El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con la Comisión Especial de Investigación, como respuesta al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la iniciativa busca atender con urgencia un problema que ha generado miles de juicios ejecutivos irregulares en Paraguay, expuso ante el pleno de la Cámara.
“Particularmente personas en situación de vulnerabilidad han sido víctimas de procesos sin la debida notificación, con expedientes judiciales que desaparecen y con embargos injustos, en abierta violación a los derechos fundamentales”, señaló.
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Entre las medidas más relevantes se establecen el saneamiento de expedientes no localizados, es decir, las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra; en caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.
También contempla la suspensión y levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados, la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso.
La protección a personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública, la modernización de notificaciones, incorporando el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder a información sobre sus juicios. El proyecto fue aprobado con modificaciones y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.
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Mafia de los pagarés: Corte informó sobre auditorías, sumarios e imputaciones
En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
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Senado posterga por 8 días tratamiento del proyecto de ley “Mafe”
La Cámara Alta decidió postergar por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de Alerta “Mafe”. La decisión fue tomada en la sesión ordinaria tras el pedido del senador Javier Zacarías Irún.
El legislador explicó que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que abordó el tema en la víspera, se informó que el ministro del Interior, Enrique Riera y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, desean participar en una reunión con los senadores para ofrecer mayores detalles sobre la iniciativa y eventualmente proponer ajustes.
“Creo que es oportuno postergar este proyecto por ocho días y así poder escuchar a las partes que van a tener el compromiso de ejecutar esta ley”, sostuvo Zacarías Irún ante el pleno. Los legisladores votaron a favor de la postergación para el tratamiento de la propuesta legislativa.
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¿Qué contempla la propuesta?
El proyecto, conocido como “Ley Mafe”, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y surge a raíz del caso de María Fernanda Benítez, una adolescente de 17 años de Coronel Oviedo cuyo asesinato generó conmoción nacional.
La normativa busca establecer un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que centralice los datos de todas las denuncias a nivel país, y un sistema de alerta temprana, inspirado en el modelo “Amber Alert” que funciona en otros países. El mecanismo pretende garantizar que, una vez denunciada una desaparición, las instituciones del Estado reaccionen de forma inmediata y coordinada, con difusión masiva de la información.
Entre los puntos centrales se destacan:
- La eliminación de cualquier período de espera para realizar denuncias de desaparición.
- La obligación de la Policía y la Fiscalía de actuar de inmediato.
- La coordinación interinstitucional para mejorar la búsqueda.
- La participación de medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones en la difusión de las alertas.
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Diputados aprueba con modificaciones proyecto que limita embargos a funcionarios públicos
La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.
El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.
La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.
Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.
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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.
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El Senado aprobó en general el proyecto de Reforma del Transporte Público
En sesión extraordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general y con propuestas de modificaciones el proyecto de ley de Reforma del Sistema del Transporte Público, que remitió el Poder Ejecutivo.
La moción fue planteada por el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien destacó que la propuesta fue analizada en profundidad por ocho comisiones asesoras de la Cámara Alta, que son: Asuntos Constitucionales; Legislación; Obras Públicas; Energía; Producción y Desarrollo Sostenible; Industria y Comercia; Ciencias y Tecnología; así como Hacienda.
Maidana puntualizó que fueron objetados un total de 98 artículos e indicó que emitieron sendos dictámenes, donde se aceptaron 20 puntos, y uno en que se plantea una corrección de forma para mejorar la redacción.
Por lo que propuso al pleno la aprobación en general del proyecto de reforma, para luego proceder al debate en profundidad de los artículos que fueron objetados. La moción fue acompañada por la mayoría, quedando aprobada la ley con propuestas de modificación.
A su turno, el senador Luis Pettengil, que preside la comisión de Industria y Comercio, resaltando que la propuesta busca modificar y ampliar disposiciones vinculadas al sistema de transporte de la Ley 1590/2000 que regula el sistema nacional de transporte terrestre.
Indicó que se busca abordar problemas de gobernanzas, instituir procesos competitivos para todas las concesiones y por último, sentar las bases de un nuevo modelo de transporte público metropolitano proyectado a futuro.
Resaltó además que la regulación del servicio de transporte público metropolitano se declara imprescindible, a fin de garantizar su prestación continua y regular.
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Control exhaustivo de los recursos
El senador Dionisio Amarilla recordó que el tema de transporte público ha sido uno de los asuntos más debatido en los últimos tiempos y producto de esto, han surgido modificaciones que surge a presión de la clase política que “se ha puesto los pantalones largos” ya que ha sido un verdadero acierto de la clase política.
Resaltando que se han introducido modificaciones importantes al proyecto de Ley, teniendo en cuenta que se han detectado situaciones que debieron ser modificadas. “Aquí se inició el debate, reconociendo que la propuesta planteada por el Ejecutivo es un proyecto interesante y nadie en su sano juicio puede salir en contra de la reforma del transporte público” acotó.
Asimismo, Amarilla remarcó que desde su banca anuncia al pueblo paraguayo que se está dando el primer paso en esta reforma y remarcó que mantendrá un exhaustivo control sobre todo en el uso y aplicación de los recursos.
“Que no crean que le vamos a dar este proyecto y un cheque en blanco y nos vamos a olvidar que se habla de unos 300 millones de dólares cuanto menos. Seguiremos siendo rigurosos en el control de los recursos, guaraní por guaraní y dólar por dólar”, enfatizó.
Explicó que estos recursos, en gran parte serán utilizados para la compra de nuevos buses del gobierno de China Taiwán, pero también una parte importante será utilizada en el país para mejorar el sistema. Aseguró que en todos los casos el cuerpo legislativo ya tiene la lupa puesta para el control en la ejecución de esos recursos.
Inclusión ciudades del interior
El senador Colyn Soroka mencionó que, así como sufre la gente de Central con el caótico tráfico, y el pésimo servicio de transporte actual, igualmente sufren las áreas metropolitanas del interior del país.
Citó el caso de Encarnación que no cuenta con un sistema de transporte público adecuado, sobre todo luego de que se le cambiara el lugar de vida de los encarnacenos, que se les envió prácticamente a 15 kilómetros del centro del casco urbano, donde antes no pagaban pasaje y ahora sí lo tienen que pagar.
Indicó que trajo a colación este caso, teniendo en cuenta el compromiso del presidente de la República que serán incluidos en esta reforma las ciudades del interior del país.
“Este problema tampoco pudieron solucionar otra gente, no acusemos solamente al coloradismo que no pudo solucionar el problema de la corrupción o la mafia de los empresarios. No pudo mi amigo Fernando Lugo, tampoco pudo su aliado Federico Franco, cuando estuvieron en el gobierno. Ojalá que a Santiago Peña le salga la jugada y pueda resolver este problema que lleva años”, expresó.
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