La comunidad indígena La Abundancia, del pueblo nivaclé, decidió suspender temporalmente la movilización de este miércoles en el Cruce Pioneros (Presidente Hayes), tras reunirse con el presidente del INDI, Hugo Ramón Samaniego Hermosilla.

El titular del INDI solicitó una tregua y asumió el compromiso de enviar este jueves a responsables de las áreas Jurídica y Territorial hasta la comunidad, con el objetivo de avanzar en las gestiones necesarias para resolver el proceso de titulación pendiente desde 2010.

La comunidad resolvió aceptar el pedido como una señal de respeto y buena voluntad, y aguardará el resultado de las gestiones antes de definir sus próximos pasos.

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“Nuestra intención es tener nuestro título y poder trabajar en nuestra tierra, nunca propiciar un conflicto. Nuestros 16 años de paciencia lo demuestran”, expresó el líder nativo Abelino Toledo López tras la reunión mantenida en la Comisaría Los Pioneros.

Añadió que, por respeto a la palabra empeñada del titular del INDI, decidieron aceptar la tregua y evaluar los avances que puedan lograrse.

Durante el encuentro, también expusieron su preocupación por la situación registral de las aproximadamente 26.000 hectáreas adquiridas por el INDI en 2010 con destino a la comunidad.

Entre los antecedentes presentados, señalaron que una finca de más de 10.000 hectáreas comprendida en el proceso figura registralmente a nombre de PANACOM S.A. , situación sobre la cual reclaman esclarecimiento y regularización.

La comunidad informó que, si durante la jornada del jueves no se producen avances concretos respecto de sus demandas, retomará su plan de lucha el viernes.

“Esperamos que esta tregua permita encontrar una solución. Lo que buscamos después de 16 años es acceder finalmente a las tierras que nos corresponden y poder trabajar en ellas”, agregó Toledo López.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, avanzan en un trabajo conjunto orientado a garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que se encuentren legalmente habilitadas, en el marco de una mesa técnica interinstitucional creada para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.

En este espacio, las instituciones analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, evaluando las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado y conforme a la normativa vigente.

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Las autoridades coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos, por lo que se busca identificar y remover las barreras operativas que impiden el ejercicio del voto de aquellas personas que mantienen este derecho conforme a la ley.

El trabajo conjunto permitirá establecer responsabilidades, procedimientos claros y mecanismos de coordinación que hagan compatible la organización electoral con la realidad de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en favor de una democracia más inclusiva.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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