La autoridad migratoria colombiana reveló ayer martes que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Además, la pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en el país en 2007, según ese departamento. Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca (centro) y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casa Macondo.

Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada. Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en Colombia el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió tres días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casa Macondo.

“Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana”, dijo en X el presidente izquierdista Gustavo Petro. En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). El expresidente de derecha ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de caracter formal.

No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002. Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y a Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje.

Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en Colombia ese año.

“Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente”, dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”, agregó.

Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell. Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado de explotación sexual.

Fuente: AFP.

Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

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En coincidencia con los cuatro años del crimen del fiscal especializado en lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, su familia dio a conocer un comunicado en el que reitera su pedido de justicia y esclarecimiento del caso.

“Hoy no queremos confrontaciones, y si las hay… que sea con la verdad y con quienes ordenaron su muerte. ¡SUPLICAMOS JUSTICIA!. No con voz temeraria, sino con la voz que sale de nuestros corazones que de manera diaria remiendan el amor que quedó desamparado, una voz que busca tenazmente mantener su memoria intacta, revivir y transmitir sus valores y, por sobre todo… cobijar a su hijo”, expresa el manifiesto.

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Destaca que existen hipótesis, nombres, diligencias, “pero no son suficientes por eso clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: el tiempo pasa, pero NO NOS DEJEN SOLOS, el afán de justicia se enciende cada día más”.

La familia del extinto agente del Ministerio Público expone además su postura sobre la problemática del crimen organizado al sostener que “ya no se trata solo de su muerte, se trata del Paraguay y del mundo”.

“No podemos ser una sociedad que se funde en la quietud ante el crimen organizado, la corrupción o la indiferencia de gente que prefiere el silencio antes que la verdad y la Justicia”, señala.

A cuatro años del asesinato de Pecci, su familia insiste en que no está conforme con las pericias.

“Exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan”, advierte.

“Queremos que todo salga a la luz… esa luz que de manera recurrente nos cuesta ver… ¿Quién ordenó su muerte? ¡JUSTICIA PARA MARCELO PECCI!”, concluye el comunicado.

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Al menos cuatro personas quedaron atrapadas tras una explosión en una mina de carbón del centro de Colombia, donde otro accidente similar dejó nueve muertos hace una semana, informaron autoridades el domingo.

Los percances mineros son constantes en esa región colombiana y suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales.

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“Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados”, indicó Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca (cuya capital es Bogotá), por la red social X hacia la medianoche del sábado al domingo. Agregó que la “explosión” se produjo en la mina Las Quintas de la aldea de Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, al finalizar la tarde del sábado.

La oficina de Gestión del Riesgo de Cundinamarca señaló también por X: “Atendemos (la) emergencia” en la que “preliminarmente se reportan 4 personas atrapadas”. Los atrapados estarían a unos 500 metros de profundidad, según medios locales.

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El pasado lunes se produjo una explosión en otra mina subterránea de carbón en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), con saldo de nueve muertos y seis rescatados. Otros seis trabajadores también fallecieron en febrero luego de un estallido en una mina de carbón ilegal en Guachetá, en el mismo municipio de Sutatusa. En Cundinamarca también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad.

Fuente: AFP