Los agentes fiscales Anticorrupción, Silvio Corbeta, Yeimy Adle Mónges y Verónica Valdez, solicitaron al juzgado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú, que convoque al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para las dos audiencias preliminares que tiene pendiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán desde el Poder Judicial.
El pedido se dio luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya destrabado los dos procesos penales en contra de Prieto, el caso conocido como Tía Chela y el caso Tajy. Los fiscales a cargo de las investigaciones solicitaron que sean convocados, tanto el exintendente como los demás acusados.
La solicitud de los fiscales se da bajo apercibimiento de ley, esto implica que si las partes pretenden dilatar la realización de la audiencia preliminar, se pueda incluso utilizar la fuerza pública para que los imputados se presenten ante el juzgado, para evitar que ambos procesos penales sigan siendo dilatados.
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El caso Tía Chela
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto, anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas.
Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L., se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
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El Ministerio Público llegó a la conclusión de que se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
Caso Tajy
En el caso conocido como Tajy, fueron imputados por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas.
De acuerdo con este caso, el perjuicio patrimonial es de 306 millones de guaraníes, desembolsados a cambio de nada, es decir, de mercaderías inexistentes.
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