La difusión en redes sociales de supuestos audios de conversaciones privadas del economista Ramón Ramírez apuntaría a la aparente instalación de un micrófono oculto en el despacho del interventor en la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de espiarlo. Este grave hecho trasciende tras la denuncia policial del viernes pasado por un atraco a la oficina del fiscalizador y la intimidación de una turba de funcionarios en la sede municipal ante las irregularidades detectadas en la gestión del intendente Miguel Prieto.

El pasado viernes 15 de agosto se presentó una denuncia en la Comisaría Primera San Agustín, en la cual se detalla que efectivos de dicha institución policial, mediante un recorrido por la sede de la municipalidad, identificaron rastros de violencia en las cerraduras de la oficina de Ramírez, que fueron generadas a través de un objeto punzante.

A la vez, se identificó que una de las puertas principales para el ingreso a la municipalidad no se encontraba llaveada ni con rastros de violencia. Detalla también que se desconoce el horario y la circunstancia del hecho teniendo en cuenta que los funcionarios municipales abandonaron la institución a las 13:00, mientras que Ramírez y su equipo se retiraron a las 13:30.

El informe policial indica que el hecho fue comunicado al agente fiscal de turno Luis Escobar, a agentes de Criminalística y a dos funcionarias perteneciente al equipo interventor.

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La Policía Nacional captó como pruebas los rastros de violencias a varias puertas de la sede municipal. Foto: Gentileza

“Hecho mafioso”

Este atraco fue calificado por el interventor como un “hecho mafioso” debido a que representa un atropello a la institución y a la figura constitucional de la intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, manifiesta el comunicado lanzado por Ramírez, el pasado sábado.

El documento también afirmaba que “el interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las autoridades policiales y del Ministerio Público a los efectos de llevar a cabo las diligencias necesarias para dar con los responsables de este acto criminal. Las evidencias recabadas ayudarán a llegar y castigar a los mismos. La intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes“.

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