Diputados estudiarán este lunes modificaciones a la ley de financiamiento político
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En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para este lunes 11 de agosto, figura como uno de los puntos del orden del día el proyecto de ley que modifica los artículos n.° 64, 66 y 278 del Código Electoral relacionados al financiamiento político. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.
La propuesta legislativa busca actualizar la legislación vigente sobre el control del financiamiento político, al tiempo de simplificar procedimientos con el fin de hacer efectiva y eficiente su aplicación, según explicaron los proyectistas.
El proyecto de reforma a la normativa de financiamiento político introduce cambios clave para modernizar el control de recursos en los procesos electorales. Se reconoce por primera vez a los movimientos políticos internos que participan en elecciones internas, equiparándolos a partidos, alianzas o concertaciones en elecciones generales.
Esta inclusión responde a que los movimientos internos son los que figuran ante la administración tributaria con su propio Registro Único del Contribuyente (RUC), y no necesariamente la estructura mayor a la que pertenecen, lo que permite un control más claro y justo de su financiamiento.
Además, se elimina la obligatoriedad de presentar documentos en formato papel, estableciéndose que la entrega sea exclusivamente digital. Esta medida busca agilizar los trámites y contribuir a la preservación del medioambiente.
Por último, se actualiza la institución encargada del control del financiamiento político, reemplazando a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), tras una reestructuración administrativa del sector.
Los diputados solicitan datos sobre estudios procesados en un centro privado que tiene contrato con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS).FOTO: GENTILEZA
Piden informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados
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Específicamente el pedido abarca cantidad de pacientes atendidos y especialidades médicas de los estudios.
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS). El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Aprueban hasta 15 años de cárcel para cómplices de fugas de presos
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El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 del Código Penal Paraguayo para endurecer las sanciones por la liberación de personas privadas de libertad. Impulsada por el diputado Yamil Esgaib, la iniciativa completó su estudio en particular durante la sesión ordinaria de este martes y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
El texto aprobado sanciona con hasta cinco años de prisión o multa a quien libere a un interno, lo induzca a la fuga o le preste apoyo logístico para consumarla, extendiendo la punibilidad a la etapa de tentativa. Con este reajuste, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales de la normativa vigente e inhibir el auxilio externo que suelen recibir los reclusos de alta peligrosidad.
El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios con la obligación explícita de evitar la evasión. Para estos casos, en los que exista violación del deber de custodia, la pena privativa de libertad se eleva de 5 a 15 años de cárcel, eliminando la opción de multas sustitutivas.
La exposición de motivos señala que las evasiones registradas en el país responden mayoritariamente a esquemas de corrupción promovidos por organizaciones criminales. según el documento, los grupos delictivos aprovechan la baja expectativa de pena prevista en la legislación actual para cooptar mediante sobornos o amenazas al personal de seguridad y agentes del orden.
Asimismo, la propuesta introduce el concepto de “fuga masiva” como circunstancia agravante, definida como la liberación planificada o simultánea de más de un interno. Tras conseguir el respaldo del pleno en la Cámara Baja, el proyecto pasa a consideración del Senado, donde se evaluará la ratificación del nuevo marco punitivo contra la complicidad penitenciaria.
Diputados instan a garantizar fármacos para la salud mental
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública a “extremar sus recursos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas” frente a la escasez de fármacos destinados al tratamiento de la salud mental.
El proyectista, Arturo Urbieta, fundamentó la existencia de “escasez crítica” de medicamentos utilizados para el tratamiento de la salud mental. Expone que el mismo Ministerio de Salud reconoció a través de un comunicado oficial, esta problemática.
El legislador colorado citó específicamente los casos del haloperidol decanoato y el palmitato de paliperidona, fármacos indicados principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
A través de la propuesta, el diputado Urbieta subrayó la necesidad de garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos crónicos, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 7018 “De Salud Mental”.
En ese sentido, la declaración insta al Ministerio de Salud a extremar sus esfuerzos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas sustitutas disponibles, así como los protocolos clínicos de contingencia necesarios para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes afectados.
En sesión extraordinaria, los diputados aprobaron encomendar a los líderes de bancada presentar sus nóminas para integrar la Comisión Bicameral que estudiará el dictamen de la Contraloría sobre gestión financiera del MEF 2025. Foto: Gentileza
Conformarán Comisión Bicameral que estudiará informe de CGR sobre gestión del MEF 2025
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Durante la sesión extraordinaria de este martes, la Cámara de Diputados analizó un proyecto relacionado con la designación de cinco diputados nacionales para integrar la Comisión Bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Por sugerencia del diputado Miguel Del Puerto, el pleno resolvió que los líderes de las diferentes bancadas acerquen a la mesa directiva sus respectivas propuestas de nombres para conformar dicho organismo parlamentario.
Tras la presentación, la mesa directiva tendrá a su cargo la elaboración de la nómina de representantes de la Cámara Baja que integrarán la Comisión Bicameral.
El informe y dictamen fue remitido mediante la Nota CGR N° 4443/2026, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Nacional y el artículo 70 de la Ley Nº 1535/1999, modificado por la Ley Nº 2515/2004.
El documento tuvo entrada en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria y en la Comisión Bicameral - Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República.
La Comisión Bicameral tendrá un plazo máximo e improrrogable de 45 días para expedirse sobre el informe presentado por el presidente de la República. Para ello, podrá solicitar informes adicionales tanto a los organismos y entidades del Estado como a la Contraloría General de la República.