El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que la reforma del transporte público en el área metropolitana no atropella en absoluto los derechos laborales. El funcionario de Estado indicó que el proyecto aprobado recientemente por el Senado garantiza la movilidad, la realización de huelgas y paros.
“Nosotros entendemos desde el Gobierno que es un derecho del ciudadano la movilidad y es una obligación del Estado. La movilidad facilita llegar a ejercer otros derechos como la salud, el trabajo, la educación y, por qué no, la diversión y todo lo demás. Por lo tanto, la movilidad de por sí es un derecho del ciudadano y, al mismo tiempo, potencia el ejercicio de otros derechos. El Estado tiene que garantizar que ese derecho fluya, por eso que el servicio de transporte público tiene que ser continuo y regular", dijo Fernández en una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
El viceministro puntualizó que “el proyecto no vulnera ningún derecho laboral en absoluto, de hecho en el artículo 39, en su versión presentada al Congreso originalmente, se establece claramente que se garantizan todos los derechos laborales existentes. Hay un Código Laboral, hay normas laborales, incluso hay un Ministerio de Trabajo, todo el ámbito laboral hoy ya está reglado en las normas que corresponden“.
Los choferes alegan que al establecerse como imprescindible el servicio del transporte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Para que ambas partes puedan ejercer sus derechos (trabajadores y ciudadanía) se fijó el concepto de imprescindible y servicios mínimos garantizados. Si se establece un mínimo garantizado, la huelga puede darse, el paro puede darse porque no van a funcionar la totalidad de los buses, pero si no funciona la totalidad, el derecho a la movilidad se ve conculcado“, explicó el viceministro.
Fernández continuo argumentando que “en el proceso legislativo del Senado se sacó la palabra regular y se puso la palabra mínimo y se estableció cuál va a ser el porcentaje mínimo en caso de huelgas. Entonces, se colocó que en la hora pico sería el 70 % de los buses que regularmente funciona y en la hora no pico, se fijó un 60 %“.
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No obstante, indicó que con la huelga o paro del 30 % de los buses se verán afectados aproximadamente 100.000 personas. “El mínimo es la manera de hacer compatible que los dos derechos se precautelen. Nosotros entendemos y creemos que es importante darle un proceso acelerado al proyecto, porque ya es necesaria esta reforma“, sentenció.
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la ley n.° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”, impulsado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), antes de su media sanción, fue analizado por un total de 10 comisiones asesoras de la Cámara Alta. Durante su tratamiento en la plenaria fueron objetados un total de 92 artículos, de los cuales se aceptaron 20 cambios y en uno se introdujo una corrección de forma para mejorar la redacción.
Principales puntos acordados
Entre los principales puntos acordados, se resaltan las garantías para la continuidad laboral de los conductores, la creación de un fondo de cobertura de indemnizaciones a cargo de las empresas, y la declaración del servicio de transporte público de pasajeros como un servicio imprescindible, con la obligación de mantener niveles mínimos de cobertura durante huelgas o paros.
La iniciativa será remitida a Diputados y propone la creación de un marco que permita la modernización del transporte público mediante la incorporación de buses nuevos, la implementación de tecnologías innovadoras y la adopción de modelos de gestión sostenibles para los futuros concesionarios, siempre con los usuarios en el centro de las prioridades.