La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.

Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un construc­tor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid -19.

Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposi­ción de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se con­firma tras dos años de conti­nuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus lea­les que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.

Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia por el covid -19 que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expa­reja que simularon compe­tencia en procesos licitato­rios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Floren­tín. Don Morínigo en la rea­lidad se dedicaba a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, pues­tos por el mismo en “cargos de confianza” clave, manio­braron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipu­lado en contrato.

El fraudulento proceso lici­tatorio fue ejecutado en con­nivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferen­tes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipa­lidad. (Ver infografía)

En la factura de compra apa­recen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de leva­dura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de man­teca, etc. Sin embargo, la Fis­calía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.

Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Fran­cisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Floren­tín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la UOC de la muni­cipalidad. Otros subordina­dos de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alca­ráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.

El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.

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Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.

Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.

Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.

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Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado. La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría. En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.

El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.

El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.

El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.

En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.

La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.

“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.

Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.

En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.

Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.

Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.

El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.

Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.

Sánchez, que tituló su biografía como “Manual de resistencia”, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.

Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.

La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.

El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.

Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

Fuente: AFP.