La medida representa un paso importante para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores paraguayos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, pidió al sector empresarial asumir con responsabilidad y soli­daridad el reajuste del sala­rio mínimo dispuesto por el Gobierno, señalando que la medida representa un paso importante para proteger el poder adquisitivo de los tra­bajadores paraguayos.

El legislador sostuvo que el aumento salarial responde a la necesidad de acompañar el cre­cimiento económico y mitigar el impacto que la inflación tiene sobre los ingresos de miles de familias. En ese sentido, con­sideró que el esfuerzo debe ser compartido entre el Estado, los trabajadores y el sector privado.

“Los empresarios son aliados fundamentales en el desarro­llo del país, pero también es importante comprender la realidad de los trabajadores, que enfrentan el incremento del costo de vida y necesitan mejores condiciones para sos­tener a sus familias”, expresó.

Latorre remarcó que Paraguay atraviesa una etapa de estabi­lidad macroeconómica y cre­cimiento, por lo que consideró oportuno que los beneficios de ese escenario también lleguen a los asalariados. Añadió que el reajuste permitirá fortalecer el consumo interno, generando un efecto positivo en la econo­mía nacional.

Dos legisladoras de la Asociación Nacional Republicana (ANR) impulsan un proyecto de ley “Que regula la profesión de cuidador de personas y crea el Sistema Nacional de Cuidados en la República del Paraguay”.

La iniciativa impulsada por las diputadas Johana Vega y Liz Acosta busca dar un marco legal para profesionalizar el cuidado de personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y los adultos mayores.

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Para las proyectistas resulta imprescindible establecer un marco normativo que ordene, profesionalice y dignifique esta actividad, al tiempo de garantizar servicios de calidad para las personas asistidas.

Es por ello que se plantea como uno de los ejes centrales la creación del Sistema Nacional de Cuidados, concebido como un conjunto articulado de políticas, servicios y programas destinados a atender a personas en situación de dependencia.

Se prevé la creación del Registro Nacional de Cuidadores que funcionará bajo la directriz del Ministerio de Salud Pública y para el ejercicio de la profesión, los cuidadores necesariamente tendrán que estar registrados.

Igualmente, se establecen como requisitos para ejercer como cuidador; ser mayor de 18 años de edad; educación básica concluida; certificado de salud física y mental; no poseer antecedentes penales vinculados a delitos contra la persona; además de formación certificada.

En ese sentido, contempla la formación mínima que estas personas deberán tener como, por ejemplo, en primeros auxilios, movilización y asistencia física, salud mental y contención emocional, entre otras.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas. La iniciativa vuelve a la Cámara Baja que deberá aceptar o rechazar las modificaciones planteadas. Así también, aprobó con modificaciones la Ley Nº 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

Uno de los puntos ampliamente debatidos durante la sesión ordinaria de la fecha, presidida por el senador Basilio Núñez, fue el proyecto de Ley “Que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media”, presentado por el diputado José Rodríguez.

El presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, senador Patrick Kemper, fundamentó el dictamen favorable con modificaciones de la iniciativa y acotó que no responde a un rechazo de la digitalización, sino al principio de pertinencia en el uso de la tecnología dentro del ámbito educativo.

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Explicó que la incorporación no regulada de dispositivos electrónicos portátiles y de tecnologías de consumo masivo en las aulas compite con los procesos de atención, concentración y retención cognitiva de los estudiantes.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, senadora Hermelinda Alvarenga, aclaró que el proyecto no prohíbe el uso de teléfonos celulares, sino que establece su regulación. Los dispositivos podrán utilizarse con fines pedagógicos.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, senadora Lizarella Valiente, sostuvo que el uso excesivo de estos dispositivos resulta perjudicial para niños y adolescentes, al considerar que genera dependencia y afecta el desarrollo cognitivo y la autorregulación emocional.

Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que la problemática derivada del uso de dispositivos electrónicos en las instituciones educativas requiere una regulación adecuada, sin que implique una prohibición absoluta.

A propuesta de la senadora Hermelinda Alvarenga, se modificó el acápite que queda de la siguiente manera: “Que restringe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media”. También se modificó el capítulo II referente a la prohibición y excepciones en el uso de celulares.

Asimismo, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley Nº 7280/2024 ‘De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”, presentado por varios senadores. El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación, senador Luis Pettengill, explicó que las modificaciones tienen por objeto adecuar la normativa a la Ley Nº 7633/2026, que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (Reforma de la Caja Fiscal).

Precisó que dicha legislación modificó los plazos de servicio y de aportes requeridos para acceder a la jubilación, por lo que resulta necesario armonizar la Ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional con el nuevo régimen previsional.

“Al extenderse los plazos de servicio, es lógico que la Ley especial de Reforma y Modernización de la Policía Nacional también se adecue de manera congruente al nuevo régimen, estableciendo de forma equitativa y proporcional el tiempo de servicio requerido para acceder a los ascensos”, sostuvo.

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La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.

Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.

La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.

Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.

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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.

Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.

Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.

Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.

Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.

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