En medio de un clima de cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de los recursos departamentales, han surgido denuncias que apuntan al presunto favoritismo en la Gobernación de Itapúa. Según reportes, familiares directos de concejales departamentales estarían percibiendo sumas considerables de dinero de forma mensual, sin que se especifique claramente la contraprestación de servicios.
Una de las denuncias señala al hijo del concejal liberal Alberto Báez, Wilson Rodrigo Báez Verdún, quien presuntamente estaría recibiendo la suma de 5 millones de guaraníes de forma mensual. Esta percepción se habría corroborado a través de facturas que, según las fuentes, fueron costeadas por el Consejo de Emergencia Departamental. Lo preocupante, según las mismas denuncias, es que en dichas facturas no se detalla el tipo de servicio que el joven estaría prestando a la Gobernación de Itapúa.
A esta situación se suma la inclusión del hermano de la concejal departamental Blanca Maldonado, identificado como Ariel Maldonado. Estas revelaciones han generado un fuerte debate sobre la ética y la transparencia en la administración de los fondos públicos.
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El concejal departamental Óscar Flecha ha solicitado en reiteradas ocasiones que se informe detalladamente sobre el destino de estos fondos, buscando garantizar que cada guaraní se invierta de manera eficiente y justificada.
Las denuncias ponen en tela de juicio la coherencia del Partido Liberal, al cual pertenece el concejal Alberto Báez y el gobernador Javier Pereira, en sus discursos de lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia. La presunta ubicación de familiares en cargos o esquemas de pago sin una justificación clara contradice los principios que, según afirman, defienden.
Preocupa el silencio de otros concejales ante estas irregularidades. Varios concejales departamentales, incluso aquellos del partido Colorado que forman parte de la alianza de gobierno con el actual gobernador de Itapúa, Javier Pereira, han guardado silencio ante estas presuntas irregularidades. Está situación genera inquietud y refuerza la percepción de falta de control y rendición de cuentas en la gestión departamental.
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