La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.

Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un construc­tor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid -19.

Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposi­ción de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se con­firma tras dos años de conti­nuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus lea­les que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.

Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia por el covid -19 que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expa­reja que simularon compe­tencia en procesos licitato­rios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Floren­tín. Don Morínigo en la rea­lidad se dedicaba a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, pues­tos por el mismo en “cargos de confianza” clave, manio­braron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipu­lado en contrato.

El fraudulento proceso lici­tatorio fue ejecutado en con­nivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferen­tes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipa­lidad. (Ver infografía)

En la factura de compra apa­recen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de leva­dura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de man­teca, etc. Sin embargo, la Fis­calía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.

Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Fran­cisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Floren­tín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la UOC de la muni­cipalidad. Otros subordina­dos de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alca­ráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.

Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.

Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.

La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.

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En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.

En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.

Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.

En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.

En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.

En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.

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El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.

Desde la Contraloría Ciudadana se rati­ficó la denuncia rea­lizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licita­ción en la mensura judicial de la finca 66, en la administra­ción de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.

El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciu­dadana, adelantó que se reali­zará la ampliación de la denun­cia penal en contra del exjefe comunal.

“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa lici­tación para la mensura judi­cial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapi­dar los recursos de la munici­palidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.

La organización realizó la denuncia por graves irre­gularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geo­cad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millo­nes.

“Del análisis bastante pro­fundo que hicimos, de las documentaciones que acce­dimos del portal de la Direc­ción de Contrataciones Públi­cas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se con­trató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con rela­ción a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que tam­bién existen otras personas involucradas.

“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las per­sonas que participaron, cabe al Ministerio Público verifi­car quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dicta­minó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la Municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.

Desde la Contraloría Ciudadana se ratificó la denuncia realizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licitación en la mensura judicial de la finca 66, en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.

“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa licitación para la mensura judicial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapidar los recursos de la municipalidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.

La organización realizó la denuncia por graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millones.

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“Del análisis bastante profundo que hicimos, de las documentaciones que accedimos del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se contrató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con relación a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que también existen otras personas involucradas.

“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las personas que participaron, cabe al Ministerio Público verificar quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dictaminó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.

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