Medios de comunicación de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interventor, Ramón Ramírez, fue violentada ayer jueves, luego de una movilización convocada en apoyo al intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.
Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. También detallan que varios funcionarios fueron arreados por Prieto para participar en la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la intervención a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregularidades en la administración del jefe comunal suspendido.
De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que los intrusos habrían ingresado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez, ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.
Detallan además que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.
Lea también: Conare tendrá la potestad de aceptar o no los pedidos de refugio, dice canciller
La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.
Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos clave que sustentaron el requerimiento de indagación.
Caja paralela
Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos de las normativas vigentes.
De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.