Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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Un local comercial del Mercado de Abasto de Ciudad del Este (CDE) fue blanco de un violento asalto durante la tarde del miércoles. Los malvivientes se alzaron con la suma de G. 58 millones y cuatro aparatos celulares, según datos recabados por la policía.

El asalto se llevó a cabo en el establecimiento comercial Ever Cell, propiedad del Sr. Heber Díaz. Dos individuos se presentaron en una motocicleta. Uno de ellos descendió, ingresó al local, intimidó al propietario con un arma de fuego y lo forzó a arrodillarse para sustraer el dinero en efectivo, dándose posteriormente a la fuga.

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Luego, intervinientes de la Policía Nacional hallaron los teléfonos abandonados mediante rastreo GPS en el barrio Remansito. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar con el resto del botín.

“Saltaron mi vitrina y me apretaron con un arma en la cabeza”, relató la víctima a medios de prensa locales.

Mencionó que los malvivientes no simularon ser clientes, actuaron sin rodeos, dirigiéndose de manera directa a la caja. “Uno entró y me vino directamente, mientras otro esperaba afuera”, refirió el comerciante.

Además del dinero, se llevaron cuatro celulares. “Dos recuperó la policía”, refirió el afectado. Pero el dinero y los sospechosos siguen sin ser localizados.

Siguen las investigaciones para identificar a los autores del hecho y dar con el paradero de los mismos a fin de ser aprehendidos. En ese sentido, los investigadores analizan imágenes de circuito cerrado.

“Según se observó en imágenes, el hombre ingresó de forma rauda cuando el dueño realizaba su arqueo. Se llevó aproximadamente 58 millones de guaraníes en efectivo”, precisó el interviniente.

Comerciantes manifestaron su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad que afectan a pobladores, trabajadores y comerciantes del Alto Paraná.

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El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderado por Alcides Riveros, nuevamente tomó la decisión de ceder ante el prietismo entregando la candidatura para la intendencia de Ciudad del Este al economista Daniel Pereira Mujica, quien busca su reelección. El sometimiento fue calificado por las altas autoridades de la centenaria nucleación de oposición como un “gesto de grandeza”.

“En este día venimos a comunicar la declinación de la candidatura de la señora Laura Folle a la intendencia municipal de Ciudad del Este. Estamos llamando a la unidad de la oposición con este gesto de grandeza que estamos demostrando desde la alianza con Cruzada Nacional y Frente Amplio”, refirió Riveros en una conferencia de prensa en el Senado.

El presidente de los azules acotó: “Para nosotros es muy importante que toda la oposición esté unida para las elecciones municipales del 4 de octubre, no hay 2028, sin el 2026. Estamos tratando de construir la unidad de la oposición paraguaya, nosotros creemos que también los otros partidos pueden demostrar grandeza en lugares muy importantes para nosotros como Presidente Franco, Villa Elisa, San Bernardino y otros”.

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Riveros también calificó al renunciamiento de candidatura en la capital del departamento de Alto Paraná como una “madurez política”. “Instó a los amigos de los otros partidos que tengan esta actitud de grandeza, de poder construir la unidad de la oposición paraguaya”, refirió.

Semanas atrás, el líder del movimiento Resistencia Liberal, Iván Airaldi, en contacto con La Nación/Nación Media, había denunciado que el prietismo se encontraba ejerciendo presión a la considerada principal nucleación de oposición en el Paraguay, para entregar su candidatura a la intendencia en Ciudad del Este y también en Presidente Franco.

Pereira Mujica, llegó a encabezar la intendencia de Ciudad del Este tras la destitución de Miguel Prieto por hechos de corrupción. Llegó a imponerse ante el Partido Colorado en las elecciones realizadas en la localidad en noviembre del pasado año mediante un acuerdo con el PLRA.

El pacto también consistió en la entrega de la candidatura liberal a favor de la mano derecha de Prieto. Sin embargo el acuerdo terminó siendo quebrado y derivó en la persecución política contra funcionarios liberales de la municipalidad esteña.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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