El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó que presentó este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna.
En conferencia de prensa, señaló que formalizó la denuncia acompañando pruebas documentales de lo que considera un esquema delictivo que supuestamente está operando dentro de la comuna esteña, bajo la administración de Miguel Prieto, actualmente suspendido en el cargo mientras dure esta intervención.
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Indicó que se confirmaron indicios contundentes de la existencia de una caja paralela, que está diseñada para lo que se podría denominar un desvío de recursos de los contribuyentes. Confirmó que la denuncia se presentó con los nombres de los responsables, las fechas de las operaciones sospechosas y los correspondientes documentos.
“Lo que encontramos es un esquema de desvío de recursos, a través de lo que denominamos caja paralela, a espaldas de los contribuyentes de Ciudad del Este. En este tiempo me consta que son fieles cumplidores de su responsabilidad con el municipio”, expresó.
Han detectado que los contribuyentes realizan los pagos de sus tributos a la Municipalidad y existía un registro en el sistema con emisión de comprobantes, registros de pagos, específicamente en los ejemplos que han tomado en las cuentas corrientes catastrales de los impuestos inmobiliarios. Comprobaron que ese dinero cobrado no ingresaba a la tesorería municipal.
Señaló que hallaron una serie de numeración de los comprobantes que son totalmente inconsistentes con el sistema de numeración de los comprobantes emitidos. La denuncia presentada se basó en casos específicos, donde notaron que se emitían comprobantes de la Caja 6 en una fecha específica, pero en el registro de Tesorería, al hacer el arqueo de cajas, aparecía que ese día la Caja 6 estaba fuera de funcionamiento.
Desvío G. 75 millones
Indicó que este mismo patrón de proceso se repite para 9 operaciones similares que fueron tomadas como muestras en los meses de enero y febrero de este año, para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Informó que estos 9 casos tomados corresponden a dos días específicos que tendría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.
“Quiero dejar en claro que esto es solamente una parte pequeña de la investigación. Funcionarios con roles y accesos específicos, manipularon al sistema informático para registrar operaciones como pagadas, pero que no fueron ingresadas a la tesorería”, agregó.
La Asesoría Jurídica calificó este hecho como posible delito de extracción y alteración de datos. “Para nosotros no es un simple error administrativo, es una apropiación de los recursos del pueblo, que confirman una vez más la serie de irregularidades que hallamos en esta institución”, concluyó el interventor, para luego explicar que todas las personas que intervinieron en estos hechos, están plenamente identificados.