La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia admitió ayer lunes su competencia para investigar la eventual responsabilidad de Rodrigo Granda Escobar, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, registrado el 21 de septiembre de 2004.
Tras revisar un recurso de apelación en contra de una decisión emitida en abril de 2024, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad admitió la competencia frente a los hechos que se presentaron en territorio paraguayo. En diciembre pasado, Granda fue beneficiado con la amnistía por el delito de rebelión en cinco procesos relacionados con su pertenencia al extinto grupo armado, entre ellos, la “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC”.
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A través de una nota diplomática, el Ministerio Público paraguayo había reiterado la solicitud al Ministerio de Justicia colombiano para que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que Granda sea enjuiciado por el secuestro de Cecilia Cubas, que culminó con el hallazgo de su cadáver en 2005. El exguerrillero habría colaborado con la planificación y ejecución del delito en coordinación con el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La providencia también instruyó una serie de comunicaciones y notificaciones oficiales, pues ordenó a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho informar a las autoridades del Paraguay sobre el avance de la causa. En ejecución de lo dispuesto por el tribunal de paz, la decisión será notificada “al señor Rodrigo Granda Escobar, a su apoderado judicial y al delegado del Ministerio Público ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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A cuatro años del crimen de Pecci, investigación internacional avanza con resultados positivos
Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.
Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.
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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.
Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.
Captura y condena de autores materiales
En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.
La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:
- Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
- Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
- Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
- Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
- Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
- Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.
Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
Eslabón perdido
A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.
En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.
Cooperación Internacional
Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.
A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.
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A cuatro años del crimen, familia de Pecci reitera su clamor de justicia
En coincidencia con los cuatro años del crimen del fiscal especializado en lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, su familia dio a conocer un comunicado en el que reitera su pedido de justicia y esclarecimiento del caso.
“Hoy no queremos confrontaciones, y si las hay… que sea con la verdad y con quienes ordenaron su muerte. ¡SUPLICAMOS JUSTICIA!. No con voz temeraria, sino con la voz que sale de nuestros corazones que de manera diaria remiendan el amor que quedó desamparado, una voz que busca tenazmente mantener su memoria intacta, revivir y transmitir sus valores y, por sobre todo… cobijar a su hijo”, expresa el manifiesto.
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Destaca que existen hipótesis, nombres, diligencias, “pero no son suficientes por eso clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: el tiempo pasa, pero NO NOS DEJEN SOLOS, el afán de justicia se enciende cada día más”.
La familia del extinto agente del Ministerio Público expone además su postura sobre la problemática del crimen organizado al sostener que “ya no se trata solo de su muerte, se trata del Paraguay y del mundo”.
“No podemos ser una sociedad que se funde en la quietud ante el crimen organizado, la corrupción o la indiferencia de gente que prefiere el silencio antes que la verdad y la Justicia”, señala.
A cuatro años del asesinato de Pecci, su familia insiste en que no está conforme con las pericias.
“Exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan”, advierte.
“Queremos que todo salga a la luz… esa luz que de manera recurrente nos cuesta ver… ¿Quién ordenó su muerte? ¡JUSTICIA PARA MARCELO PECCI!”, concluye el comunicado.
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Colombia: explosión en mina de carbón deja cuatro obreros atrapados
Al menos cuatro personas quedaron atrapadas tras una explosión en una mina de carbón del centro de Colombia, donde otro accidente similar dejó nueve muertos hace una semana, informaron autoridades el domingo.
Los percances mineros son constantes en esa región colombiana y suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales.
“Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca (cuya capital es Bogotá), por la red social X hacia la medianoche del sábado al domingo. Agregó que la “explosión” se produjo en la mina Las Quintas de la aldea de Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, al finalizar la tarde del sábado.
La oficina de Gestión del Riesgo de Cundinamarca señaló también por X: “Atendemos (la) emergencia” en la que “preliminarmente se reportan 4 personas atrapadas”. Los atrapados estarían a unos 500 metros de profundidad, según medios locales.
El pasado lunes se produjo una explosión en otra mina subterránea de carbón en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), con saldo de nueve muertos y seis rescatados. Otros seis trabajadores también fallecieron en febrero luego de un estallido en una mina de carbón ilegal en Guachetá, en el mismo municipio de Sutatusa. En Cundinamarca también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.
Fuente: AFP
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Gobierno colombiano suspende orden de captura del jefe narco “Chiquito Malo”
El gobierno de Colombia dispuso la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo”, jefe del mayor cartel del narcotráfico y 28 miembros más de la organización, pese a que se había comprometido con Estados Unidos a redoblar su persecución, según un documento oficial divulgado el viernes.
“Chiquito Malo” lidera el poderoso Clan del Golfo, considerado terrorista por Washington, que negocia su desarme en Catar a cambio de beneficios penales desde septiembre del año pasado. Los diálogos forman parte de la agonizante política de paz del izquierdista Gustavo Petro, quien intenta alcanzar algún acuerdo con los principales grupos armados del país, antes de dejar la presidencia en agosto.
En un documento fechado el 29 de abril, el consejero presidencial de paz Otty Patiño pide a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura a favor Jobanis de Jesús Ávila, nombre real de Chiquito Malo, y otros miembros del Clan.
La intención es que puedan ingresar a una zona del noroeste del país designada por el gobierno para seguir con las negociaciones de paz, según un comunicado en X de la oficina del Alto Comisionado de Paz.
El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía “imposible” lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.
En febrero, Petro acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, redoblar la persecución de los principales capos narco colombianos, entre ellos Chiquito Malo, durante una visita a la Casa Blanca que puso fin a meses de tensión diplomática entre los aliados históricos.
Washington retiró el año pasado a Colombia la certificación de aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narco.
El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga y sus lucrativas rentas, que están en el foco de la ola violencia en el país.
Chiquito Malo, un criminal hermético de baja estatura, dirige desde 2021 la banda criminal que opera bajo un modelo de franquicias en reemplazo de Otoniel, capturado ese año y extraditado a Estados Unidos. El grupo ha aumentado sus filas bajo su mando, según cifras de las autoridades.
Asesinan a un periodista
Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro. El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).
En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo. Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano.
“La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.
“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende al periodista en Colombia.
Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.
La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.
Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.
Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.
A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.
Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.
La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.
Fuente: AFP.