El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde de este jueves.
“Se entregaron dos ejemplares del informe elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio del Congreso Nacional. Este informe aborda hechos punibles relacionados con lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, informaron desde la cartera diplomática.
Asimismo, indicaron que la entrega de estos documentos se realizó a solicitud de la propia comisión, la cual requirió la colaboración de la embajada norteamericana para que este informe llegue al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de dicho país.
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El informe de la Comisión fue presentado el pasado 14 de julio ante el Congreso, días más tarde, el contenido fue remitido al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Contraloría. El presidente de dicha comisión, el senador Dionisio Amarilla ya había adelantado que el objetivo es que dicho informe llegue a Estados Unidos.
El trabajo de la comisión concluyó en un informe compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.