La Cámara de Senadores autorizó en la última sesión ordinaria, el ingreso temporal de 54 efectivos militares de Estados Unidos, en el marco del programa “Amistad 25″, que incluye la atención médica a población vulnerable y entrenamiento para el personal de las Fuerzas Armadas Paraguayas.

“Van a participar médicos americanos y de las Fuerzas Armadas de Paraguay, vienen profesionales de primera línea, con equipamiento de la misma característica, es demasiado importante el servicio que ellos van a dar a favor de las comunidades”, expresó el ministro de Defensa, Oscar González.

Según el secretario de Estado, el operativo de atención médica está previsto en varios puntos del país y esto forma parte de un programa impulsado por parte de los Estados Unidos en el marco de las relaciones bilaterales. “Ellos cumplen y nosotros con mucho beneplácito aceptamos y los apoyamos”, añadió.

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Las jornadas de atención médica irán desde el 2 al 16 de agosto en los siguientes lugares:

• el Hospital del Trauma
• Hospital de Luque
• la Unidad de Salud del Hospital del Trauma
• el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Para el efecto, se utilizarán las propias instalaciones de hospitales mencionados y si es necesario se montarán carpas, precisó el ministro a la 920 AM.

Además de la atención médica, el ejercicio permitirá a las Fuerzas Armadas paraguayas mejorar su capacidad de respuesta ante crisis. El entrenamiento incluirá simulaciones de atención en emergencias y actualización de protocolos médicos.

Paraguay ya ha autorizado anteriormente la presencia de militares estadounidenses, como los 10 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales que capacitaron a 40 militares paraguayos entre 2024 y marzo de 2025. En este caso, “Amistad 25” tiene un enfoque sanitario. “Hasta los pacientes ya están a la expectativa, esto ni siquiera necesita de mucha difusión porque ya saben se realizará”, expuso.

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En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el pro­yecto de ley, remitido por el presidente de la República, el cual fija los feriados naciona­les y móviles, y otorga la posi­bilidad al Poder Ejecutivo de poder decretar hasta tres feria­dos extraordinarios cuando así lo considere necesario.

“La movilidad de los feria­dos es muy importante sobre todo para el turismo interno que se genera, según dice la Secretaría Nacional de Cul­tura y la Secretaría Nacional de Turismo”, expresó el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación.

De esta forma, se establecie­ron como feriados móviles que podrán ser trasladados por el Poder Ejecutivo:

- 1 de marzo, Día de los Héroes de la Patria.

- 12 de junio, Día de la Paz del Chaco.

- 20 de junio, Día de la Jurada de la Constitución Nacional (nuevo feriado incluido).

- 29 de setiembre, Día de la Batalla de Boquerón.

En la sesión también se abordó la propuesta legislativa pre­sentada por el senador José Oviedo, quien propuso la declaración de dos nuevos feriados, el 12 de octubre, como día de la Proclamación de la República del Paraguay y el 22 de setiembre fecha de la victo­ria de la Curupayty, contienda en la que Paraguay venció a los Argentina, Brasil y Uruguay en el marco de la Guerra contra la Triple Alianza.

El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.

“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.

Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.

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“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.

El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.

“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.

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Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.