reclamo ahí de por qué se tardó. Yo te vuelvo a decir, me hablaron de ‘sobre’ y no me hablaron de cuánto había adentro de ese sobre”, comentó Tuma al programa de Rehnfeldt, el 9 de octubre.

“Le conté (a Ibarrola) lo que me contaron a mí. Él (Ibarrola) me confirmó que sí, que ella encontró el sobre y ahí hubo ya un malestar porque se entregó tarde”, recordó el abogado, lo que fue aprovechado por la conductora para exclamar que se “confirma que se encontraron sobres con dólares en efectivo”. Sin embargo, el Tuma rectificó inmediatamente: “No, no, no. Con dólares, no. No vayas a decir cosas que yo no digo. O sea, me habló (el funcionario) porque yo le dije que me contó mi cliente (Hugo Romero) de esta situación, de este sobre, que hubo un reclamo porque se entregó tarde”. Los conductores del programa insistieron en que supuestamente le dijeron el monto, pero Tuma se ratificó: “Yo no recuerdo que me haya hablado de monto”.

Omitiendo el contexto explicado por Tuma, algunos medios tomaron como supuesta “novedad” que el funcionario de Presidencia confirmó la narrativa de los “sobres”, pero el hecho señalado es la aparente sustracción de un sobre de una zona privada de la casa presidencial, que Candado ocultó durante ocho meses, sin revelar su contenido y sin justificar la excesiva demora para su devolución. El abogado sostuvo la misma explicación al volver a hablar con Abc Color, el 9 de octubre, en el espacio de Vargas Peña.

“Yo le hablé (a Ibarrola) del sobre y le hablé de un sobre, no de dos. Era porque la información que yo tenía era de un sobre. O sea, yo le relato tal cuál ocurrió. Él estaba así sentado y él me escuchaba. Yo le relataba todo: yo supe esto, supe que se encontró un sobre, supe que la señora guardó, me comentaron que la señora guardó por unos meses, que eso generó molestia en la familia del presidente, que le reclamaban por qué no dijo antes. O sea, todo era el relato que a mí me hicieron”, volvió a describir Tuma.

“Él (Ibarrola) me escuchaba y después pasó él a relatar su posición, rechazando cualquier tipo de indemnización y argumentándome los motivos, y argumentando también los motivos por los cuales se perdió la confianza en ese matrimonio que venía ya trabajando con el presidente desde antes de que él sea presidente. O sea, no hay nada más que agregar ni nada más que sacar. Ahora, si cada uno es libre de pensar si había dólares, euros, eso yo ya no puedo saber. Porque a mí tampoco Hugo me habló de una situación tal o cual monto. Me habló de un sobre, que es lo que yo le transmití al señor Ibarrola, y él me argumentó y me fundamentó el por qué no íbamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. O sea, me fui con la intención de obtener algo para una persona que acudió a mí, y salí con la negativa, como muchas veces pasa”, sentenció Tuma.

El abogado reiteró que la información que tenía se aferraba a la versión que le dijo Hugo Romero: “La conversación que tenía con él era por mensaje, algunas veces era a través de llamada, nos comunicábamos por Signal. Y yo, con total honestidad te digo, me habló de un sobre. Pero si me hubiera hablado de dos o tres, yo le hubiera transmitido así mismo a Ibarrola. O sea, le dije uno porque me dijeron uno. Si me decían dos, le iba a decir dos. A lo mejor él no me dijo, se olvidó de decirme el segundo. A lo mejor me dijo y yo no presté atención, pero a mi entendimiento siempre fue un sobre”.

“Te vuelvo a repetir que es una cuestión anecdótica. Podía haberme dicho dos, tres, cuatro, cinco y yo le iba a transmitir en ese mismo sentido a Ibarrola y él me iba a decir lo mismo. Es una cuestión de que relata tu mandante: nosotros acá no vamos a dar ningún tipo de indemnización y estos son los hechos que ocurrieron”, redondeó Tuma, aludiendo a que el incidente de la presunta sustracción fue solo un factor dentro de las graves circunstancias que llevaron a la pérdida de confianza. “O sea, se quiere encontrar algún pelo al huevo, no sé. Ya no te puedo saber. Mi participación fue el tratar de obtener algún tipo de indemnización que ni siquiera me dieron la esperanza de obtener”.

En la serie televisiva, Luz Candado cuenta que ese vínculo de confianza empezó el 2 de diciembre de 2019, y se mantuvo cuando el presidente electo se mudó a Mburuvicha Róga. El 18 de agosto de 2023 fue nombrada por decreto como “funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, cargo Coordinador, categoría C3E”, referencia que alude al cargo asignado por confianza, con lo que tenía un sueldo de G. 9.535.200, así como un vehículo a su disposición y viajaba con la familia presidencial al extranjero. Además, se le permitió contratar a otros 11 familiares en el servicio, con lo que el clan Candado percibía G. 48.393.160 al mes en salarios, tenía habitaciones propias en Mburuvicha Róga y usufructuaba las instalaciones de esta residencia, presuntamente incluso cuando se ausentaba la familia presidencial.

"Yo entiendo eso que le puede quitar el presidente a la hora que quiera porque es un cargo de confianza. Nosotros no objetamos eso", dijo Hugo Romero, esposo de Luz Candado, en un audio que habría enviado al abogado Óscar Tuma y que autorizó a que Abc Color difunda. “Yo no trabajo con el presidente, yo solamente me voy a la noche para dormir ahí en Mburuvicha Róga, ahí arriba que nos dieron una pieza", afirmó Romero en el mismo material. No obstante, la propia Rehnfeldt puntualizó que Romero “también hacía trabajos dentro de Mburuvicha Róga en sus ratos libres”.

El 2 de octubre, la exsenadora Kattya González y Felino Amarilla presentaron una denuncia penal contra Santiago Peña, con firmas de los legisladores Johanna Ortega, Rafael Filizzola, Raúl Benítez, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Adrián “Billy” Vaesken, Rubén Velázquez y Leidy Galeano. Otro grupo de aliados, Guillermo Ferreiro, Esther Roa, el exsenador Pedro Santa Cruz (Frente Guasú), entre otros, también presentaron una denuncia, el 25 de setiembre, basándose en las suposiciones sostenidas por Abc Color y opiniones afines. En representación del mandatario, el abogado Ricardo Preda dio una conferencia de prensa, el 3 de octubre, destrozando todas las conjeturas mediáticas.

El 16 de setiembre, el presidente Santiago Peña emitió un comunicado que concuerda con la respuesta que obtuvo Tuma al intentar la mediación laboral con Ibarrola, y que expresa: “Con respecto a la salida de la señora Luz Candado, quien se desempeñaba como coordinadora de servicio, quiero expresar que este es un tema que nos duele profundamente, porque involucra a alguien en quien, como familia, depositamos toda nuestra confianza”.

“Como presidente, no me corresponde acusar ni prejuzgar a nadie. Sin embargo, tampoco puedo aceptar que se construyan relatos torcidos y alejados de la verdad. La única verdad es que a Luz y a su familia les hemos dado un lugar de confianza en nuestro hogar y una oportunidad de crecimiento profesional, confiándole la coordinación de un servicio tan cercano a la vida familiar”, acota.

“Tengo la tranquilidad de haber procedido siempre conforme a derecho, con un trato humano, digno y con el apoyo necesario para que tanto ella como su familia puedan salir adelante”, señala en la última parte. “Finalmente, quiero ser claro: mi compromiso es y será siempre con la verdad, la transparencia y la justicia”.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue consultado acerca de la denuncia penal presentada por los legisladores de la opo­sición, que tomaron como base suposiciones y montajes sobre la existencia de sobres con dinero en Mburuvicha Róga.

Sobre el tema, Rolón Fer­nández aseguró a la emisora 730 AM que no toda denun­cia es suficiente, que tiene que cumplir ciertos requisi­tos para avanzar en la inves­tigación fiscal, echando por tierra la pretensión de los abogados Felino Amarilla y Kattya González, que fue­ron los asesores que elabo­raron la denuncia formulada el jueves.

El fiscal general explicó que en la actual legislación que rige para estos procedi­mientos “hoy tenemos nece­sidad de contar con están­dares de la información. A veces, no es solamente una denuncia suficiente, no es la mención de un funcionario influyente, no es solamente la mención de aspectos del hecho”, recalcó.

Agregó luego un aspecto muy importante que se aplica al cri­terio a la hora de avanzar en una carpeta fiscal. “De alguna forma, esa información sea procesada ya a través de que sea lógica, creí­ble, posible, realizable, se estruc­turan a veces una investigación individual o con equipos de tra­bajo”, subrayó Rolón.

Asimismo, sostuvo que al presidente de la República le asiste la presunción de ino­cencia y que debe ser consi­derado de esa forma hasta que se compruebe lo contrario.

“El estado de inocencia que, antes simplemente se ener­vaba con la prueba en contra­rio, hoy se enerva recién con una sentencia definitiva con­denatoria firme. Y en el ínterin que se sustancia la investiga­ción (…), la persona sospechada debe ser tratada como inocente en todas las instancias”, señaló Rolón Fernández.

El jueves 2 de octubre, ocho legisladores de la oposición, entre diputados y senadores, presentaron una denuncia penal contra el mandatario, por los supuestos hechos punibles como: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder.

Los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista; que fuera procesado como exministro del Interior por la compra irregular de helicópteros y el caso “comisarías de oro”), Esperanza Martínez (Frente Guasú), Ignacio Iramain (Encuentro Nacional; suplente de Kattya González) y el prietista Rubén Velázquez (Yo Creo), junto a los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Adrián “Billy” Vaesken (Partido Liberal), Raúl Benítez (Encuentro Nacional, cercano de Kattya González) y la prietista Leidy Galeano (Yo Creo) firmaron el documento patrocinado por la exsenadora Kattya González (removida del Senado por uso indebido de influencias, el 14 de febrero de 2024), junto a su propio abogado en el intento de recuperar su banca, Felino Amarilla, hermano de la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal) y defensor del exministro abdista de Seprelad, Carlos Arregui, acusado de orquestar la entrega y tergiversación de información confidencial del ente estatal en el gobierno anterior.

Previamente, el 25 de setiembre, Guillermo Ferreiro (defensor del exintendente esteño Miguel Prieto, destituido con 50 denuncias de corrupción) y María Esther Roa Correa (aliada de Kattya González en la Coordinadora de Abogados de Paraguay, Coapy) encabezaron otra denuncia con firmas del exsenador Pedro Santa Cruz (Frente Guasú) e integrantes de la organización que lidera Roa, Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY), como Carmen Edid Rodríguez, Tamara Roa, Estela Lanoza, Tereza Flecha, Miguel Ignacio Coronel, Lucía Serafini, Bernardino Zoria, entre otros.

Ambas presentaciones se fundan en las publicaciones elaboradas por el grupo mediático de Abc Color sobre el relato de la exempleada de la familia presidencial, Luz Maribel Candado Romero, removida el 25 de julio pasado del cargo de coordinadora del personal doméstico. La misma alega que encontró supuestamente sobres con dinero en su lugar de trabajo en octubre de 2024 y que devolvió ocho meses después, el 17 de junio de 2025; seguido, expuso que recibía dinero para realizar pagos cotidianos en función a su cargo. En un comunicado difundido el 16 de setiembre, Peña lamentó la pérdida de confianza en dicha coordinación y señaló “relatos torcidos y alejados de la verdad”.

La denuncia de Guillermo Ferreiro y Esther Roa recoge como pruebas las opiniones publicadas en medios de los legisladores Johanna Ortega y Raúl Benítez (que firman la otra denuncia), así como del exministro abdista Arnoldo Wiens (perdedor de las internas coloradas ante Peña). Mientras que el texto elaborado por Kattya González y Felino Amarilla exige que se investigue la evolución patrimonial de Peña desde 2017 a 2023, es decir, en el sector privado, antes de acceder a la función pública como presidente electo de la República, en abril de 2023, cuando venció a la Concertación Nacional, que aglutinaba a varios de los ahora denunciantes.

El senador colorado Derlis Maidana ratificó su apoyo al presidente Santiago Peña, seña­lando que desde el día uno de su mandato ha venido soportando ataques de desprestigios por parte de sectores de la oposición alia­dos con medios de comunicación. Criticó la idea de presentar una denuncia penal contra Peña sin arrimar ninguna prueba fehaciente y solamente con declaraciones y fotos que no son consistentes. Asimismo, destacó las declaraciones del abogado Ricardo Preda, asesor legal del matrimonio presidencial, quien dejó bien claro que dichas denuncias no tienen fundamentos. “Están usando la ver­sión de una sola persona, sin arrimar prueba alguna, porque no hay ninguna foto de sobres, como hubo alguna vez en la época de la alianza, cuando el viceministro de Obras Públicas repartía a varios sobres con referentes de la oposición”, expresó.

“Como primera dama de la Nación mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable, sin embargo, como Leti me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nom­bre, integridad e intimidad”, expresó Leticia Ocampos, en un comu­nicado emitido a través de las redes sociales.

La esposa del presidente Santiago Peña lamentó la manipulación de su nombre y de su familia mediante publicaciones en los medios del Grupo Abc presentando relatos sin fundamentos de exempleados de la familia presidencial, exponiendo supuestas conversaciones de la intimidad personal y tergiversando manejos cotidianos de gas­tos con el objetivo de sostener la fantasía de sobres que se habrían guardado por 10 meses, sin demostrar su existencia ni contenidos reales. “En la vida siempre me manejé con mucho respeto y buen trato hacia los demás y en particular en lo que refiere a personas de mi confianza, no puedo evitar brindarles además afecto y todas las oportunidades que se encuentren a mi alcance para que puedan crecer en todos los aspectos de su vida”, dijo la primera dama.

El abogado Óscar Tuma puntualizó un elemento fundamental de cualquier proceso penal.

El abogado Óscar Tuma salió al paso de la discusión mediá­tica generada en torno a la supuesta inversión de la carga de la prueba respecto al pre­sidente de la República, San­tiago Peña. Recordó que en el ámbito penal paraguayo rige el principio de presunción de inocencia.

“Sobre el punto, debemos recordar que en el ámbito penal rige el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacio­nal, lo cual implica que la carga probatoria recae siem­pre en el acusador (Ministe­rio Público o querella)”, dice parte del escrito que publicó en sus redes sociales.

Tuma remarcó que la condi­ción de presidente de la Repú­blica no altera esta regla, pues corresponde a la parte acu­sadora demostrar los hechos punibles.

“La condición de presidente de la República no altera esta regla, y corresponde a la parte acusadora demostrar los hechos punibles atribui­dos. Pero, corresponde decir que en los delitos de enrique­cimiento ilícito previsto en el Código Penal, si opera la carga probatoria dinámica: el Ministerio Público debe acreditar un aumento patri­monial desproporcionado y, a partir de allí, corresponde al funcionario explicar el ori­gen lícito de sus bienes, pero esto no constituye una inver­sión de la carga de la prueba”, señaló el abogado.

En conclusión, Tuma reiteró que el régimen vigente en el ordenamiento jurídico para­guayo mantiene la presun­ción de inocencia como regla general, siendo obligación de quien acusa probar sus afir­maciones.