La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.
El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.
La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.
Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.
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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.