El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a Juan Manuel Jara Espinoza para jurar como diputado nacional en la sesión ordinaria de mañana martes. Jara Espinoza asumirá la banca del extinto diputado Derlis Rodríguez, quien falleció el pasado lunes 4 de agosto por un problema de salud.
Jara ocupará la banca perteneciente al departamento de Caaguazú, es un reconocido dirigente político de este departamento y pertenece al movimiento Honor Colorado, por lo que se sumará a la bancada oficialista en la Cámara Baja.
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Profesionalmente, se desempeñó como director general de la clínica periférica Boquerón del Instituto de Previsión Social (IPS), así como fue director del hospital distrital de Yhú, durante el anterior gobierno, actualmente reside en Asunción y cumple labores en el Hospital de Luque.
Adelantando sobre su trabajo en la Cámara de Diputados, indicó que se ocupará en legislar para el fortalecimiento del sistema de la salud pública y del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Como médico me centraré más en el área de la salud pública. Desde que asumí el compromiso de la suplencia con la ciudadanía siempre estuvo en los planes (ocupar una banca), solo que la intención era ‘al lado de’ y no ‘en vez de’, teniendo en cuenta que la suplencia se podría dar por otras vías más deseables en el presupuesto. Yo soy de Honor Colorado, siempre estuve en sus filas desde que empecé a activar en política”, expresó en su momento.
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Dictaminan a favor de préstamo de USD 75 millones para mejorar conectividad rural
Los miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes para dictaminar a favor de la aprobación de un préstamo de USD 75.000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en siete departamentos del país.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Contempla la ampliación de la estimación de los ingresos de la Administración Central por la suma de G. 66.789.835.999, recursos que serán incorporados al presupuesto vigente del MOPC.
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Igualmente, aprueba la ampliación del crédito presupuestario de la Administración Central por el mismo monto y establece que el proceso licitatorio del proyecto deberá iniciarse en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados desde la fecha de promulgación de la ley.
Se fundamenta que las obras propuestas, por su ubicación geográfica, “son de vital importancia para mejorar la transitabilidad de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Caazapá”, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial en caminos vecinales.
Según consta en el documento, el objetivo es reducir los costos de transporte y garantizar niveles adecuados de servicio en la red vial paraguaya, contribuyendo al incremento de la competitividad del transporte terrestre, la integración económica regional y la mejora de la calidad de vida en la región Oriental del país.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
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Diputados debatirá en audiencia pública sobre regulación de explosivos
La Cámara de Diputados convoca a una audiencia pública para debatir con la ciudadanía sobre el proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de artefactos pirotécnicos.
El encuentro está previsto para el miércoles 29 de julio, de 8:00 a 12:00 y en la ocasión se podrá escuchar a especialistas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores interesados. La propuesta, denominada “Ley Canela”, toma su nombre de un caso que generó amplia conmoción social y puso en evidencia las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia sobre los animales, además de los riesgos para las personas y el medioambiente.
Según el proyectista, el diputado José Rodríguez, la normativa vigente resulta insuficiente para prevenir los graves daños ocasionados por el uso inadecuado de la pirotecnia. El parlamentario expuso datos relevantes sobre las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia.
Fundamentó que durante las celebraciones de fin de año se registra un promedio de 60 personas atendidas por lesiones relacionadas con estos artefactos, de las cuales aproximadamente el 87 % corresponde a menores de edad. A ello se suma el elevado costo para el sistema de salud, ya que la atención integral de cada paciente, incluyendo cirugías, internación y rehabilitación, puede representar entre 400 millones y 500 millones de guaraníes.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.