El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, citó por segunda vez al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el proceso penal conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio patrimonial de G. 2.949.650.000. Prieto tendrá que comparecer los días 7, 8 y 9 de octubre, a las 08:00. Igualmente Prieto ya fue citado para los primeros días de octubre por el caso conocido como Tajy.
En la diligencia judicial se definirá si Miguel Prieto y otros procesados van a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
Compras irregulares en pandemia
El proceso penal contra Prieto tiene relación con un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
Te puede interesar: Estafa a menonitas: Corte ratifica proceso penal contra imputados
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña.
La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del covid-19.
Dejanos tu comentario
Expresidente del BCP estará recluido en la Agrupación Especializada por 15 días
En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.
“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.
Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.
El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.
Lea también: Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.
Carvallo imputado por tres hechos punibles
Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Te puede interesar: Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
Dejanos tu comentario
Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
Dejanos tu comentario
Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
Lea también: Juan Carlos Baruja al MOPC, en reemplazo de Claudia Centurión
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
Te puede interesar: Leite plantea la creación de una comisión bicameral para investigar el caso ueno
Dejanos tu comentario
Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
Te puede interesar: Ministerio de Trabajo inspecciona a empresas de ueno bank y grupo Vázquez
Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
Podes leer: Corte gestiona recuperación de más de G. 250 millones retenidos en ueno bank