El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se comprobó la presunta malversación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afines de Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio municipal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de auditar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. La cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuestariamente”, comentó.

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Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyentes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se manejaron esos recursos no fue la correcta.

“La forma en que se hizo todo, pareciera que fue con el fin de evadir todos los controles de las instituciones encargadas, recurriendo a contratos directos. Ese es el mecanismo para evadir controles, que es el nuevo modus operandi no solo de la municipalidad de CDE, sino de varios otros distritos, a fin de evadir todos los sistemas de control”, precisó Alfonso.

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En otro momento, señaló que, atendiendo que ya Prieto anunció en varias ocasiones que no va a renunciar al cargo, entonces esperan que la Cámara de Diputados decida su destitución, ya que el informe de intervención y su dictamen final son contundentes.

“No hay que sorprenderse si el lunes amanezcamos con su renuncia, cosa que dudo, pero bueno, si no renuncia, entonces nos vamos a elecciones. En esos tres meses que dure el proceso de elección, la Junta debe decidir quién quede como interino”, acotó.

El concejal afirmó que espera que la ciudadanía esteña pueda comprender lo que está ocurriendo en el municipio y que no se trata de una simple persecución política como está queriendo presentar Prieto y su equipo para tapar todas las irregularidades que cometieron.

El diputado Raúl Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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Medios de comunicación de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interventor, Ramón Ramírez, fue violentada ayer jueves, luego de una movilización convocada en apoyo al intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. También detallan que varios funcionarios fueron arreados por Prieto para participar en la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la intervención a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregularidades en la administración del jefe comunal suspendido.

De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que los intrusos habrían ingresado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez, ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.

Detallan además que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.

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La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos clave que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos de las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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La campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: unidos por amor y protegidos por la ley” confirmó que se tiene prevista la primera boda para setiembre próximo. Impulsada por el Registro del Estado Civil, con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama, esta iniciativa fue declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados.

“Se realizará la primera boda en el Puerto de Asunción para el 13 de setiembre. En donde pretendemos casar a 1.000 parejas y esto posiciona al Paraguay como un país conservador que apuesta a la familia”, dijo Maxi Ayala, director del Registro Civil, este viernes en el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970/Nación Media

La campaña ofrece matrimonios completamente gratuitos, priorizando a parejas en situación de vulnerabilidad y a aquellas que conviven desde hace años sin haber podido formalizar su unión. El objetivo es promover el acceso al matrimonio civil en todo el territorio nacional.

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“Esta campaña esta siendo todo un éxito. Es una campaña nacional que estamos impulsado desde el Registro Civil se trata de una de las iniciativas gubernamentales mas importante que haya registraron en la República del Paraguay y es la más grande Latinoamérica”, describió Ayala.

Explicó que la idea es casar a más de 3.000 parejas de forma totalmente gratuita en un matrimonio comunitario y que esta se realiza en dos etapas. “La primera etapa consiste en la inscripción que se realiza al 0984 771-151, que sería la preinscripción y luego deben llevar todos los documentos para celebrar las bodas”, apuntó.

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