Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron ayer una nueva denuncia ante el Minis­terio Público, contra la muni­cipalidad esteña en la per­sona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrup­ción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la pre­sidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denun­cia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cam­bió las medidas establecidas en la mensura judicial, en per­juicio de los moradores de las citadas fincas. Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que confor­man las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la Municipalidad de Ciu­dad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos. “Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuer­dan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.

Explicó entonces, que bajo la administración del exinten­dente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; redu­ciendo el tamaño de lo que realmente corresponde.

La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por un perjuicio de G. 306 millones. La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón son los que firmaron la resolución judicial. Ahora el expediente judicial deberá bajar nuevamente al juzgado a cargo de Otazú, quien deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se tendrá que definir si se eleva a juicio oral y público el segundo caso de Prieto.

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El ministro Eugenio Jiménez Rolón, preopinante, mencionó que las decisiones adoptadas en relación con los incidentes ordinarios son las recurribles ante el tribunal superior, sin embargo, quedan excluidas las resoluciones que resuelven recusaciones, cuya impugnabilidad o recurribilidad no está taxativamente consignada en nuestra norma, por lo que corresponde declarar inadmisible la apelación del procesado Acuña.

El presente proceso penal es por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal por la compra de alimentos durante la pandemia, donde se tendría un supuesto perjuicio de G. 350 millones.

Días atrás igualmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay declaró, inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión confianza en el caso Tía Chela.

Con la presente resolución judicial se destraba el proceso penal para Prieto y el juez Humberto Otazú tiene vía libre para fijar la audiencia preliminar donde se definirá si el exjefe comu­nal de CDE va a juicio oral.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, informó este miércoles que se encuentran disponibles los informes derivados de las intervenciones que se llevaron a cabo en los municipios de Asunción y Ciudad del Este, respectivamente.

Ambos informes se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio del Interior, al que puede acceder cualquier ciudadano interesado en conocer en detalles el trabajo que realizó el interventor de Asunción, el economista Carlos Pereira y cuyo informe fue entregado el pasado viernes 22 de agosto.

Igualmente está disponible para la ciudadanía el informe final elaborado por el interventor Ramón Ramírez, luego de su trabajo realizado en la Municipalidad de Ciudad del Este, y que fue entregado al Ejecutivo el pasado 14 de agosto y posteriormente remitido a la Cámara de Diputados.

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El Ministerio del Interior aclara que ambos documentos están publicados de manera íntegra y oficial, en el marco del compromiso del Gobierno del presidente Santiago Peña, con la transparencia y la rendición de cuentas, e invita a la ciudadanía a acceder la información.

Vale recordar que la intervención de ambos municipios, se realizó por autorización de la Cámara de Diputados a pedido de la Contraloría General de la República, luego de encontrarse algunas irregularidades en la gestión administrativa de ambos municipios.

Este trabajo de intervención derivó en la destitución del intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, en tanto propició la renuncia del jefe comunal de Asunción Oscar Rodríguez.

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Integrantes de la agremiación Asoley 35/90 que lucha por los derechos de los moradores de la Finca 66 y 13.741 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; presentaron en la fecha una nueva denuncia ante el Ministerio Público, contra la municipalidad esteña en la persona del exintendente Miguel Prieto, destituido por corrupción la semana pasada, por supuesta lesión de confianza y daño patrimonial.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la presidenta de esta asociación la señora Sara Peña y el síndico Rubén Peña explicaron que el motivo de esta nueva denuncia contra el exjefe municipal se debe a que presuntamente, bajo su administración se cambió las medidas establecidas en la mensura judicial, en perjuicio de los moradores de las citadas fincas.

Señalaron que tras lograr la reivindicación de las 755 hectáreas que conforman las dos fincas señaladas, se realizó la escritura a favor de la municipalidad de Ciudad del Este, ya en la época del intendente Agileo Miño Giret, desde entonces no se reconocía las tierras municipales en los siguientes gobiernos.

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“Cuando el exintendente Miguel Prieto solicita que se haga la mensura judicial teniendo todas las vías legales, modificaron todos los puntos que están marcados en el título madre y en el título de la municipalidad, haciendo otras medidas que no concuerdan con la mensura realizada para la titulación de estas dos fincas”, comentó el síndico Rubén Peña.

Explicó entonces, que bajo la administración del exintendente Prieto, presuntamente se han modificado todas las medidas de la propiedad; reduciendo el tamaño de lo que realmente corresponde. Indicó que estas fincas colindan con el Río Acarahy, y si bien el río tiene un resguardo de 150 metros de espacio público, a partir de esa distancia comienza la ubicación de los mojones que corresponde a las fincas citadas.

Mencionó que a lo largo de la periferia de estas dos fincas se han restado 200 metros a lo largo de 4 kilómetros aproximadamente; lo que representaría un total de 100 hectáreas más o menos de lo que les estaría faltando de la mensura real que corresponde a las 755 ha.

Indicó que nunca tuvieron una explicación por parte de la Municipalidad, ni de la Junta Municipal sobre el motivo de esta modificación de las medidas, por lo que desde hace tiempo venían exigiendo alguna explicación.

“Nosotros realmente llevamos más de 30 años peleando por estas tierras, que están todas ocupadas, serían como 3.000 familias aproximadamente, contando con 20 familias por hectáreas. Hasta ahora, lo único que tenemos es la ley que nos ampara la 35/90, que expropia a favor de la municipalidad de Ciudad del Este estas 755 hectáreas y que la municipalidad debe entregar a título oneroso”, comentó.

Rubén Peña mencionó además que el daño patrimonial sería de UDS 100 millones, calculando 1 millón de dólares por hectárea en un cálculo estimado en la tasación más baja del valor de la tierra.

En tanto, la presidenta de Asoley 35/90 Sara Peña remarcó que la lucha no es de ahora solamente, ya que lleva más de 30 años peleando por la tenencia del título. “Acá no se trata de que son una o dos familias afectadas, hay miles de familias que tiene casa propia, que están siendo afectadas por esta modificación. La cuestión es simple que se haga cumplir la ley, la cual nadie está queriendo respetar”, acotó.

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