El vicepresidente primero de la Cámara Diputados, Hugo Meza, informó que la próxima semana se conformarán cinco comisiones especiales de intervención que analizarán las denuncias presentadas contra intendentes de Emboscada, Ñemby, Tomás Romero Pereira, Ybyrarobaná e Yby Yaú.
La conformación de las comisiones especiales deberá ser analizada por el pleno en la siguiente sesión ordinaria de la Cámara Baja. Asimismo, Meza comentó que se deberá analizar si amerita o no impulsar la intervención de la municipalidad de Lima, en el departamento de San Pedro.
Ambos temas a ser tratados se encuentran en el punto 4 del orden del día de la sesión ordinaria prevista para el martes 9 de setiembre a las 9:00. “Seguro se estará hablando en las distintas bancadas para ver la posición que se tomará desde la Cámara”, comentó Meza a los medios de comunicación.
Lea también: “El problema de Venezuela es de toda la región”, dice canciller
Las comisiones especiales para cada municipio y estarán integradas por cinco colorados, tres liberales y un miembro del tercer espacio. El procedimiento se sustenta en el artículo 165 de la Constitución Nacional y la ley 317/94, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y municipales.
Conforme a la normativa vigente, las comisiones especiales tendrán un plazo de quince días hábiles para investigar los hechos denunciados y presentar sus respectivos dictámenes ante la Cámara de Diputados, cuyo pleno debe votar si se ejecuta cada intervención.
Te puede interesar: “La presidencia del Congreso otorga estabilidad y previsibilidad”, afirmó Núñez
Dejanos tu comentario
Diputados da luz verde a creación del municipio de Santa Cecilia
La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación del municipio de Santa Cecilia, en el departamento de Guairá. La iniciativa plantea una nueva organización territorial y administrativa en la zona.
Según el proyecto, se busca mejorar la organización del territorio y acercar la gestión pública a los pobladores.
Además se apunta a generar un nuevo polo de desarrollo, con posibilidades de crecimiento sostenible, conforme expresó la diputada María Constancia Benítez.
El colorado Edgar Chávez también es impulsor del proyecto y destacó que la creación de Santa Cecilia permitirá avanzar hacia la descentralización administrativa.
Asimismo mejorará la prestación de los servicios públicos y generará nuevas oportunidades de desarrollo para los habitantes de la zona.
La propuesta contempla la creación del municipio de Santa Cecilia, con asiento en el pueblo del mismo nombre, mediante la delimitación de un nuevo territorio que será segregado del actual municipio de Independencia.
Por otro lado, establece los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva municipalidad y la adecuación administrativa que corresponda, hasta convertirse en un gobierno local.
Leé también: Diputados aprueban ley que penaliza el matrimonio con menores de edad
Dejanos tu comentario
Diputados da media sanción al traslado de funcionarios de Copaco a otras instituciones
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco S.A.) a instituciones del Estado”, durante su sesión ordinaria.
La iniciativa establece un mecanismo extraordinario para posibilitar el traslado definitivo de funcionarios activos de Copaco a otras instituciones públicas que requieran sus servicios, atendiendo a la experiencia técnica y administrativa del personal, así como a la compleja situación financiera que atraviesa la empresa estatal.
Le puede interesar: Nuevas autoridades municipales reciben capacitación del MEF en gestión pública
Durante el tratamiento, el diputado colorado José Rodríguez, en su carácter de proyectista, explicó que la propuesta fue objeto de varias audiencias y reuniones de trabajo, además de mesas técnicas con representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de analizar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria, y construir una alternativa que permita brindar una solución a los trabajadores.
En ese sentido, señaló que se busca aprovechar ese capital humano formado con recursos del Estado y establecer un procedimiento legal que otorgue seguridad a todas las partes. Indicó que el proyecto autoriza, por única vez, la movilidad laboral de funcionarios activos hacia instituciones públicas que requieran sus servicios, sin que ello represente un nuevo ingreso a la Función Pública.
Conservación de derechos
Asimismo, contempla la conservación de los derechos laborales, la antigüedad y los aportes jubilatorios, sin generar nuevos cargos, ya que las instituciones receptoras deberán prever los recursos correspondientes junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El proponente también aclaró que el procedimiento no será automático ni implicará el traslado masivo de funcionarios, sino que dependerá de solicitudes específicas de los ministros o titulares de las instituciones interesadas y del dictamen favorable del Viceministerio de Capital Humano.
Consultas con IPS
El diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que se trata de un traslado definitivo y no de una transferencia laboral, y mencionó que se realizaron consultas al Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a la continuidad de los aportes y las obligaciones jubilatorias de los funcionarios.
Mencionaron que de acuerdo a las evaluaciones realizadas con las autoridades de la empresa, la salida de al menos 500 funcionarios sería necesaria para contribuir a su estabilización financiera y administrativa. Mientras que actualmente existen más de 100 funcionarios comisionados en otras instituciones públicas, quienes continúan dependiendo administrativamente de Copaco, incluso con dificultades relacionadas con el pago de sus salarios y la cobertura médica.
Siga informado con: Diputados aprueban ley que penaliza el matrimonio con menores de edad
Dejanos tu comentario
Diputados aprueban ley que penaliza el matrimonio con menores de edad
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que penaliza el matrimonio con menores de edad y el texto pasa ahora a consideración del Senado.
Se trata de la propuesta “Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.
El diputado Daniel Centurión, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa tiene por objeto establecer sanciones penales para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos por la legislación civil cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.
Según manifestó el parlamentario colorado, se busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la intervención penal en las conductas directamente vinculadas con la celebración de estos matrimonios.
Aclaró que el proyecto respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad. Además, no modifica las disposiciones relativas a la validez, nulidad o efectos civiles del matrimonio.
Sanciones que prevé la ley
En cuanto a las conductas previstas, explicó que el proyecto contempla tres tipos de responsables.
- La primera es el adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad, con conocimiento de su condición.
Para este caso, se establece una pena de hasta tres años de prisión o multa, siempre que el matrimonio llegue a celebrarse.
- El segundo supuesto comprende a quienes tengan responsabilidades legales de representación, guarda o tutela y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar la celebración del matrimonio prohibido.
La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se demuestre que la conducta contribuyó a la concreción del hecho y que existió intención dolosa.
- Y tercera, se incluye al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, autorice o celebre un matrimonio prohibido, con conocimiento de que uno o ambos contrayentes son menores de edad. Para estos casos, se establece una pena de hasta cinco años de prisión.
Leé también: Apuntan a fortalecer la unidad del Partido Colorado
Dejanos tu comentario
Oficialismo apoya juicio político al fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció este martes en rueda de prensa que las bancadas disidente y del oficialismo acompañarán el juicio político al fiscal general de Estado, Emiliano Rolón, impulsado por el sector de la oposición en la Cámara Baja.
“En conversación con las bancadas fraternas, la bancada A y la bancada B del Partido Colorado, que en conjunto genera la mayoría en la Cámara de Diputados, queremos dar el anuncio de que vamos a acompañar el juicio político la fiscal general del Estado. Nosotros entendemos lo delicado de la situación, nosotros entendemos que el gran desafío que tenemos es estabilizar nuestra nación y devolver la institucionalidad a nuestra República”, anunciaba el titular legislativo.
Te puede interesar: Marco Riquelme ratifica compromiso con Alliana en su gestión
Latorre dijo además que en este momento la prioridad es atender y dar respuestas inmediatas a las personas afectadas con el quiebre de Ueno Bank, como así también restablecer la situación financiera y económica en el país.
“Tenemos como absoluta prioridad que los ahorristas puedan recuperar sus haberes. Tenemos como absoluta prioridad fortalecer y restablecer la histórica estabilidad macroeconómica que tuvo nuestro país y, por supuesto, la estabilidad de nuestro sistema financiero, es una prioridad el ejercicio de la justicia, de que los responsables sean castigados y que esto sea en el marco de la confianza ciudadana”, apuntó el legislador.
A su vez, el diputado Hugo Meza confirmó que no habrá liberación de voto y que existe consenso para respaldar el proceso. “No hay liberación de voto y creemos que hay mérito suficiente para acompañar e impulsar el juicio político al fiscal general del Estado”, manifestó. Igualmente, criticó el deterioro institucional generado por la situación, señalando que las responsabilidades y las actuaciones de las instituciones involucradas deben ser evaluadas.
Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto indicó que, tras varias horas de deliberaciones, ambas bancadas alcanzaron una posición unánime. “Había cierta disparidad, pero hoy tenemos un criterio unánime entre ambas bancadas. Acompañamos por unanimidad el juicio político al fiscal general”, afirmó.
Leé también: Oposición presenta libelo acusatorio contra Emiliano Rolón