El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que las cinco denuncias presentadas por el interventor Carlos Pereira sobre la administración de Óscar Rodríguez como intendente de la ciudad de Asunción, se encuentran en la Unidad de Delitos Económicos. Indicó que estas serán analizadas como corresponde y posteriormente conformarán un equipo de investigación.
“En la mesa de entrada de denuncias penales no hay ninguna información referente a causas penales, por estos hechos que son de público conocimiento. En este momento, me informan que la Unidad de Delitos Económicos tiene cinco carpetas que deben verificar, porque son innominadas y a determinarse un hecho punible”, refirió este jueves en la 1080 AM.
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Refirió que en este caso, se trata de una unidad no natural, ya que se trata de hechos punibles contra el patrimonio y que afecta al Estado. “Probablemente hoy sí con eso estamos en condiciones de empezar a analizar, examinar los datos que se tiene para conformar eventualmente un equipo de trabajo o una sola persona, son los mecanismos que adoptamos últimamente en todo lo que es crimen organizado y la receptividad a estos hechos voluminosos”, indicó.
Agregó que la Unidad de Delitos Económicos “examinará su perspectiva y con eso se iniciarán a crear las condiciones de una investigación efectiva, examinar correspondencia”.
Por otra parte, con relación al informe final tras el proceso de intervención, “en este caso fue una intervención dispuesta por la autoridad parlamentaria y esa conclusión es la que se informa seguramente por los conductos adecuados, pero la entidad que debe investigar es definitivamente el Ministerio Público”.
Caso Prieto
Mientras tanto en el caso del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuenta con 50 denuncias, de las cuales dos ya se encuentran en procesos judiciales. La primera tiene que ver con un acusación por lesión confianza en el caso Tía Chela, el cual a través de una resolución judicial se destrabó el proceso penal para Prieto y el juez Humberto Otazú tiene vía libre para fijar la audiencia preliminar donde se definirá si el exjefe comunal de CDE va a juicio oral.
La segunda causa, se trata de una acusación por lesión de confianza por un perjuicio de G. 306 millones, para la cual se debe fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si se eleva a juicio oral y público el segundo caso de Prieto.