“Son dos años de un camino compartido junto a mi gran amigo, el presidente Santiago Peña, trabajando con pasión y responsabilidad por el futuro de Paraguay“, sostuvo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tras destacar el acompañamiento del Legislativo a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

“Como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Congreso Nacional por su compromiso, dedicación y diálogo permanente. Agradezco a los amigos gobernadores y gobernadoras por el estupendo trabajo en equipo. El compromiso y esfuerzo en cada rincón del país ha sido clave para lograr grandes objetivos que transforman y benefician a todos los paraguayos”, comentó.

Este periodo el gobierno estuvo marcado por destacados programas y proyectos de reformas que generan beneficios en el corto, mediano y largo plazo para los paraguayos. “Nuestras promesas las transformamos en compromiso y nuestros compromisos en realidades”, afirmó Alliana.

Lea también: Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes

El segundo del Ejecutivo destacó entre los principales logros el acuerdo alcanzado con Brasil el pasado año, consistente en la fijación de la tarifa de Itaipú a USD 19.28 por kilovatio-mes para los próximos tres años. Este nuevo precio genera alrededor USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.

Resaltó las 12.000 becas entregadas, la creación de nuevos empleos formales que alcanzó a 98.155, según el Ministerio del Trabajo. A la par se informó sobre un récord histórico de 805.793 cotizantes en el régimen general de la seguridad social del Instituto de Previsión Social (IPS).

A la vez destacó la entrega de maquinarias a gobernaciones, la remodelación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la entrega de 10.140 títulos de propiedad a pequeños productores, la construcción de nuevos hospitales, la instalación de consultorios nocturnos, la entrega de más de 200 ambulancias, la entrega récord de mamógrafos y el inicio de 1.000 km de pavimentación.

La incorporación de 5.000 nuevos oficiales por año con la meta de alcanzan durante estos 5 años la cifra de 25.000 agentes, la compra de patrulleras y equipos de seguridad, la reducción del precio de combustible, gas.

Alliana resaltó también los operativos de seguridad lanzados como Veneratio, Umbral, Dakovo, Johapy, y Dulzura así como los proyectos de leyes, programas sociales y sanitarios como Hambre Cero en las Escuelas, la Pensión Universal para los Adultos Mayores, Tekoporã Mbarete, Che Róga Porã, Semillas del Futuro, el Plan Sumar, la habilitación de la línea telefónica 155 disponible de manera gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para brindar asistencia inmediata ante situaciones de crisis en salud mental y Emplea Py Joven, un programa especial dedicado a abrir las puertas del primer empleo formal a miles de jóvenes paraguayos.

Otro logro destacado por el vicepresidente fue el hecho de que Paraguay haya alcanzado el grado de inversión marcando un hito trascendental para la economía nacional, entre otros.

Te puede interesar: Gestión Prieto bajo lupa: informe de interventor revela “puntos oscuros”, dice diputado

En el marco del Anexo C del Tratado, Itaipú Binacional transfirió más de USD 1.063 millones al Estado paraguayo desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, que este 15 de agosto cumplió 2 años de mandato.

De acuerdo al informe de la entidad, estos recursos fueron destinados al Tesoro Nacional y a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), lo que hicieron posible que las gobernaciones, los municipios y la mencionada empresa pública puedan realizar obras esenciales en beneficio de la población.

La Dirección Financiera de la Binacional, informó que, desde agosto de 2023 hasta julio de 2025, la Entidad desembolsó USD 522 millones por royalties, USD 438 millones por cesión de energía y USD 103 millones por pagos a la ANDE (utilidades y resarcimiento de las cargas de administración y supervisión).

Le puede interesar: Políticas públicas apuntan a una renovación completa de la Policía Nacional

Solo en lo que va del presente año, Itaipú ya inyectó más de USD 303 millones al Estado. Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales.

Los aportes de Itaipú por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, atención de la salud, infraestructura vial, entre otros.

Por el otro lado, los pagos de la Binacional a la Ande le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para cumplir con sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

Además de mantener un óptimo desempeño en la generación y suministro de energía eléctrica, contribuye con una inyección económica fundamental para la ejecución de iniciativas claves en Paraguay.

Siga informado con: Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025, tras años de cifras récord

Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

Lea también: El PLRA logra suspender remate de locales partidarios, anuncia Hugo Fleitas

El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

Le puede interesar: Guerin: “Lo que reveló la intervención no me sorprende, lo denuncié por años”

• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”

Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.

La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.

La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.

Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.

La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.

Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.

A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.

La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.

También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.

Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.

Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.

Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).

La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.

Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.

Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en pro­yectos de iniciativa privada para infraestructura y ser­vicios públicos.

Te puede interesar: Acuerdo Tercer País Seguro: solicitantes de asilo en EE. UU. podrán pedir protección en Paraguay

En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.

Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.

Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.

El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.

Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.

El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.

Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.

Lucha contra la corrupción

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.

El Ejecutivo también impulsó la Ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.