La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este requiere a la Fiscalía avanzar en las denuncias penales presentadas por la organización no gubernamental contra el intendente Miguel Prieto, que cuenta con 49 casos por corrupción en su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, actualmente bajo intervención.
“En este proceso que estamos llevando adelante, a nosotros nos parece que la Fiscalía es muy lenta, ya que están comprobadas las irregularidades, los actos de corrupción que hizo Prieto en su administración. El intendente tiene solo dos imputaciones de las 49 denuncias en su contra”, indicó Magdalena Montiel, vocera de la agrupación civil, en una entrevista con radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños. “Las acusaciones son en base a documentos contundentes que fueron presentados. Prieto está perdiendo bastante fuerza, construyó su imagen política sobre las mentiras y, cuando estas fueron descubiertas, fue mermando la preferencia de la gente hacia él. Es un mesías y líder falso ya que en los primeros tiempos de su administración ya cometió hechos de corrupción“, refirió.
Antecedentes
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del movimiento Yo Creo está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500, en el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.