La Cámara Alta decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de Alerta “Mafe”. La decisión fue tomada en la sesión ordinaria tras el pedido del senador Javier Zacarías Irún.
El legislador explicó que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que abordó el tema en la víspera, se informó que el ministro del Interior, Enrique Riera y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, desean participar en una reunión con los senadores para ofrecer mayores detalles sobre la iniciativa y eventualmente proponer ajustes.
“Creo que es oportuno postergar este proyecto por ocho días y así poder escuchar a las partes que van a tener el compromiso de ejecutar esta ley”, sostuvo Zacarías Irún ante el pleno. Los legisladores votaron a favor de la postergación para el tratamiento de la propuesta legislativa.
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¿Qué contempla la propuesta?
El proyecto, conocido como “Ley Mafe”, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y surge a raíz del caso de María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años de Coronel Oviedo cuyo asesinato generó conmoción nacional.
La normativa busca establecer un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que centralice los datos de todas las denuncias a nivel país, y un sistema de alerta temprana, inspirado en el modelo “Amber Alert” que funciona en otros países. El mecanismo pretende garantizar que, una vez denunciada una desaparición, las instituciones del Estado reaccionen de forma inmediata y coordinada, con difusión masiva de la información.
Entre los puntos centrales se destacan:
- La eliminación de cualquier período de espera para realizar denuncias de desaparición.
- La obligación de la Policía y la Fiscalía de actuar de inmediato.
- La coordinación interinstitucional para mejorar la búsqueda.
- La participación de medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones en la difusión de las alertas.
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Senado: impulsan ley para facilitar viajes de menores ante falta de cuidado parental
Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.
La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.
La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).
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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.
Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.
La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.
“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.
Evitar la “moneda de cambio”
La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.
Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.
Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.
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Otorgan visto bueno para avanzar en acuerdo con Japón para desarrollo satelital en Paraguay
De manera conjunta sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.
Como primer punto del orden del día se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.
Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.
Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde. Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.
Hambre Cero
En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.
Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.
Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.
En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas.
Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.
Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.
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Senado redefine Caja Parlamentaria con ajustes, elevando la edad de jubilación y sin aporte estatal
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”. El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, la cual deberá ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.
El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introducidas al proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, señalando que existe consenso para elevar la tasa de aporte del legislador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modificaciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el proyecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.
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Recursos para financiar el fondo
La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que establece en su artículo 6° el aporte de los legisladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de representación.
Los jubilados parlamentarios y pensionados deberán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mientras que aquellos con ingresos superiores a G. 15 millones aportarán el 15 %.
El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.
Principales artículos
Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.
Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubilación ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).
Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubilación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).
Haber jubilatorio: El artículo 17 fue aprobado con modificaciones:
- Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 15 años.
- Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últimos 10 años.
- Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.
Indemnización de afiliados: el artículo 29 fue aprobado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.
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Por ley quieren fijar los 14 años como edad máxima para la atención pediátrica
Un proyecto de ley presentado este martes por dos diputados de la Asociación Nacional Republicana (ANR), plantea fijar los 14 años como edad máxima para la atención en la especialidad de Pediatría.
Según la exposición de motivos, la extensión “ambigua” de la pediatría hasta los 18 años genera la saturación del sistema pediátrico y una “infantilización del adolescente”.
Es así que los proyectistas alegan que jóvenes de 15 o 16 años “se sienten incómodos y fuera de lugar en salas diseñadas para la primera infancia, reduciendo su deseo a los controles preventivos y de tratamientos”.
El proyecto propone que, a partir de los 15 años, los pacientes sean derivados de forma programada a especialistas en pediatría o, en su defecto, a médicos de familia.
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Asimismo, se fundamenta que en esta etapa, “el eje hormonal experimenta cambios profundos de la pubertad avanzada” y que el perfil metabólico del adolescente “deja de ser de un niño para parecerse más al del adulto joven”, lo que justificaría un enfoque diferenciado en la atención.
Pero también el proyecto contempla excepciones, como en casos de enfermedades crónicas complejas que requieran continuidad con el pediatra hasta los 18 años, así como en unidades de salud familiar o zonas remotas, y en situaciones de urgencia, donde ningún centro asistencial podrá negar atención por razones de edad.
La propuesta legislativa es impulsada por los legisladores Arturo Urbieta y Miguel del Puerto. El documento deberá ser analizado primero en comisiones y luego en sesión de la Cámara de Diputados.
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