Este sábado 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y desde el Estado paraguayo, el presidente de la República Santiago Peña, rindió un homenaje a los pueblos originarios del Paraguay, principalmente a las mujeres, resaltando su valor y compromiso con el país.
“Hoy honramos la sabiduría y la riqueza cultural de los pueblos indígenas, verdaderos guardianes de nuestras lenguas y memorias ancestrales, en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022–2032)”, refirió a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.
De acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con relación a los resultados del IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2022, 140.049 son las personas que conforman la población indígena en el país, que se distribuyen en 5 familias lingüísticas y 19 pueblos.
Señala además que la población indígena se encuentra mayormente en áreas rurales, 88 % se encuentran en zona rural y 12 % en la zona urbana; el 53 % se encuentra en la región Oriental y en la región Occidental el 47 %.
En cuánto a la familia lingüística, la más numerosa es la Guaraní, con 76.506 personas que utilizan esta legua; y la menos numerosa es la lengua Guaicurú con 2.198 personas. El pueblo indígena con mayor población es el de los Mbya Guaraní, con 28.278 personas; y el de menor población Tomárãho con 213 personas.
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Juez Humberto Otazú se inhibe de la causa de Peña y alega “motivo familiar”
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se inhibe de las causas en las cuales está procesado el expresidente de la República, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien también está incluido en la carpeta de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. El magistrado argumentó que se aparta por motivos de “índole familiar”.
Con la decisión de Otazú, la causa del exmandatario y otros involucrados en esta investigación, que tiene que ver con el caso Ueno Bank, el expediente pasa a manos del juez Rodrigo Estigarribia.
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Contraloría investiga bienes de exdirectivos del Banco Central
La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia de bienes a 18 ex altos funcionarios y exdirectivos del BCP, además de ampliar la investigación patrimonial del expresidente Santiago Peña.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó el inicio de un estudio de correspondencia de bienes a 18 ex altos funcionarios y/o exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP). La investigación se activa en el marco de la caída de Ueno Bank y en medio de un escándalo sin precedentes que sacude a los exmiembros del Consejo por la desidia total en los controles aplicados a entidad bancaria que en vez de activar alertas facilitaron el colapso.
Los hechos sacados a relucir en la imputación del Ministerio Público incluso señalan informes adulterados por parte de los exdirectivos del BCP, que de esta manera ocultaron el estado financiero crítico del banco clausurado.
La serie de intervenciones y procedimientos en busca de las responsabilidades en una larga cadena de involucrados en el esquema de estafa generó también el análisis patrimonial de los exmiembros del BCP, hoy imputados y presos. Desde la Contraloría facilitaron una nómina de 18 personas en la investigación, entre los que se encuentran expresidentes, exdirectivos y otros ex altos funcionarios del BCP en este periodo de gobierno como de otros anteriores. El estudio patrimonial alcanza a ex altos representantes y exfuncionarios de jerarquía que ocuparon cargos en la banca estatal desde enero de 2023 hasta la fecha.
En el listado de los investigados aparece el expresidente imputado, actualmente preso, Carlos Dagoberto Carvallo como su antecesor José Cantero Sienra que estuvo como titular del BCP hasta el 15 de agosto de 2023.
Entre los exdirectores incluidos para el examen de correspondencia de la Contraloría se puede mencionar a Marco Aurelio González, Miguel Mora, Liana Caballero, Carmen Marín, Humberto Colmán, Fernando Filártiga, etc. El análisis incluye los movimientos patrimoniales de sus respectivos cónyuges.
El estudio de correspondencia de bienes se hizo extensivo al exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán, detenido en estos días durante un allanamiento en su vivienda, así también a la que fuera, hasta hace unos días, gerente de supervisión de la Superintendencia de Bancos, Chiara Renna.
En el caso de Liana Caballero, quien interinó fugazmente la presidencia del BCP, se puede visualizar una última declaración jurada de setiembre de este año al asumir en el directorio de la banca estatal. Según se puede observar en el documento que obra en el portal de la Contraloría, posee un activo de G. 3.330 millones, una diferencia de G. 397 millones con relación a su última manifestación de bienes presentada en 2023. Todavía no figura la actualización patrimonial a la baja de su cargo como titular de la institución.
En la declaración jurada de Miguel Mora figura un activo de G. 2.020 millones correspondiente a su asunción como directivo del BCP, no se observa manifestación de bienes a la baja del cargo. El exdirectivo Marco Aurelio González es el que declaró a la baja del cargo el pasado 12 de noviembre y consigna activos por G. 3.056 millones, monto que sufre una pequeña reducción con relación a la presentada en el 2025 que fue por valor de G. 3.182 millones.
AMPLÍAN ANÁLISIS PATRIMONIAL DE PEÑA
Desde la Contraloría también confirmaron la ampliación del análisis patrimonial al expresidente, hoy preso Santiago Peña Palacios.
Según mencionó el contralor Camilo Benítez, la gravedad del caso Ueno Bank torna necesaria la pesquisa sobre los bienes acumulados que abarcarán los movimientos financieros del exmandatario desde octubre de 2025, ya que el primer estudio de correspondencia abarca hasta esta fecaha.
A últimas horas del viernes pasado fueron recibidos los primeros informes financieros de Peña, con lo que inician los estudios de todo lo relacionado a su comportamiento bancario como cuentas, depósitos, inversiones, créditos, tarjetas, transferencias locales e internacionales.
Se aguardan informes tributarios, de Registros Públicos y otros datos sobre el exmandatario y su familia, es decir, esposa e hijos.
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Ministro de Defensa niega que Peña haya abandonado su lugar de reclusión
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, rechazó que el expresidente de la República, Santiago Peña, haya abandonado la sede del Regimiento Escolta Presidencial, donde se encuentra recluido en el marco de la causa judicial que enfrenta por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
“Me llegó la información y niego categóricamente la veracidad de ese hecho. El expresidente de la República guarda su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y el comandante de esta unidad militar sigue estrictamente las indicaciones del juez de la causa”, refirió González en una entrevista con la 1020 AM.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras la denuncia de un vecino del exmandatario destituido vía juicio político, quien alegó a través de un vídeo que Peña acudió a un festejo en su residencia localizada en Asunción entre la noche y la madrugada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en la antesala de su cumpleaños número 48 que se celebrará este lunes 16 de noviembre.
González afirmó que las autoridades militares mantienen un seguimiento y monitoreo permanente sobre Peña, tarea que recae bajo la responsabilidad directa del comandante de dicha unidad militar, el coronel José Dayub.
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A la vez, mencionó que el economista recibe únicamente las visitas autorizadas de su entorno más cercano, integrado por su esposa y su hijo, además de los encuentros periódicos con sus abogados defensores.
“Peña está con un régimen donde se encuentra seguido puntillosamente por el comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub. Peña sigue recibiendo la visita de su familia, la exprimera dama Leticia Ocampos, sus hijos y abogados”, refirió.
Antecedentes
Parte del acta de imputación contra Peña, generado por la causa Ueno Bank, refiere que “en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a Ueno Bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
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Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.