Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.

Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.

Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

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Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.

“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.

Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.

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En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.

“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.

Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.

Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.

“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.

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El abogado Ricardo Preda se refirió al proyecto de ley que plantea elevar las penas, de 8 a 10 años, a quienes cometan un accidente fatal en estado de ebriedad. Sobre la iniciativa, indicó que no cree que tal medida tenga un efecto real, dado que el aumento es ínfimo y se debería buscar trabajar en otras alternativas.

“Yo no veo un impacto en ningún sentido, tampoco en que esto vaya a acabar o reducir las muertes que se produzcan en ese marco de personas que conducen bajo los efectos del alcohol”, expuso el abogado en contacto con la 650 AM.

Preda realizó observaciones sobre esta iniciativa y señaló que tampoco se puede alegar que vaya a vulnerar los derechos de las personas, puesto que apenas se plantea elevar dos años más de lo que se establece en la normativa vigente, dejando en claro que este no es el defecto del proyecto.

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En esta línea, detalló que al ser ínfima la diferencia entre lo que se propone y la ley actual, la que dispone 3 años como mínimo y ocho como máximo, no tendrá un efecto preventivo o disuasivo a conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

“No me refiero a este caso en particular, pero muchas veces los políticos toman la ley penal como una cuestión de oportunismo político, haciéndole creer a la gente que eso va a cambiar, pero ya hubo una agravación de la pena y no ha habido ningún impacto”, afirmó.

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La iniciativa mencionada es planteada por el senador Eduardo Nakayama, y desde la óptica del abogado, lo más adecuado sería trabajar en la educación y en la prevención, tomando como ejemplo lo que ocurre en otros países, donde hay un gran despliegue policial para controlar a aquellos que estén bajo sospecha de conducción bajo los efectos de alguna sustancia.

“Tendría que controlarse a aquel que está conduciendo bajo ciertas circunstancias, que es lo que ocurre en otros países, que solo se le controla a quien genera una sospecha en la conducción. Para eso se necesita la cantidad suficiente de agentes que estén en las calles para poder determinar la sospecha”, explicó.

El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.

Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.

Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.

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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.

“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.

Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.

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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.

El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.

“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.

Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.

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La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.

Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.

Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.

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