El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la sesión inaugural del Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna. Este espacio reúne a representantes de los distintos poderes del Estado, organismos especializados, actores del sistema de justicia y actores internacionales, con el objetivo de reflexionar sobre “los grandes desafíos, la construcción de sistemas de seguridad que sean más eficientes, más humanos, más acordes a los desafíos de la realidad actual, así como las necesidades de la sociedad”.

En su discurso, el presidente de la República resaltó que la experiencia internacional demuestra que la tecnología puede convertirse en una poderosa aliada para mejorar el sistema de Justicia si es aplicada de manera responsable, con criterios técnicos, y el pleno respeto de los derechos humanos. En este sentido, resaltó que en Paraguay se está aplicando por primera vez el sistema de tobilleras electrónicas en el sistema de Justicia.

“El monitoreo electrónico representa una de las innovaciones más relevantes en las últimas décadas, no todas las personas sometidas a procesos judiciales requieren necesariamente ser privadas de libertad dentro del establecimiento penitenciario, a la hora de proteger a nuestros ciudadanos, existen también situaciones en las que el monitoreo electrónico permite garantizar el cumplimiento de medidas judiciales, manteniendo niveles adecuados de control y supervisión”, explicó ante el plenario.

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Agregó que este nuevo sistema “contribuyó, por un lado, a la mejora de la administración de los recursos penitenciarios, a la vez, reduce presiones sobre el sistema carcelario y permite que las instituciones concentren sus esfuerzos en aquellos casos que realmente requieren de mayor restricción”.

Así también, mencionó que el sistema de monitoreo electrónico ayuda también a distribuir correctamente la atención y los recursos, es por tanto, el inicio de una gestión más moderna y más eficiente. “Podemos afirmar que las tobilleras electrónicas, más allá de meros dispositivos electrónicos, son herramientas que permiten supervisar el cumplimiento de medidas judiciales, fortalecer la protección de las víctimas, mejorar el control sobre las personas sometidas a procesos judiciales y optimizar la utilización de los recursos del Estado”, expuso el mandatario.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó que Paraguay cuenta actualmente con 1.000 dispositivos de monitoreo electrónico disponibles, de los cuales cerca de 130 ya se encuentran activos. Señaló que estas herramientas pueden contribuir a optimizar los recursos destinados al control de personas sometidas a medidas judiciales.

El encuentro contó con la presencia del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y con la participación especial del honorable juez William J. Nelson, magistrado del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana (Estados Unidos), reconocido referente en la implementación de programas de monitoreo electrónico dentro de los sistemas de justicia contemporáneos.

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El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este miércoles la ceremonia de imposición de presillas, entrega de bastón de mando y condecoración al comisario general César Silguero Lobos, comandante de la Policía Nacional. El mandatario destacó que el jefe policial asume la comandancia de la fuerza de seguridad interna en un momento clave, con exigencia de la ciudadanía y objetivos claros del Gobierno.

“Al imponer las presillas y entregar el bastón de mando al nuevo comisario general comandante, el Gobierno de la República y la ciudadanía le entregamos la custodia de la paz pública, la protección de los derechos de cada habitante de nuestro suelo y la sagrada misión de honrar el uniforme institucional. Este bastón conlleva un peso que debe tomarse con responsabilidad y a la vez con mucha valentía”, indicó el jefe de Estado durante el acto.

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El presidente Peña recalcó al comandante de las fuerzas policiales que la ciudadanía exige respuestas en la seguridad y una institución transparente. “Asume usted el liderazgo de la Policía Nacional en un momento clave de la historia de nuestro país, la ciudadanía legítimamente nos exige resultados, nos exige calles seguras, nos exige instituciones trasparentes y una policía que sea el escudo del ciudadano honesto y azote implacable del criminal”, apuntó.

Peña expuso que el comandante de la Policía Nacional debe trabajar sobre tres pilares fundamentales, el primero: “La firme y absoluta determinación de luchar contra el crimen, en cualquiera de sus formas, desde el delito urbano que afecta el día a día de nuestras familias hasta el crimen organizado transnacional que pretende desafiar al Estado mismo”, agregando que “el Paraguay no habrá tregua ni zona de exclusión para quienes pretendan vivir al margen de la ley, el estado de derecho prevalecerá en todas sus formas sin ninguna excepción”.

En segundo punto citó: la “transparencia y depuración institucional, la confianza de la gente se gana día a día con integridad, el Paraguay gigante se construye desde la ejemplaridad de quienes juraron salvaguardar los derechos de sus compatriotas, ser policía, es una vocación de honor y quien no lo entienda así no tiene lugar en esta institución, debemos ser inflexibles con aquellos pocos que olvidaron su juramento y manchan el uniforme”.

Ya como tercer punto, el mandatario habló de la modernización y el bienestar policial. “Así como exigimos, también nos comprometemos, como presidente de esta nación seguiré impulsando la mejora del sistema de trabajo, el equipamiento tecnológico, el entrenamiento táctico y la dignificación del policía y de su familia”, remarcó.

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El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, en la primera sesión ordinaria como presidente electo, resolvió reivindicar el cupo de Contraloría General de la República para un afiliado liberal.

Además, resolvió conformar un equipo de senadores y diputados para conversar sobre este tema y buscar el consenso con las demás bancadas parlamentarias.

Al respecto, el senador liberal Líder Amarilla recordó que la base de la democrácia está basado en este principio de igualdad y controles mútuos; y puso como ejemplo la Justicia Electoral, donde cada miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, representa a sector político, uno de la Asociación Nacional Republicana, uno del Partido Liberal y uno representa al tercer espacio.

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Indicó que ese el principio de la democracia un control mutuo durante el proceso de las elecciones. Señaló que lo mismo sucede en la Contraloría General de la República; porque es el que controla mientra otro sector es el que gobierna, sin ninguna duda es esa la función.

“Hoy en el inicio de esta nueva conducción del Partido Liberal tenemos la obligación de transmitir un mensaje claro, al pueblo liberal y al pueblo paraguayo; vamos a reclamar la Contraloría General de la Repúbilca, para que podamos ejercer ese control que nos corresponde a nosotros como partido de oposición. Nos corresponde a nosotros controlar en qué se está gastando la plata pública”, enfatizó.

Así también se aprobó la conformación de un equipo de Senadores y Diputados liberales de diferentes movimiento de tal modo sea igualemnte pluralista, que contará con el total respaldo del Directorio del PLRA que tendrá la misión de reclamar la designación de un afiliado liberal para ocupar el cargo de Contralor General de la República.

Los primeros legisladores que fueron desingnados a conformar este equipo parlamentario fueron el diputado Antonio Buzarquis, los senadores Dionisio Amarilla, Ever Villalba y Lider Amarilla; posterioremnte irán completando la lista.

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La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), informó sobre la instrucción de un sumario disciplinario a la empresa Retail S.A., propiedad del Grupo Vierci. El procedimiento se lleva adelante con relación a la compra del Supermercado Nuevo Súper, de la ciudad de Caacupé, que fue concretada años atrás. Se presume que la firma incurrió en prácticas anticompetitivas, relacionadas a precios de productos, entre otras cosas.

De acuerdo a lo informado por el ente contralor de la competencia, su Directorio emitió la “Resolución D/AL N° 67/2026, por la cual se dispone el inicio de un sumario disciplinario en contra de la firma Retail S.A., ante el supuesto incumplimiento de los condicionamientos impuestos en el marco de la operación de concentración ‘Grupo Vierci y Supermercado Nuevo Súper (Caacupé)’”. La firma mencionada opera a nivel local bajo las marcas comerciales Stock, Superseis y Delimarket.

Seguidamente se indica que “la Dirección de Investigación formuló la acusación contra Retail S.A. por la presunta infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 ‘Defensa de la Competencia’, en concordancia con el artículo 62 de la misma ley y el artículo 34 de su Decreto Reglamentario”. La publicación de la Conacom aclara que el sumario “no supone un prejuzgamiento sobre la conducta mencionada, manteniéndose la presunción de inocencia de la parte acusada”.

El plazo para elevar el informe técnico al Directorio de la Conacom es de 90 días, solicitando la desestimación de la denuncia o la formulación de la acusación respectiva.

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Entre los aspectos más sustanciosos se sospecha que la firma incurrió en prácticas anticompetitivas. Con base en información remitida por los proveedores de la cadena “se han identificado patrones consistentes de conducta por parte de Retail, materializados en la exigencia de información de precios de competidores como condición previa para la aprobación de ajustes de precios”. Justamente, entre otros condicionamientos se hallaba la prohibición de establecer cláusulas de “mejor precio” a los componentes de su suministro de productos.

La operación de compra del comercio conocido como Nuevo Súper data del año 2021; en aquel momento comprendía la adquisición de tres locales, cuestión que fue analizada por la Conacom, por lo que se aprobó la transacción, pero bajo ciertas condiciones, las cuales aparentemente no fueron cumplidas, por lo que se dio inicio al procedimiento.

Entre las condiciones estructurales de aquel momento se cita que la empresa no debía habilitar otros establecimientos dentro del distrito de Caacupé, en el periodo de cinco años; además tampoco podía ampliar más del 20 % la superficie de los salones comerciales de los tres locales adquiridos, entre otras cosas. También se impuso la obligación de informar aspectos estructurales de los locales adquiridos, hasta 2027.

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