La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de celulares en las cárceles y el documento vuelve a la Cámara de Diputados, donde se pondrá a consideración la ratificación o aceptación del rechazo del Senado. El proyectista, el diputado José Rodríguez, indicó que sorprende el resultado de la Cámara Alta y que insistirá con su propuesta.
“Me dijeron que rechazaron. Eso va a volver a la Cámara de Diputados, y voy a pedirle a mi bancada y a otros colegas para poder ratificar la versión de la Cámara de Diputados. Se aprobó sin muchos problemas (en Diputados), era un trabajo que veníamos realizando con el exviceministro de Política Criminal, Víctor Benítez. Él me avisó ayer (por el jueves), y me dijo que hay que ver los argumentos de los senadores, el por qué rechazaron”, dijo Rodríguez en conversación con la 650 AM, este viernes.
“Fue un trabajo en conjunto, tuvimos pareceres favorables, entonces me extraña (el rechazo). Esta mañana voy a ir al Senado a leer los argumentos de los senadores. Voy a leer bien los argumentos y voy a luchar para que la versión de Diputados se vuelva a ratificar. Voy a hablar con los ministros de Justicia, del Interior y el presidente de la República, para ver que opinan y sacar la mejor versión”, apuntó.
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El objetivo del proyecto
Explicó que el objetivo de esta normativa es que los funcionarios u otras personas que introduzcan celulares, tengan una sanción. “Hoy en día, ni siquiera sumario administrativo se les hace a los funcionarios y guardiacárceles que introducen los celulares, y desde la cárcel llaman, extorsionan y muchas cosas más”, aclaró.
Agregó que en la ley se plantea esa sanción con pena privativa de libertad a los colaboradores de justicia que ingresen los aparatos celulares sin autorización. “Por supuesto que nosotros respetamos la libre comunicación y el derecho a la defensa, pero lo que nosotros planteamos era lo que no estaban autorizados, los que ingresan (celulares) sin permiso”, señaló.
Concluyó que los procesados y condenados cuentan con los derechos establecidos para su comunicación en casos especiales, pero esto tiene que ser autorizado. “Claro que los procesados y condenados pueden hablar con sus abogados, pero sin autorización era algo ilegal, porque, desde adentro, muchos les escriben a la gente, les piden plata, miles de delitos se cometen con los celulares que no están autorizados dentro de las penitenciarías”, puntualizó.