El Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), emitió la resolución N.º 60/2025, con la cual da inicio formal a las tareas organizativas de cara a las elecciones internas municipales previstas para el 7 de junio del 2026.

A través de este documento, se establecieron las diferentes fechas para cada etapa del proceso con miras a los comicios del 2026, esto luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) haya establecido el cronograma electoral, tanto para las internas como para las municipales.

En este sentido, a partir del lunes 11 de agosto se podrán realizar las inscripciones de los movimientos interesados en el control y elaboración del pre-padrón y padrón, lo cual se extenderá hasta el próximo lunes 25 agosto. Asimismo, la fecha límite para la presentación de los afiliados por parte de la Comisión de Afiliación será hasta el 20 de agosto.

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Cabe mencionar que el Partido Colorado extendió la campaña de afiliación masiva hasta el 18 de agosto. En tanto, el periodo de tachas y reclamos sobre el pre-padrón va desde el 21 de octubre hasta el 3 de noviembre. El 3 de noviembre fue establecido como la fecha límite de presentación al Tribunal Electoral Partidario de solicitudes de traslado.

La entrega del padrón definitivo certificado está prevista para el 30 de diciembre de este año, según estipula la resolución oficial. Estas elecciones internas permitirán a los afiliados colorados elegir a sus candidatos a intendencias y juntas municipales en todo el país, como parte del proceso previo a los comicios municipales generales de 2026.

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La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.

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El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.

Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.

Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.

“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.

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La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla anunció este lunes que dentro de ocho días será presentado el libelo acusatorio contra su correligionaria Noelia Cabrera Petters para impulsar el pedido de pérdida de su investidura por un presunto caso de nepotismo. Agregó que se encuentran recabando pruebas y que solicitarán su destitución conforme al reglamento interno de la Cámara Alta.

“No hay tanto apuro, queremos hacer algo consistente con todas las pruebas. El abogado que trabaja conmigo ya comenzó a darle forma al libelo, vamos a pedir a Recursos Humanos el legajo de los funcionarios que trabajan en su oficina, qué gente metió, también juntamos las informaciones periodísticas. Yo supongo que esto se presentará en ocho días", indicó Amarilla a los medios de comunicación en el Congreso.

Amarilla sostuvo que otra de las principales causales para impulsar la pérdida de investidura de su colega es el caso de su hermano, José Gaspar Cabrera Petters, quien se habría hecho pasar por una persona de escasos recursos para obtener la asistencia del programa Becal otorgada por el Estado y estudiar en Alemania, pese a ganar G. 17 millones y trabajar en Itaipú.

“Acá no es solo la beca. El hecho de que metas a un hermano tuyo es o no uso indebido de influencias, si él no hubiese sido su hermano no hubiese entrado a Itaipú, entró en la binacional porque es hermano de la senadora, todo acá es una causal. Tiene un hermano veterinario en Itaipú ganando casi G. 40 millones que en su vida soñó ganar ese tipo", comentó la legisladora.

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La parlamentaria también mencionó que para analizar la pérdida de investidura de su colega solicitarán que el proceso sea mediante el reglamento interno del Senado, el cual establece la necesidad de contar con 30 votos y no solo la mayoría simple, es decir 23 votos.

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, indicó que el movimiento político tomará decisión sobre el caso de Cabrera Petters una vez que culminen los sumarios administrativos contra los sobrinos de la legisladora, Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo y nepotismo.

“Seguimos con la misma postura, esperar el resultado del sumario administrativo que está en curso, pese a la renuncia de ambos. Estos exfuncionarios también se han presentado en la Fiscalía General, esto tendrá seguimiento de la justicia y del Parlamento. Es grave lo denunciado y vamos a tener una opinión concreta cuando culmine el sumario”, sostuvo a los medios de comunicación.

Chase indicó que de prosperar el tratamiento de la pérdida de investidura, se deberá aplicar la mayoría simple, tal como sucedió con el caso de la exsenadora encuentrista Kattya González. “Acá no se debe hacer lo que cada uno quiere, en febrero del 2024, el Senado tuvo una conclusión sobre ese análisis basado en el artículo constitucional y ese será la postura de nuestra bancada. No podemos cambiar de postura en cada análisis”, indicó.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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