El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, rechazó que la institución este siendo utilizada como un garrote político contra el exmandatario Mario Abdo Benítez. Mediante un examen de correspondencia realizado a las empresas del rubro asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., vinculadas al expresidente como accionista mayoritario, el órgano extrapoder halló puntos llamativos como reservas sin respaldo documentales y deudas dudosas.

“Se dice que a la Contraloría se le utiliza como garrote político para perseguir a las personas, pero esto ni siquiera fue una denuncia, es un reporte, un informe técnico que pusimos a conocimiento del Ministerio Público para que se pueda profundizar”, indicó Torres en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.

Entre las inconsistencias detectadas se destaca que, entre 2020 y 2022, el 90 % de las ganancias equivalentes a G. 292.000 millones fue destinado íntegramente a reservas operativas, sin que exista documentación que respalde su uso para los fines establecidos. Además, en 2023 surgió una inversión de G. 40.000 millones sin origen justificado.

“Antes de tener estos datos (documentaciones), no vamos a poder concluir el examen de correspondencia. Sería importante poder profundizar. Si está todo justificado, entonces excelente”, comentó Torres.

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Otro punto que llamó la atención de la Contraloría se centra en que el 66 % de los montos declarados como reserva corresponde a deudores por ventas, cuando varios de esos presuntos deudores niegan la existencia de obligaciones con ambas firmas donde el líder del movimiento Fuerza Republicana es el principal accionista.

El examen fue realizado por pedido de Abdo Benítez en el año 2024 y, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el informe sobre las incongruencias fue remitido al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas del exmandatario.

A esta circunstancia se suma la denuncia publicada por el portal argentino PeriodismoyPunto, el pasado 20 de julio, a través de una filtración de una fuente confidencial que señala dos registros bancarios en islas Seychelles, con 21 millones de dólares que tendrían como beneficiarios a Abdo Benítez y su esposa. La investigación del periodista Luis Gasulla indica que un monto de USD 12 millones se radicó en noviembre de 2022, cuando el político paraguayo todavía era presidente de la República.

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