Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.

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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.

Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.

La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.

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La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.

Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un construc­tor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid -19.

Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposi­ción de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se con­firma tras dos años de conti­nuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus lea­les que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.

Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia por el covid -19 que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expa­reja que simularon compe­tencia en procesos licitato­rios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Floren­tín. Don Morínigo en la rea­lidad se dedicaba a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, pues­tos por el mismo en “cargos de confianza” clave, manio­braron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipu­lado en contrato.

El fraudulento proceso lici­tatorio fue ejecutado en con­nivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferen­tes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipa­lidad. (Ver infografía)

En la factura de compra apa­recen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de leva­dura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de man­teca, etc. Sin embargo, la Fis­calía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.

Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Fran­cisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Floren­tín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la UOC de la muni­cipalidad. Otros subordina­dos de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alca­ráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.

Luego de que el caso del universalmente famoso cantante Julio Iglesias fuera archivado en tribunales españoles por carecer de jurisdicción, la defensa del artista pasó al frente y ahora la Justicia cita nada menos que a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los tribunales del país ibérico informaron que el caso no podía proseguir porque los hechos habían ocurrido fuera de España, sin embargo, este jueves informaron que Díaz deberá presentarse a declarar por llamar “agresor sexual” a Julio Iglesias, quien entabló demanda contra la autoridad por “injurias y calumnias”.

“Un juzgado de Madrid ha citado para el próximo 19 de mayo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, con el objetivo de que comparezca en un acto de conciliación, tras la denuncia que el cantante Julio Iglesias interpuso en su contra por llamarle “agresor sexual”, informó el medio El Confidencial.

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Indicaron que se trata de un primer paso del artista para demandar a la política por injurias, después de que Díaz diera por probadas en diferentes manifestaciones públicas los señalamientos de dos exempleadas de Iglesias que le acusaron de acoso sexual y laboral.

Según el portal RT, que se hace eco de la información, en enero la ministra animó a las víctimas a que prosiguieran en contra del cantante ya que este “había llevado a cabo todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres y, además, estaban en una posición de debilidad extrema"

Según Antena 3, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid admitió a trámite la solicitud hecha por la defensa del cantante para demandar a Díaz por supuestas “injurias y calumnias”. La cita para el acto de conciliación será el próximo 19 de abril, a las 9:30.

En febrero, Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta que fue archivada por la Fiscalía. Su petición solicitaba que Díaz reconociera el daño causado, que hiciera una rectificación y que lo indemnizara. Este paso era previo a la querella judicial.

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Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres, defensores de un joven acusado por coacción sexual, plantearon chicanas para evitar la realización de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Raúl Florentín, quien debe decidir si el caso se eleva a juicio oral y público.

La defensa del acusado solicitó al juzgado que cite a declarar a la víctima del grave suceso. Ante este pedido, el juez Florentín dictó una providencia señalando: “téngase presente para su tratamiento y resolución en la etapa procesal oportuna”.

Contra esta determinación, los abogados del acusado presentaron un recurso de reposición con el objetivo de suspender la audiencia preliminar fijada para este viernes a las 8:30 de la mañana.

El pasado 7 de febrero, la fiscala María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra el joven acusado y solicitó que el proceso penal sea elevado a juicio oral y público, considerando la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.

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La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón que traía puesto”.

Igualmente, la Fiscalía refiere que “el presunto autor, en todo momento neutralizó a su víctima subiéndose sobre ella; además, trató de ocultar su identidad colocándose una manta en la cara y haciéndose pasar por otra persona”.

Del mismo modo, el Ministerio Público indica que los actos sexuales a los cuales el acusado sometió a la víctima constituyen una conducta típica, pues se halla descrita en la normativa penal como un hecho punible y cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal mencionado.

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